La controversia por la regulación de la libertad de expresión en México se intensificó tras el rechazo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a abrir las conferencias mañaneras del Palacio Nacional al Partido Acción Nacional (PAN). Este partido, en oposición al gobierno, busca legislaciones que normarían estas conferencias y establecerían sanciones a funcionarios que acosen a comunicadores.
Sheinbaum Pardo respondió a las demandas del PAN en su conferencia del 13 de agosto, sugiriendo que los miembros del partido tienen el derecho de convocar a los medios a través de sus propios espacios. Afirmó que los panistas cuentan con acceso a plataformas informativas y redes sociales, lo que les permite comunicarse directamente con la ciudadanía.
La presidenta destacó que las conferencias se llevan a cabo para informar y propiciar un debate público, enfatizando la importancia en la difusión de acciones gubernamentales. Abordó la preocupación por la desinformación y mencionó que todos los ciudadanos tienen la posibilidad de contribuir al diálogo.
Por su parte, la dirigencia del PAN y varios legisladores anunciaron un paquete de reformas destinado a combatir el acoso a medios y periodistas, así como una propuesta para modificar el artículo 38 de la Constitución. Esta reforma buscaría establecer sanciones para funcionarios que usen recursos públicos en contra de comunicadores y civiles que cuestionen al gobierno. Además, plantean ajustar la Ley de Derecho de Réplica para imponer un plazo de respuesta de tres días ante solicitudes de réplica.
La situación refleja un escenario complejo en la relación entre el poder ejecutivo y las libertades de información y expresión en el contexto político actual.