La reciente ola de violencia contra periodistas en México representa un desafío crítico para la libertad de expresión en el país. Este fenómeno ha suscitado la preocupación de organizaciones defensoras de los derechos humanos, instituciones internacionales y del propio gremio periodístico, que exigen una investigación exhaustiva y el esclarecimiento de los casos. Este año, se han documentado varios homicidios de comunicadores en diversas partes del territorio, especialmente en estados como Veracruz y Guerrero.
Organizaciones como ARTICLE 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informan que algunos de estos asesinatos están siendo investigados por su posible vínculo con la labor periodística de las víctimas. Las autoridades competentes deberán aclarar los móviles detrás de estos crímenes a través de indagaciones imparciales y rigurosas.
Entre los periodistas asesinados en 2026 se encuentra Carlos Leonardo Ramírez Castro, quien fue encontrado sin vida el 8 de enero en Poza Rica, Veracruz. Este hecho marcó un inicio sombrío para el año en la prensa mexicana y reavivó las demandas por un sistema de protección efectivo para los comunicadores. Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue localizada sin vida en Veracruz en junio, lo cual motivó condenas de organismos nacionales e internacionales que solicitaron una investigación rápida y efectiva.
El 11 de junio, Luis Ángel López, reportero del periódico Vanguardia, fue asesinado en Poza Rica, lo que apunta a la inseguridad que caracteriza a la región. Manuel Alejandro Mora Serna, conocido como Alex Serna, fue encontrado muerto en Guerrero en julio y se indaga si su asesinato se relaciona con su trabajo en temas ambientales. Josué Martínez Contreras, fundador de un medio digital en Puebla, fue asesinado a mediados de julio; el caso exige una investigación independiente sobre posibles amenazas previas. Asimismo, el columnista político Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado el 22 de julio, lo que acentúa la preocupación sobre la seguridad de los periodistas en el país.
Las cifras de asesinatos pueden variar según las metodologías de cada organización, que pueden considerar distintos criterios para determinar la relación entre el crimen y la actividad informativa de las víctimas. Sin embargo, todos coinciden en que cada caso representa una pérdida significativa para la sociedad, dado el papel fundamental del periodismo en la información sobre asuntos de interés público y la rendición de cuentas.
Organizaciones como ARTICLE 19, el CPJ y UNESCO enfatizan que la protección de los periodistas es responsabilidad del Estado y que combatir la impunidad es esencial para salvaguardar la libertad de expresión. Insisten en que cada homicidio debe ser investigado con perspectiva de libertad de prensa, exhaustivamente y explorando todas las posibilidades relacionadas con la actividad profesional de las víctimas.