El Gobierno de Tailandia ha implementado cambios significativos en su política de visados que afectarán a ciudadanos de más de 60 países, incluyendo a México, Colombia, Panamá, Cuba y Uruguay, quienes ahora deben solicitar visados para ingresar al país. Esta medida se suma a la reducción del periodo de estancia sin visado, que pasa de 60 a 30 días, y es parte de un esfuerzo por abordar preocupaciones relacionadas con abusos en el uso de estas permisiones.
Entre los países impactados también se encuentran el Reino Unido, India, Estados Unidos y Japón, todos sujetos a esta restricción. Otras naciones, como China y Rusia, ya estaban limitadas a 30 días de estancia, de acuerdo con acuerdos bilaterales anteriores. Tailandia justifica estos cambios como una respuesta a un aumento reportado de turistas que se involucran en actividades laborales sin los permisos adecuados.
Esta nueva normativa revierte la extensión de 60 días que se había implementado en junio de 2024 para 93 naciones, como parte de una estrategia para revitalizar el sector turístico, vital para la economía tailandesa tras las caídas en las llegadas durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, 60 naciones seguirán beneficiándose de la exención de visado durante un mes, creando una diferencia notable para los ciudadanos de aquellos que ya no pueden entrar sin visado.
Cabe destacar que esta política no afecta a los ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile y Perú, quienes continúan teniendo beneficios de visado bajo acuerdos bilaterales que les permiten estancias de hasta 90 días. Hasta la fecha, Tailandia ha experimentado una caída en el número de visitantes extranjeros, con aproximadamente 20.1 millones de llegadas registradas entre enero y agosto de este año, lo que representa una disminución del 3% en comparación con el año anterior.
El Gobierno tailandés también ha intensificado sus medidas para agilizar la deportación de extranjeros que infrinjan leyes locales o perturben el orden público. Estas acciones en el ámbito de la política de visados y la normativa de deportaciones representan un enfoque más estricto de Tailandia en la gestión de su sector turístico y la seguridad pública.