El gobierno de Estados Unidos ha retirado la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un contexto de tensiones diplomáticas entre Washington y el gobierno de México. Esta decisión se suma a las sanciones recientes del Departamento de Estado y a las acusaciones judiciales en Nueva York contra funcionarios del partido Morena por presuntos vínculos con el narcotráfico.
López Beltrán informó sobre la cancelación de su visa a través de una carta dirigida a Donald Trump, publicada en su cuenta de Instagram, afirmando que esta acción fue ordenada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el subsecretario, Christopher Landau. En su comunicación, el funcionario menciona que no existen fundamentos para justiciar la decisión y califica la medida como de carácter político.
La controversia se intensifica tras un proceso abierto en Nueva York que involucra a diez funcionarios mexicanos, incluido Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, acusado de tráfico de drogas. Un vocero de la embajada de Estados Unidos en México, quien habló bajo condición de anonimato, indicó que los expedientes de visado son confidenciales y no se puede comentar sobre casos individuales.
López Beltrán manifiesta que la limitación de su ingreso a Estados Unidos no le afecta, y cuestiona la autoridad de Trump sobre la decisión de Rubio y Landau. En este contexto, su papel dentro del partido ha fluctuado, habiendo sido secretario de organización de Morena antes de postularse como candidato a diputado federal por Tabasco.
Este hecho no es aislado. Otros funcionarios, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, han reportado la cancelación de sus visas, sin saber las razones. Asimismo, el alcalde de Nogales y un congresista del partido Verde Ecologista de México han enfrentado situaciones similares. La situación se complica con el proceso judicial que involucra a Rocha Moya y otros funcionarios, quienes enfrentan acusaciones por su supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa. A pesar de las solicitudes de detención por parte de autoridades estadounidenses, la Fiscalía General de México ha pedido más pruebas para proceder.