Los megaproyectos y programas emblemáticos promovidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador están generando un impacto financiero considerable en las arcas públicas del país. Estos proyectos, como el Tren Maya, la Refinería Olmeca en Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, requieren recursos significativos, subsidios y presentan pérdidas durante su operación.
El Tren Maya ha demandado una inversión de aproximadamente 541 mil millones de pesos, aunque los ingresos por la venta de boletos y servicios no han cubierto los costos, resultando en un déficit de cuatro mil 810 millones de pesos en 2025, financiado por recursos del Estado. La Refinería Olmeca ha incrementado su presupuesto original de ocho mil millones de dólares a más de 16 mil millones, produciendo solo 141 mil barriles por día, lo que representa un 41% de su capacidad. Esta instalación ha enfrentado también incidentes críticos, incluyendo un incendio que dejó cinco fallecidos.
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con una construcción que costó más de 91 mil millones de pesos, ha registrado un incremento en su número de pasajeros, pero continúa operando con subsidios. Para mejorar su conectividad, el gobierno ha trasladado operaciones de carga desde el Aeropuerto de la Ciudad de México y construido el Tren Felipe Ángeles, aunque persisten problemas en la interconexión de pasajeros.
Expertos como Leonardo Núñez, director de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuestionan la gestión de estos proyectos y destacan que algunos, como el AIFA, seguirán demandando recursos federales en el futuro. A su vez, el académico Antonio Ruiz Porras sugiere que la reestructuración de estos proyectos es necesaria para mitigar el impacto financiero.
Otros megaproyectos como el Tren Interoceánico y la Megafarmacia del Bienestar también enfrentan desafíos significativos. La refinería Deer Park, en Texas, opera con alta productividad, pero ha presentado pérdidas operativas durante dos años consecutivos, lo que plantea interrogantes sobre su rentabilidad.
Mientras tanto, la deuda pública del país ha crecido. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al finalizar el mandato de López Obrador, la deuda total superaba los 17 billones de pesos. Esa tendencia de endeudamiento se ha mantenido, con un saldo que alcanzó más de 19 billones de pesos en el segundo trimestre de 2026.
Con el objetivo de manejar esta situación, se intensifica la necesidad de potenciar la participación privada en proyectos estratégicos y contener el elevado nivel de endeudamiento. Sin embargo, la capacidad del gobierno para financiar nuevas iniciativas se ve afectada por las obligaciones existentes, lo que requiere una atención inmediata en la gestión de los recursos públicos.