El Gobierno de México ha declarado que la atención a la desaparición de personas es una de sus más altas prioridades. Esta afirmación se enmarca en un comunicado conjunto emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, que subraya la disposición del gobierno para la cooperación internacional en este tema.
Asimismo, el Gobierno reafirmó su compromiso con las familias afectadas por la desaparición de personas y condenó la violencia que enfrentan los buscadores y colectivos involucrados en la búsqueda. Esto se da en respuesta a un informe de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, que advirtieron sobre la violencia que afecta a mujeres que buscan a desaparecidos.
En el comunicado, las secretarías de Estado aclararon que las opiniones de estos expertos no reflejan la posición oficial de la ONU. El Gobierno también destacó que ha implementado diversas acciones y reformas legales para combatir este delito, aunque reconoció que persisten desafíos en la investigación y acceso a la justicia.
En su declaración, el Gobierno enfatizó que se mantiene abierto al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos y que no existe un patrón estatal de desaparición forzada relacionado con personas buscadoras.
Asimismo, se mencionó que el Gobierno coopera con agencias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualmente hay más de 130,000 personas desaparecidas en México. Un informe de Amnistía Internacional ha señalado que nueve de cada diez buscadores son mujeres, y una gran mayoría ha experimentado violencia durante su labor de búsqueda.