Desde 2020 hasta 2026, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) ha recibido un total de 170 denuncias relacionadas con la violencia política contra las mujeres por razones de género. De esas, solo 31 han concluido con sentencias por diferentes motivos. Esta situación ha generado preocupación en el ámbito electoral del estado, dada la magnitud del problema.
En el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE), se encuentran 14 nombres vinculados a Guanajuato. La entidad se ubica en la sexta posición a nivel nacional, por debajo de estados como Oaxaca, Veracruz y Chiapas, en cuanto a registros de sanciones.
A nivel nacional, se registran 504 personas sancionadas, de las cuales 84 son mujeres y 416 son hombres. En Guanajuato, la mayoría de los sancionados, nueve en total, formaron parte del Ayuntamiento de Cortazar, incluido el expresidente municipal Ariel Corona Rodríguez.
De las sentencias emitidas por el TEEG, 23 identificaron la presencia de violencia política en razón de género, mientras que otras tres reconocieron violencia política en general y cinco obstrucción al ejercicio del cargo público. Yari Zapata López, magistrada presidenta del TEEG, señaló que el bajo número de casos que llegan a una sentencia final se debe a factores como el desconocimiento acerca de lo que constituye violencia política y la dificultad para rastrear a los responsables en el ámbito digital.
Además, hay complicaciones para documentar las conductas denunciadas, lo que limita las posibilidades de juicio. La magistrada explicó que la violencia política de género busca menoscabar o restringir los derechos político-electorales de las mujeres, contribuyendo al entorno de discriminación.
Las sanciones impuestas a quienes son encontrados culpables incluyen medidas de reparación, como su registro como personas sancionadas, capacitación sobre violencia política y la emisión de disculpas públicas. Sin embargo, estos individuos pueden seguir participando en procesos electorales, ya que, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto no afecta su modo honesto de vivir.
El número de denuncias tiende a aumentar durante los años electorales. En 2021 se reportaron 34 casos y para 2024 se anticipa un incremento a 60. Al ser cuestionada sobre si estas denuncias limitan el debate público, Zapata López indicó que, aunque algunos debates pueden volverse agresivos, ello no debe ser interpretado como una violación al derecho de discusión, siempre que se enfoque en políticas públicas y no en la vida personal de las candidatas.
Por otro lado, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Guanajuato ha retirado la propuesta de incorporar la figura de «violencia política en general» en la reforma electoral, decisión que recibió el respaldo de diversas fuerzas políticas, al considerar que podría invisibilizar la violencia política de género. Esta acción busca mantener la protección de los derechos político-electorales de las mujeres en la entidad.