Pobladores de las comunidades La Fragua y Jesús María, del municipio de San José de Iturbide, bloquean la carretera 57 Querétaro-San Luis Potosí para exigir la inhabilitación de una planta de almacenamiento de combustible que fue incautada por fuerzas estatales y federales. Los manifestantes, con pancartas que expresan su rechazo a la reactivación de la planta, impiden el paso de vehículos en ambos sentidos.
Una madre de familia solicitó la intervención del presidente municipal, Edgar Manuel Montes de Oca, para que se garantice su seguridad ante la posible vuelta a las operaciones en el sitio. Los pobladores han indicado que mantendrán el bloqueo hasta recibir una respuesta satisfactoria de las autoridades.
Los manifestantes han improvisado un fogón con llantas y basura para combatir el frío de la noche. Se anticipa que representantes de las tres órdenes de gobierno acudan al lugar para salvaguardar la integridad de los participantes y de los automovilistas.
El jueves anterior, se realizó un cateo en La Fragua, donde se localizaron aproximadamente 59 millones de litros de presunto combustible, en una operación que forma parte de una investigación sobre almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos. Esta diligencia, autorizada por un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, fue ejecutada por el Ministerio Público Federal en colaboración con autoridades estatales.
Durante la operación, se aseguraron 10 tanques con combustible, tres unidades de carga y varios contenedores, así como documentación relevante para la investigación. Las autoridades continuarán las labores de medición y manejo del líquido bajo supervisión especializada, con el fin de prevenir riesgos para la población y el medio ambiente.
El inmueble y los bienes asegurados están bajo la custodia del Ministerio Público Federal. La localización del combustible en La Fragua, que se ubica a 10 kilómetros de la cabecera municipal, forma parte de un proceso judicial que surge a raíz de la detención de un individuo en una gasolinera de San Luis de la Paz, quien no pudo acreditar la procedencia del hidrocarburo que descargaba. Esta intervención ha llevado a ejecutar múltiples órdenes de cateo en predios relacionados con el caso.