El exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Derek Maltz, ha instado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, a tomar medidas para detener y deportar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Según Maltz, Rocha Moya debe enfrentar la justicia en Estados Unidos por su presunta implicación con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Sinaloa, en un contexto que pone de manifiesto las tensiones entre la política mexicana y la política de seguridad estadounidense.
Rocha Moya, quien enfrentó licencias y acusaciones federales en México, ha sido apoyado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Esta última ha enfatizado que los intereses personales no deben superar los de la nación, en un contexto donde las acusaciones de corrupción han resonado tanto en el ámbito local como internacional. Sheinbaum evitó comentar directamente sobre Rocha Moya, aunque subrayó que el ejercicio del poder debe ser responsable y centrado en el bienestar del pueblo.
La situación ha suscitado preocupación dentro de la comunidad internacional, pues refleja las complejidades y desafíos en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en cuestiones de seguridad y justicia. Las declaraciones de ambos líderes políticos plantean interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental. El caso, que ha atraído la atención de las autoridades estadounidenses, podría influir en la dinámica política y social en México, así como en la percepción de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.