La Fiscalía General de Colombia ha reactivado las órdenes de captura contra 46 miembros de tres grupos armados, tras la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de poner fin a los diálogos de paz iniciados por su predecesor, Gustavo Petro. Esta acción afecta a disidentes de las FARC, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con implicaciones significativas para la seguridad nacional y la estabilidad social en el país.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció la reactivación de las órdenes, que incluyen a 27 líderes del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las FARC, a trece miembros de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y a seis de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Esta decisión sigue a la declaración del presidente De la Espriella, quien justificó el término de las negociaciones por la falta de voluntad real de estos grupos para avanzar hacia la paz.
El Gobierno de Colombia había establecido mesas de diálogo con estas organizaciones como parte de una estrategia de reconciliación, pero las discusiones fueron cerradas el 28 de agosto, lo que ha llevado a la revocatoria de la designación de voceros que antes facilitaba un régimen de suspensión de las órdenes de captura.
El Estado Mayor de Bloques y Frentes emergió como una disidencia significativa de la extinta guerrilla de las FARC, separándose en 2024 por desacuerdos sobre el proceso de paz. La Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, a su vez, es resultado de una escisión de otra facción disidente y ha mostrado divisiones internas que complican su estructura organizativa.
Este cambio en la política de seguridad del Gobierno colombiano refleja el colapso de la estrategia de «paz total», promovida por el anterior presidente Petro, que buscaba la reinserción de diversas bandas criminales y grupos armados en el marco de un enfoque integral de paz. Sin embargo, el escaso avance en las negociaciones ha generado preocupaciones sobre el futuro de la estabilidad en Colombia y la efectividad del Gobierno para manejar el conflicto armado en curso.