En Guanajuato, representantes de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría de los Derechos Humanos se manifestaron en contra de la implementación de la prisión preventiva oficiosa para el delito de extorsión. Durante una mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, se discutieron dos iniciativas, una del partido Morena y otra del PAN, que proponían esta modificación en la legislación estatal.
La reforma no puede ser aprobada, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa son de materia procesal penal federal, lo que excluye a los legisladores locales de regular en esta área. Elizabeth Durán Isais, coordinadora jurídica de la Fiscalía, señaló que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece el catálogo de delitos que ameritan esta medida.
Además, un representante de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado hizo hincapié en que la prisión preventiva oficiosa ha sido declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha recomendado su eliminación en el ámbito mexicano. Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, citó un fallo donde se consideró que esta medida podría constituir una sentencia anticipada.
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla, del PAN, afirmó que aunque la propuesta podría parecer una simple reforma, busca ofrecer certeza y protección a las víctimas de extorsión, un delito que afecta a familias, comerciantes y empresas. Destacó que esta problemática no debe ser abordada únicamente desde el aspecto jurídico, sino considerando las implicaciones sociales.
Por su parte, la diputada Rocío Cervantes Barba, del PRI, subrayó que la extorsión afecta las inversiones en la comunidad y resaltó que combatir este delito representa una demanda social.
En el ámbito de la justicia, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato reportó que, durante el presente año, se han vinculado a proceso a 51 personas por extorsión, logrando 36 sentencias condenatorias gracias a la labor de la Unidad Especializada en Combate a la Extorsión. Esta información fue compartida por el fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, quien señaló que se han atendido casos que afectan a diversos sectores económicos en múltiples municipios del estado.