La acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios locales por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa ha dividido a la política mexicana. Mientras el oficialismo defiende al gobierno estatal, la oposición lo ve como una confirmación de sus advertencias sobre conexiones con el crimen organizado.
Desde el oficialismo, el líder de Morena en la Cámara de Diputados expresó que todos tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Afirmó la necesidad de defender la ley y la Constitución al respaldar a Rocha Moya mientras continúe su protección legal.
El coordinador de Morena en el Senado también mostró apoyo a Rocha Moya y a otro senador nombrado en la acusación. Por su parte, varios legisladores de Morena rechazaron los señalamientos, argumentando que no se han presentado pruebas concretas.
La acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense alega que los funcionarios implicados promovieron operaciones del cartel a cambio de sobornos. Rocha Moya ha negado categóricamente las imputaciones, asegurando que son infundadas y constituyen un ataque a su administración y al movimiento de la Cuarta Transformación.
La Cancillería de México criticó la falta de pruebas en las solicitudes de extradición y planea presentar una queja diplomática al gobierno de EE.UU. por la divulgación pública de la acusación, argumentando que va en contra de acuerdos bilaterales.
Desde la oposición, se considera el caso como un indicativo grave de la relación entre el oficialismo y el crimen organizado. Legisladores demandan investigaciones exhaustivas y la separación de los funcionarios implicados de sus cargos.
Dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) han señalado que la acusación forma parte de un patrón dentro de Morena. La excandidata presidencial del PAN argumentó que sus advertencias sobre el partido han cobrado relevancia y exigió la destitución de los funcionarios involucrados para facilitar las indagatorias.
El dirigente de Movimiento Ciudadano también solicitó la separación del gobernador mientras se lleven a cabo las investigaciones, sugiriendo que las acciones del gobierno deberían ser más severas en casos similares. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se sumó a los llamados a investigar a fondo y exigir la detención de los implicados.