Rafael Mondragón Limón tomará este lunes posesión como nuevo director de la Dirección General de Transporte del Estado, en sustitución de Moisés Rangel Villagómez. Este cambio administrativo, ocurrido en la zona estatal, podría impactar directamente a los usuarios del servicio de transporte en León, que sienten la presión por la regulación del servicio de taxis y plataformas.
Moisés Rangel, quien llegó a la dependencia a inicios del nuevo gobierno, enfrentó dificultades para establecer relaciones con los líderes del sector, lo que llevó a su destitución. Bajo su gestión quedó pendiente la revisión de cerca de 7,000 concesiones de taxis, un tema que ha generado preocupación entre los operadores de taxis tradicionales y de plataformas, quienes se enfrentan a diferentes presiones normativas.
La gestión de Mondragón es crítica, ya que deberá lidiar con la regulación de los taxis tradicionales y los operativos que afectan a las plataformas de transporte. Este cargo tiene antecedentes difíciles, como el caso del ex director Jorge Fernando N., sentenciado por corrupción.
Mondragón cuenta con experiencia previa como director operativo de Tránsito del Estado y ahora enfrenta la necesidad de reformar los reglamentos del transporte para mejorar la situación del servicio. También deberá abordar el fracaso de la aplicación SIGO, lanzada en 2023, que prometía facilitar el transporte privado.
En otro ámbito, surge una polémica en torno a Yulma Rocha Aguilar, nueva coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, quien enfrenta acusaciones de favorecer a Rafael Prieto Zavala, un colaborador al que se le señala de ser un “aviador”. Aunque Rocha defiende su profesionalismo, el contralor interno del Congreso ha anunciado una investigación para verificar la situación laboral de Prieto Zavala.
Este nuevo director de transporte se enfrenta a múltiples retos, desde la necesidad de regular un sector complicado hasta la presión de los organismos gubernamentales que buscan establecer una normativa clara y efectiva. La atención de los leoneses está centrada en cómo estas decisiones afectarán la movilidad y la calidad del servicio en la ciudad.
