La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en el Estado de México, por su presunta responsabilidad en la destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa en 2014. Este arresto se considera un avance significativo en el ámbito judicial, dado el impacto histórico del caso.
Aguirre Rivero, quien gobernó Guerrero de 2011 a 2014, enfrenta cargos por desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia. La detención se deriva de un análisis exhaustivo de la investigación relacionada con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la FGR, dos testigos colaboradores han declarado que Aguirre dio instrucciones a altos mandos de su gobierno para eliminar cualquier prueba vinculada a los eventos. Las versiones iniciales alegaron fallos técnicos en las cámaras que registraron las detenciones, pero se ha comprobado que estas afirmaciones fueron incorrectas.
Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, afirmó que hay evidencia que sugiere que el exgobernador actuó deliberadamente para ocultar las grabaciones. Los testimonios indican que hubo una operación estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal para eliminar las evidencias.
La FGR ha destacado su compromiso de proseguir las investigaciones con seriedad, con el objetivo de esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos y llevar ante la justicia a todas las personas involucradas. Este caso sigue siendo objeto de atención nacional, en medio de una revisión crítica de la actuación de varios funcionarios públicos que estuvieron vinculados al hecho.