En lo que va de 2026, se han documentado al menos 34 incidentes de violencia contra actores políticos en cinco estados del país, según reportes de diversas agencias. Estos hechos han dejado un total de 29 fallecidos, incluidas víctimas que habían manifestado su intención de participar en las elecciones de 2027 o eran consideradas contendientes por sus comunidades.
Los estados más afectados son Guerrero, con 17 incidentes y 16 muertos; Oaxaca, que reporta 10 hechos violentos y siete víctimas fatales; y Morelos, con tres ataques que resultaron en cuatro muertes. Esta situación ha sido analizada por el especialista en seguridad, David Saucedo, quien indica que el aumento de la violencia política está relacionado con la intervención de grupos criminales en los procesos electorales.
El análisis destaca que los cárteles buscan expandir su influencia, lo que incluye el asesinato como un medio para obtener el control político a nivel municipal y estatal. En Guerrero, por ejemplo, se han registrado cinco ataques en junio de este año. En Oaxaca, las cifras de este año ya superan el total de incidentes de 2025, que fue de ocho.
Las víctimas de estos actos han incluido a presidentes municipales, exregidores y legisladores. Esta tendencia plantea un desafío para las autoridades de seguridad y el poder ejecutivo, que se encuentran ante la exigencia de garantizar la seguridad de los funcionarios y la integridad de los procesos electorales.
Además, se ha solicitado al Congreso del Estado que convoque a un suplente tras el ataque armado que afectó a dos diputados locales de Movimiento Ciudadano, resaltando la necesidad de mantener la representación legislativa completa en un contexto político inestable.