La defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, intensifica su lucha por la prisión domiciliaria. Este reclamo ha ganado respaldo significativo de líderes nacionales, incluyendo el expresidente Vicente Fox, quienes critican las condiciones actuales del exfuncionario tras su detención, acusaciones de contrabando de hidrocarburos y pertenencia a una red delictiva que han suscitado debate tanto dentro como fuera del ámbito político.
La solicitud fue anunciada por el equipo legal de Ruffo en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde su hija, Verónica Ruffo, destacó que esta defensa trasciende la esfera partidista. «Estamos uniendo voces en defensa de principios que deberían ser universales para todos los mexicanos», enfatizó, subrayando la importancia de la presunción de inocencia y el debido proceso en cualquier caso judicial.
Contexto de la detención: El exgobernador se encuentra en prisión preventiva en el penal del Altiplano, tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delitos graves relacionados con el contrabando y la delincuencia organizada. Ruffo, quien ha negado cualquier implicación en actividades ilegales, se enfrenta a serias acusaciones que incluyen su presunta participación como accionista mayoritario de una empresa vinculada a estas operaciones delictivas.
Acciones legales en curso: La defensa ha iniciado dos juicios de amparo: uno contra las medidas cautelares, incluida la prisión preventiva, y otro contra el auto de vinculación a proceso. Arturo Germán, abogado del exgobernador, ha indicado que el análisis del expediente no evidencia pruebas suficientes que demuestren su culpabilidad en los cargos presentados.
En paralelo, el apoyo político hacia Ruffo ha cobrado fuerza. Vicente Fox ha expresado su respaldo al mencionar que «mete la mano al fuego» por el exgobernador y ha cuestionado la decisión de mantenerlo en prisión en lugar de permitir que enfrente su proceso desde su hogar. Esta defensa política se acompaña de críticas hacia el gobierno actual, donde figuras del PAN, como su presidente Jorge Romero, han vinculado la detención a las recientes controversias que rodean a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.
Reacción de otros actores: Dirigentes del partido Somos México también han mostrado su apoyo a Ruffo, haciendo hincapié en la necesidad de aplicar la presunción de inocencia sin importar la filiación política. Guadalupe Acosta, presidente del partido, ha solicitado que el exgobernador pueda llevar su defensa desde su domicilio, confiando en que, al final del proceso, será exonerado.
Esta situación plantea cuestiones fundamentales sobre la justicia y la política en México, revelando una compleja red de relaciones de poder y la necesidad de un consenso en el manejo de las acusaciones que involucran a figuras políticas. La defensa de Ruffo no solo es un asunto legal, sino que también refleja un momento crucial para la estabilidad política y el ejercicio de los derechos ciudadanos en el país.