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EE. UU. coordina ataques en tierra contra narcos con aliados latinoamericanos

EE. UU. coordina ataques en tierra contra narcos con aliados latinoamericanos

Estados Unidos ha anunciado su intención de llevar a cabo operaciones terrestres contra narcotraficantes en Latinoamérica, un enfoque que se suma a los ataques aéreos ya implementados en aguas internacionales. El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, formuló estas declaraciones durante una visita a Panamá, donde se llevan a cabo ejercicios militares anuales con la participación de 19 naciones. La propuesta de operaciones en tierra busca intensificar la campaña antidrogas liderada por el gobierno del presidente Donald Trump y ha sido diseñada para operar en cualquier lugar donde actúen las organizaciones criminales.

Desde septiembre del año anterior, Estados Unidos ha realizado campañas de bombardeo en el Caribe y el océano Pacífico oriental, dando como resultado más de 215 muertes relacionadas con narcotráfico. Hegseth enfatizó que el enfoque de la administración estadounidense es análogo a la retórica empleada en la lucha contra grupos terroristas como ISIS y Al Qaeda, subrayando que las entidades narcotraficantes que amenazan la seguridad de Estados Unidos y sus aliados serán considerados objetivos legítimos.

El secretario defensivo se refirió concretamente a la Coalición Anticárteles de las Américas, que incluye países como Argentina, Colombia, y Ecuador, entre otros. Esta iniciativa agrupa a naciones con gobiernos de ideología conservadora en un esfuerzo por combatir el tráfico de drogas, que el Pentágono considera una amenaza directa. En este contexto, Hegseth advirtió que la estrategia de ataques no contempla procedimientos judiciales, afirmando que el gobierno estadounidense utilizará todos los recursos a su disposición para desmantelar estas organizaciones.

Es relevante mencionar que México, a pesar de ser un país clave en el mapa del narcotráfico, no forma parte de esta coalición. Las recientes declaraciones del Secretario de Defensa han generado preocupaciones en torno a posibles violaciones de derechos humanos, dada la naturaleza letal de las operaciones. Las implicaciones de estas acciones se extenderán más allá de Latinoamérica, afectando las relaciones bilaterales y la percepción global de la política de seguridad de Estados Unidos.