La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió un comunicado contundente advirtiendo que la salud no puede ser postergada y que el acceso a un salario digno no debe depender de las fluctuaciones del presupuesto estatal. Este pronunciamiento llega en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), que exige un reajuste salarial ante la inminencia de posibles huelgas en el sector.
El llamado a la justicia salarial y a la transparencia en la gestión pública resuena fuerte en el documento de la CEP. En su comunicado, se subraya que un salario digno no debe implicar que los profesionales subsidien con sus propios recursos los servicios que deben ser provistos por el Estado. Esta exigencia plantea un desafío crítico para los responsables del poder ejecutivo, quienes deben abordar esta problemática con soluciones concretas y no meras promesas.
Más de 300 médicos han renunciado recientemente, reflejando la crisis en el sector salud que se intensifica con la negativa gubernamental de vincular los aumentos salariales a un «sistema meritocrático». La CEP argumenta que las decisiones presupuestarias deben ser coherentes y sustentadas en las necesidades reales de la ciudadanía, no solo en cifras abstractas.
La Iglesia también hace un llamado a los médicos para que prioricen los «casos más urgentes» ante la posible agudización de la situación. La CEP destaca que catorce años de desatención no se resolverán con declaraciones vacías, sugiriendo que se requiere un compromiso genuino y un plan de actuación concreto por parte del Gobierno.
En este marco, el Ministro de Economía, Óscar Lovera, anunció una asignación de USD 760 millones para la adquisición de medicamentos e insumos, pero descartó cualquier aumento salarial para los médicos. Por su parte, María Teresa Barán, ministra de Salud, ha abogado por una carrera médica, aunque esta nueva propuesta no ha sido parte de las demandas actuales del sector.
La posición de la CEP se hace pública justo antes de una asamblea del sindicato, donde se decidirá la continuidad de las medidas de fuerza. La presión aumenta a medida que los médicos del Instituto de Previsión Social (IPS) se han movilizado con pancartas en apoyo a sus colegas del Ministerio de Salud.
Este conflicto también toma un cariz político significativo. A raíz de una reunión entre el presidente Santiago Peña y la jerarquía de la Iglesia, donde se discutieron temas de política social, se amplía la expectativa sobre cómo el Gobierno responderá a estas demandas urgentes en un contexto de críticas por la falta de atención sanitaria y recursos básicos.
Peña ha intentado minimizar el descontento a través de publicaciones destacando supuestos avances en condiciones laborales y en la provision de medicamentos. Sin embargo, omite abordar dos puntos fundamentales: la necesidad de una recomposición salarial y la claridad en el desglose del presupuesto general.
Mientras tanto, el oficialismo ha iniciado la creación de una comisión especial del Senado para investigar irregularidades en el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Salud, lo cual es un indicio de que la crisis tiene múltiples dimensiones que deben ser abordadas de manera integral. El camino hacia el consenso requiere no solo compromisos verbales, sino acciones efectivas y transparentes que atiendan las problemáticas sociales urgentes en Paraguay.