La inminente aprobación de la Ley de Audiencias, impulsada por el Ejecutivo federal, ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los sectores opositores. Legisladores de las bancadas del PAN, PRI y MC han manifestado su desacuerdo, enfatizando que esta normativa podría considerarse una forma de censura, sometiendo a los medios de comunicación a un control similar al del Poder Judicial.
A pesar de las voces discordantes, los opositores reconocen que los grupos parlamentarios del oficialismo, compuestos por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, están en vías de formalizar un acuerdo que exigiría a los medios de comunicación hacer públicos sus códigos de ética y designar a un defensor de las audiencias. Este proceso está siendo desarrollado en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), aunque con notorias excepciones de opositores significativos como TV Azteca, Reforma y El Universal.
Dichos medios han sido objeto de críticas por parte del gobierno, que ha señalado que no reciben publicidad oficial. Los líderes de estas empresas, como Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Junco de la Vega y Juan Francisco Ealy Ortiz, mantienen posturas hostiles hacia la administración actual por diversos motivos.
Los análisis sobre esta estrategia del Poder Ejecutivo indican que, tras la reciente Reforma Judicial, se ha debilitado la capacidad de culpar a ciertos actores como parte de una narrativa de oposición. Legisladores opositores argumentan que, dado que los medios de comunicación constituyen un contrapeso crucial al oficialismo, su control podría amenazar la estructura democrática.
Luisa María Alcalde, actual Consejera Jurídica, lidera esta iniciativa, lo que despierta interrogantes sobre su futura relevancia entre la prensa y su ambición política hacia la Jefatura de Gobierno en 2030. Su reciente historial con la creación de un podcast llamado «La Moreniza» podría influir en su percepción ante los medios, un elemento crucial si aspira a un rol prominente en el futuro político de la capital.
Frente a estas dinámicas, la crítica de la periodista Carmen Aristegui destaca la tensión existente, cuestionando la posible existencia de listas de adversarios por parte del gobierno y sugiriendo que este conflicto mediático podría complicar la relación entre la administración y la prensa.