Guanajuato reporta cinco municipios en el top 20 de extorsiones a nivel nacional, según un análisis del Monitor de Seguridad de Coparmex basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Este informe, actualizado a junio de 2026, destaca que Salamanca ocupa el segundo lugar en el país con 38.2 víctimas por cada 100 mil habitantes, seguida por San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Irapuato y Celaya en posiciones menores.
A nivel estatal, Guanajuato se sitúa en séptimo lugar nacional en tasas de extorsión, solo superado por Morelos, Querétaro, Zacatecas, Ciudad de México, Baja California Sur y Colima. Durante el primer semestre de 2026, se registraron 770 víctimas, reflejando una disminución del 2.2 % en comparación con el periodo anterior, aunque la tasa de 11.7 víctimas por cada 100 mil habitantes persiste.
Las carpetas de investigación relacionadas con este delito mostraron una ligera baja, con 661 registros en el primer semestre de 2026, en comparación con 684 en el mismo periodo del año anterior. Irapuato lidera en este indicador con 159 carpetas, seguido por Salamanca, Celaya, San Miguel de Allende y San Luis de la Paz.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que el 97 % de las extorsiones no se reportan, subrayando la gravedad de la situación. La extorsión es considerada un delito serio, tal como señala Coparmex, que subraya la necesidad de acciones más efectivas para enfrentar este problema.
En Salamanca, el director de Seguridad Pública, Juan Pablo Ramírez Talavera, argumentó que la alta tasa de extorsiones refleja un aumento en la confianza de la ciudadanía para denunciar, y no representa necesariamente una crisis alarmante. La Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado reconoció que la extorsión es uno de los principales retos, y que han implementado acciones coordinadas con diversas instancias para mitigar su impacto.
Desde 2024, el Escuadrón Antiextorsión ha recibido más de 2 mil 500 llamadas y realizado investigaciones que han prevenido pérdidas patrimoniales significativas. Además, se han llevado a cabo actividades de capacitación y concienciación en las comunidades más afectadas.
Ante esta problemática, se recalca la importancia de la participación ciudadana para reportar cualquier intento de extorsión, siendo el número de denuncia 089 una herramienta fundamental. Finalmente, se hace un llamado para que el congreso estatal adecue su normativa en concordancia con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.