Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró que Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, se considera prófugo de la justicia, lo que le impide postularse a la Presidencia de México en 2030. Esta afirmación se realizó en el contexto de la interpretación de los requisitos constitucionales para ser candidato.
Zaldívar explicó que una persona con orden de aprehensión que no comparece ante las autoridades y se encuentra fuera del país se considera fuera de la acción de la justicia. Esto encuadra en lo estipulado por el artículo 38 constitucional, que tiene como requisitos para ser candidato el pleno goce de los derechos político-electorales. En este sentido, se suspenden esos derechos bajo diversas circunstancias, incluyendo la prisión preventiva o ser prófugo de la justicia.
Durante una conferencia de prensa, el coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia comentó que, a pesar de que los supuestos se aplican a cualquier persona, no podía ofrecer un juicio sobre la situación particular de Cabeza de Vaca.
La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, también fue consultada sobre la elegibilidad de candidatos con antecedentes penales. Ella reconoció que poseer órdenes de aprehensión no necesariamente impide la postulación, aunque la resolución final descansa con los tribunales electorales, que deben evaluar cada caso específico.
Zaldívar enfatizó que las decisiones sobre derechos políticos recaen en los tribunales, que deben determinar las implicaciones en el transcurso de los procesos judiciales. Si a una persona se le vincula a proceso y se ordena prisión preventiva, esto podría afectar su capacidad para competir electoralmente.
Francisco García Cabeza de Vaca ha afirmado que se siente legalmente habilitado para postularse a la presidencia, asegurando que la Constitución le permite hacerlo, y ha expresado su intención de competir en 2030.