La Unión Europea ha propuesto un conjunto de regulaciones que establecen límites de edad rigurosos para el acceso de los menores a plataformas de redes sociales y videojuegos, con la finalidad de mejorar la seguridad digital de los niños. Según la propuesta denominada «EU Kids Act», se busca restringir el acceso a redes sociales a menores de 13 años, permitiendo un acceso limitado y supervisado solo a partir de los 15 años. Esta iniciativa llega tras crecientes evidencias que indican que la interacción no controlada en estas plataformas afecta negativamente el bienestar físico y mental de los menores, quienes son vulnerables a situaciones de acoso y abuso.
Las nuevas reglas proponen la eliminación de características que fomenten la adicción, como el desplazamiento infinito y las notificaciones automáticas durante la noche. Además, las plataformas deberán garantizar un entorno seguro antes de ser utilizadas por niños, prohibiendo recomendaciones que los expongan a contenido perjudicial y el contacto no autorizado con desconocidos. Esto se incluye en un marco más amplio que asegura que los asistentes de inteligencia artificial no generen dependencia emocional en los usuarios jóvenes.
Asimismo, los perfiles de los menores serán configurados como privados por defecto, desactivando funciones como ubicación, cámara y micrófono. Los mecanismos de verificación de edad están en desarrollo con el fin de evitar que menores accedan a estas redes. Aunque la implementación de la legislación correrá a cargo del Parlamento Europeo y los Estados miembros, la Comisión Europea ha solicitado que se avance de manera expedita, resaltando la urgencia de abordar estas preocupaciones.
El cumplimiento será supervisado a través de auditorías independientes y se establecerán sanciones para aquellas plataformas que no se ajusten a las normativas, con multas que podrían alcanzar hasta el 6% de la facturación anual. La legislación, tras ser aprobada, contempla varios meses de negociaciones antes de entrar en vigor, lo que pone de manifiesto tanto la complejidad del proceso legislativo en la UE como la seriedad que se otorga al tema de la protección infantil en el entorno digital.