COMUNICADO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

GUANAJUATO GTO., A 25 DE ENERO DE 2026
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que, derivado de los hechos ocurridos la tarde de este domingo en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, se inició de manera inmediata, integral y prioritaria una investigación para el esclarecimiento de un ataque armado que dejó un saldo preliminar de 11 personas fallecidas —10 en el lugar de los hechos y una más mientras recibía atención médica en un hospital—, así como un preliminar de 6 personas lesionadas que continúan bajo atención médica.

Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía desplegó agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y personal pericial, quienes llevaron a cabo el procesamiento del lugar, el levantamiento de indicios, la elaboración de dictámenes periciales y las diligencias ministeriales correspondientes, con el objetivo de preservar la evidencia, garantizar una investigación técnica y científica, y sentar bases sólidas para la identificación y sanción de los responsables.

De manera paralela, se mantiene coordinación permanente con autoridades municipales, estatales y federales, entre ellas la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, para reforzar la seguridad en la zona, proteger a la población y apoyar las acciones para la localización de los probables responsables.

La Fiscalía General del Estado repudia enérgicamente estos hechos que atentan contra la vida y la convivencia social, por lo que actúa con firmeza, responsabilidad y sensibilidad, colocando a las víctimas y a sus familias en el centro de la investigación y del acceso a la justicia.
La Fiscalía reafirma su compromiso con el combate a la impunidad, el fortalecimiento del Estado de derecho y la construcción de condiciones de seguridad y paz social, e informará a la ciudadanía conforme el avance de las investigaciones lo permita, con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

Ministros de la Suprema Corte deciden no usar las nuevas camionetas compradas

Ciudad de México, 25 de enero de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que sus ministras y ministros no utilizarán las nuevas camionetas blindadas adquiridas recientemente. Además, solicitarán la devolución de los vehículos o, en su caso, que se asignen a jueces que enfrenten mayores riesgos, siempre bajo los lineamientos normativos correspondientes.

Esta decisión, publicada en la cuenta oficial de la SCJN en la red X el 25 de enero, se divulgó después de que la compra de nueve camionetas provocó una amplia polémica en el ámbito político y social.

De acuerdo con un comunicado emitido por la SCJN el pasado 22 de enero, el proceso de renovación del parque vehicular responde a una normatividad interna desde 2019 que determina la sustitución de estos automóviles cada cuatro años o antes si se comprueban condiciones inseguras. Aunque dicha comunicación no especifica el tipo de vehículo, históricamente, los ministros de la Corte se han movilizado en camionetas blindadas.

La adquisición siguió, según el organismo, un estricto criterio de prevención y responsabilidad, luego de que evaluaciones técnicas de autoridades federales concluyeron que los vehículos anteriores no cumplían con los estándares requeridos para garantizar la seguridad de los ministros.

En esta línea, el máximo tribunal aseguró que el número de vehículos retirados superó al de las nuevas unidades compradas, evitando así un incremento neto del gasto patrimonial.

El mensaje oficial enfatiza que dicha decisión se realizó tomando en cuenta exclusivamente a criterios de prevención, descartando la opción de que haya discrecionalidad y procurando un uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo.

La posición de Sheinbaum sobre la compra de la SCJN

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la compra argumentando que permitió a la SCJN un ahorro de más de mil millones de pesos en comparación con el anterior sistema de renta.

Sheinbaum reiteró que las razones de seguridad deben tratarse directamente con las autoridades competentes y enfatizó que la renovación de la flotilla respondió tanto a la necesidad de mejorar la protección como al cumplimiento de la normatividad interna de la Corte.

Según Sheinbaum, corresponde al Poder Judicial responder a los cuestionamientos sobre el tema de las camionetas y resaltó que las decisiones del tribunal se discuten ahora públicamente, algo que, afirmó, no ocurría en gestiones anteriores.

Estados Unidos anunció su salida efectiva de la Organización Mundial de la Salud y dejó sin efecto sus deudas

Estados Unidos, 23 de enero de 2026.- Estados Unidos formalizó el jueves su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según confirmó el Departamento de Salud. La medida responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, en el inicio de su nuevo mandato, y generó inquietud por sus implicaciones en la salud global.

Trump, quien había iniciado el procedimiento de salida durante su primer mandato (2017-2021) tras criticar la gestión de la pandemia por coronavirus, reiteró esos argumentos en la orden ejecutiva. El texto cuestiona el papel de la OMS en “otras crisis sanitarias mundiales”, su incapacidad para implementar reformas y “su falta de independencia frente a la influencia política indebida” de otros estados miembros, en referencia al peso de China en la agencia.

El Gobierno estadounidense también justificó la decisión señalando que otros países con poblaciones más grandes, como China, no pagan cuotas equivalentes a las de Estados Unidos, lo que consideran un trato injusto dentro de la organización.

Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos del país norteamericano afirmó el jueves que Estados Unidos llegó a aportar hasta el 25% del presupuesto de la OMS.

A su vez, destacó que el organismo nunca tuvo un director general estadounidense y que la agencia intentó evitar que otros países aumenten sus cuotas debido a la pesada carga asumida por Washington.

“El punto principal es que les pagábamos, confiábamos en ellos y nos fallaron, y no asumieron ninguna responsabilidad por su fracaso”, sostuvo el funcionario, quien enumeró tanto deficiencias recientes como históricas de la Organización Mundial de la Salud.

Respecto a las dudas sobre la cooperación sanitaria global tras la salida estadounidense, el vocero oficial aseguró: “Continuaremos trabajando con los países y los Ministerios de Salud, como lo hemos hecho durante décadas, y seguiremos desarrollando esas relaciones y utilizándolas de una manera que sea mutuamente beneficiosa y que respete la soberanía tanto de nuestro país como la de otros países”.

Al recordar el marco legal, el funcionario explicó que, desde su adhesión en 1948, Estados Unidos se reservó el derecho unilateral de retirarse de la agencia internacional, a diferencia del resto de los estados miembro.

En relación con las cuotas pendientes, otro funcionario estadounidense precisó que la resolución fundacional de 1948 no establece como condición para la salida el pago previo de cuotas. La administración de Trump reiteró que no planea abonar los compromisos correspondientes al periodo 2024-2025, cuya suma oscila entre 260 y 280 millones de USD.

“La retirada de la OMS es también una pérdida para Estados Unidos y el resto del mundo”, sostuvo el director general del organismo Tedros Adhanom Ghebreyesus , quien subrayó también que la permanencia del país en el seno de la agencia “no es una cuestión económica”.

La salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunciada por Washington hace casi un año, será objeto de debate entre los Estados miembros de la organización durante las reuniones programadas para febrero y mayo, según lo indicó el principal asesor jurídico de la OMS, Steve Solomon, en rueda de prensa.

Solomon explicó que se espera que el tema se aborde en el Consejo Ejecutivo y que la discusión continúe en la Asamblea Mundial de la Salud prevista para mayo.

(Con información de EFE)

Suprema Corte compra camionetas blindadas para los ministros

Ciudad de México, 22 de enero de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha informado este 22 de enero a través de sus redes sociales sobre la reciente renovación de la flotilla vehicular destinada a los ministros.

Esta medida, justificada en condiciones de seguridad institucional y salvaguarda de la integridad física de quienes detentan cargos de alta responsabilidad, se adoptó tras recibir dictámenes técnicos de autoridades federales que concluyeron que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares requeridos para la protección eficiente de los ministros.

Como resultado, la SCJN adquirió nueve unidades, en cumplimiento estricto de la normatividad interna de 2019, que estipula la renovación de este tipo de automotores cada cuatro años o antes si se detectan condiciones inseguras, según el comunicado compartido. Aunque el mensaje no específica los tipos de vehículos, los magistrados de la Corte se han movilizado de manera tradicional en camionetas blindadas.

La decisión tuvo lugar de forma paralela al proceso de retiro de un número de vehículos superior al adquirido, lo que evitó, afirma la SCJN, un incremento neto del gasto patrimonial.

El máximo tribunal del país subrayó en su comunicación que esta acción obedece exclusivamente a criterios de prevención y responsabilidad, descartando cualquier discrecionalidad y reafirmando su compromiso con un uso racional de los recursos públicos y sin menoscabo de la seguridad jurisdiccional.

SCJN legisla que las indemnizaciones exigidas al Ministerio Público deben de hacerse por la vía administrativa

En el ámbito jurisdiccional, la SCJN determinó que los reclamos dirigidos al Ministerio Público derivados de acciones u omisiones se deben tramitar únicamente a través de la vía administrativa, en conformidad con la Ley de Responsabilidad Patrimonial local.

Este criterio quedó establecido tras la revisión de un caso originado en la Ciudad de México, donde una persona fue absuelta en 2017 luego de permanecer injustificadamente privada de su libertad desde 1999.

Aunque la demanda original se presentó por la vía civil, la Corte concedió un amparo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y precisó que solo la vía administrativa permite reclamar una indemnización por actos de autoridad.

Además, de acuerdo con su comunicado del 21 de enero, la SCJN resolvió que el plazo de prescripción para iniciar una demanda administrativa queda suspendido si la víctima en primera instancia optó por un juicio civil, lo que garantiza que nadie se vea privado del derecho a buscar una indemnización por seguir una vía legal incorrecta.

Suprema Corte legisla para prevenir la revictimización de una menor víctima de abuso

Por otra parte, la SCJN abordó en sesión del 20 de enero el caso de una menor de edad víctima de violencia sexual. El Pleno revocó la orden de un tribunal colegiado que exigía repetir un juicio familiar, ya que esto habría implicado la presentación de nuevas pruebas para evaluar la credibilidad del testimonio de la niña, generando riesgo de revictimización.

A juicio del tribunal, tal medida atentaba contra el interés superior de la niñez y carecía de sustento exigir a la madre de la víctima la asistencia a cursos o terapias sin pruebas en su contra.

México entrega a 37 narcos a EEUU

Ciudad de México, 20 de enero de 2026.- Durante la mañana de este martes 20 de enero, 37 narcotraficantes fueron trasladados a los Estados Unidos, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, entre los que se encuentran aviones tipo Hércules.

Esposados y con la cabeza agachada, los narcos fueron enviados a los Estados Unidos al ser identificados como operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza para la seguridad del país, de acuerdo con lo informado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La lista incluye a operadores de diversas organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); de Sinaloa; Noreste; Beltrán Leyva y hasta de Los Zetas, entre los que destacan algunos de los perfiles como:

José Luis Sánchez Valencia, alias «Chalamán», quien es identificado como familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, ”El Mencho”.

“Chalamán” fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Colima en agosto de 2025.

También se encuentran Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1″, líder del grupo de Los Deltas del CJNG; Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, identificado como segundo al mando de la estructura de El Chapo Isidro.

Las autoridades informaron que los criminales fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

Como parte de un acuerdo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no buscará la pena de muerte para ninguno de los criminales.

Con esta entrega suman 92 personas enviadas a los Estados Unidos durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, realizadas en tres entregas.

El trasladado de los narcos se lleva a cabo en un contexto de tensión debido a la presión que ha ejercido el presidente estadounidense Donald Trump para que se combata a los cárteles y se evite el ingreso de fentanilo.

Trump también ha ofrecido al gobierno mexicano el ingreso de agentes de la CIA para destruir narcolaboratorios en compañía del militares; sin embargo la propuesta fue rechazada por la presidenta Sheinbaum.

De manera pública, la mandataria federal ha dicho que no han sido aceptados los ofrecimientos de despliegue militar estadounidense en territorio mexicano por respeto a la soberanía.

Pese a las negativas, Trump ha dicho que “se tiene que hacer algo con México” para favorecer el combate a las organizaciones criminales.

Deuda pública de México: Hacienda anuncia refinanciamiento por 235 mil 552 millones de pesos

Ciudad de México, 19 de enero de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la conclusión de una operación de refinanciamiento de deuda pública en el mercado local por 235 mil 552 millones de pesos, junto con la primera subasta sindicada del año.

La medida forma parte de la estrategia de financiamiento para 2026 y tiene como objetivo mejorar la estructura de vencimientos, fortalecer la liquidez del mercado interno y ordenar las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal.

Refinanciamiento de la deuda pública en el mercado local

De acuerdo con el comunicado emitido el 19 de enero de 2026, la operación registró una demanda cercana a 296 mil millones de pesos, cifra superior al monto colocado.

Como resultado, Hacienda logró extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6.44 años, lo que permite reducir concentraciones de vencimientos en el corto plazo y distribuir las obligaciones financieras en un horizonte más amplio.

La estrategia incluyó la recompra de diversos instrumentos de deuda gubernamental, entre ellos Cetes, Bonos M y Udibonos, con el fin de reorganizar los compromisos financieros del Gobierno Federal y disminuir presiones de liquidez inmediatas.

Resultados de la recompra de instrumentos de deuda

Del total de instrumentos recomprados durante la operación de refinanciamiento, la distribución de vencimientos quedó de la siguiente manera:

  • 71 mil 857 millones de pesos correspondieron a deuda con vencimiento en 2026
  • 44 mil 430 millones de pesos a vencimientos programados para 2027
  • 119 mil 265 millones de pesos a vencimientos posteriores a 2027

Esta redistribución permite una gestión más eficiente de los requerimientos de financiamiento futuros y reduce la necesidad de acudir de manera concentrada al mercado en el corto plazo.

Subasta sindicada y emisión de Udibonos a 30 años

Como parte de las acciones complementarias, la SHCP llevó a cabo una colocación sindicada mediante la emisión de una nueva referencia de Udibonos a 30 años, con vencimiento en octubre de 2057.

El monto colocado fue equivalente a 10 mil 408 millones de pesos, con un cupón de 4% y un rendimiento de 4.26%.

La demanda por esta emisión superó los 17 mil millones de pesos, equivalente a 1.69 veces el monto ofertado, lo que permitió incorporar una nueva referencia de largo plazo al mercado de deuda local y otorgar liquidez adicional cercana a 64 mil millones de pesos.

De acuerdo con Hacienda, estas operaciones contribuyen a optimizar el perfil de la deuda en pesos, tanto a tasa fija nominal como real.

¿Qué son los Udibonos y cómo funcionan?

Los Udibonos son bonos de desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión (UDIS), una unidad de cuenta cuyo valor se actualiza conforme a la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Además del ajuste inflacionario, estos instrumentos pagan intereses semestrales con una tasa fija, lo que permite obtener un rendimiento real.

Entre sus principales características se encuentran:

  • Protección del capital frente a la inflación
  • Pago de intereses semestrales
  • Vencimientos de mediano y largo plazo, de hasta 30 años
  • Respaldo del Gobierno Federal
  • Disponibilidad para inversionistas a través de Cetesdirecto, con montos accesibles

Plan Anual de Financiamiento 2026

Las operaciones anunciadas se enmarcan en el Plan Anual de Financiamiento (PAF) 2026, que establece como ejes la prioridad al financiamiento interno en pesos, el uso de instrumentos de tasa fija y largo plazo, y una política activa de refinanciamiento.

El plan también contempla el fortalecimiento del mercado de deuda local, el desarrollo de instrumentos sostenibles y el manejo integral de riesgos financieros.

Implicaciones para la deuda pública

La SHCP indicó que estas acciones buscan mejorar la administración de los pasivos públicos y dar mayor previsibilidad a las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal.

Las condiciones obtenidas, señaló la dependencia, se ajustan a los lineamientos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026 y reflejan el interés del mercado por los instrumentos de deuda gubernamental.

El gobierno de Guatemala decreta estado de sitio por 30 días ante violencia atribuida a pandillas

Guatemala, 18 de enero de 2026.- El Gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio por 30 días en respuesta a una escalada de violencia atribuida a pandillas y organizaciones criminales, en un contexto donde la administración sostiene que está recuperando el control de instituciones capturadas y restituyendo la justicia nacional.

Esta decisión, según el Ejecutivo, no alterará la vida cotidiana ni los procesos institucionales, aunque sí marca un endurecimiento legal significativo para frenar intentos de desestabilización.

Desde el inicio de este régimen excepcional, la administración ha insistido en que “no negociamos con criminales, en el marco de la ley y la espada de la justicia los estamos poniendo de rodillas”, tras recientes operativos en los que logró liberar a todos los rehenes de centros penitenciarios sin víctimas fatales. El Ejecutivo llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en la legalidad, remarcando: “Juntos somos más fuertes, juntos los estamos poniendo de rodillas”.

Como medida de duelo por los fallecimientos de agentes policiales, el Gobierno declaró tres días de luto nacional con el pabellón del Palacio Nacional ondeando a media asta. El Ejecutivo resaltó la dimensión humana de estos hechos con la frase: “Hoy habrá familias que quedarán marcadas”, y reafirmó la prioridad estatal de proteger la seguridad pública ante intentos de intimidación.

Según la legislación guatemalteca, el estado de sitio se activa ante actividades consideradas terroristas, sediciosas, de rebelión, asesinatos, secuestros o ataques armados calificables como guerra civil, situaciones en las que se amenaza el orden constitucional o la seguridad estatal. La norma establece que el presidente asume la conducción nacional como Comandante General del Ejército, delegando la ejecución directa en el ministro de la Defensa Nacional.

Durante el estado de sitio, todas las entidades estatales deben colaborar con la autoridad militar.

Las fuerzas armadas reciben facultades extraordinarias para intervenir y disolver organizaciones, aun sin personería jurídica, y detener a personas sospechosas de conspiración o alteración del orden sin orden judicial previa. Además, se autoriza el uso de medios “preventivos, defensivos u ofensivos” para restaurar la normalidad cuando existan amenazas al orden legal.

El Gobierno subrayó que los recientes actos de violencia responden a la pérdida de privilegios de los grupos delictivos afectados por las últimas reformas en materia de seguridad y al avance estatal sobre estructuras criminales enquistadas.

Recalcó que la estrategia actual está mostrando resultados, reiterando que la aplicación del estado de sitio no suspende la vida institucional ni interrumpe las actividades diarias del país.

Fin de semana violento

Las cárceles de Guatemala registraron disturbios y motines en distintas regiones este fin de semana, mientras que grupos delictivos a su vez perpetraron asesinatos contra agentes de la Policía Nacional Civil.

La situación ha generado alarma entre la ciudadanía y ha puesto bajo presión a las autoridades estatales, obligando a reforzar la presencia policial y militar en los centros penitenciarios más conflictivos.

Intervenciones en recintos penitenciarios permitieron rescatar a más de 40 rehenes, realizar aseguramientos de armas e iniciar traslados médicos, con participación de equipos de rescate que apoyan a personas liberadas durante los operativos.

Los hechos incluso hicieron que la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitiera una alerta de emergencia para sus ciudadanos residentes en Guatemala.

Además se suspendieron clases a nivel nacional, se redujo el sistema de transporte, se cancelaron actividades recreativas y la iglesia católica también canceló misas, entre otras medidas.

Al cierre de esta nota ya se reportaban ocho agentes de la Policía muertos y más de diez heridos, entre otros hechos de violencia que han puesto en vilo al país centroamericano.

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones terroristas en Siria y abatió a un jefe de Al Qaeda

Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque aéreo en el noroeste de Siria, que resultó en la muerte de Bilal Hasan al-Jasim, identificado como un jefe terrorista vinculado a Al Qaeda y directamente asociado a la emboscada del 13 de diciembre, donde murieron dos militares estadounidenses y un intérprete civil.

Esta ofensiva forma parte de una serie de operaciones de represalia dirigidas a desmantelar las capacidades operativas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y responde a la estrategia de Washington de neutralizar cualquier amenaza inmediata contra su personal desplegado en la región.

Según el perfil divulgado, Bilal Hasan al-Jasim figuraba entre los principales planificadores de la violencia extremista en la zona. Autoridades estadounidenses lo señalan como el responsable directo del atentado perpetrado en Palmyra, donde un combatiente del Estado Islámico sorprendió a fuerzas mixtas de Estados Unidos y Siria.

“La muerte de un operativo terrorista vinculado a la muerte de tres estadounidenses demuestra nuestra determinación en ir detrás de los terroristas que atacan a nuestras fuerzas”, afirmó el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central. Y agregó: “No hay lugar seguro para aquellos que realizan, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos”.

El atentado del 13 de diciembre en provocó la muerte del sargento Edgar Brian Torres-Tovar, el sargento William Nathaniel Howard y el intérprete civil Ayad Mansoor Sakat. La acción fue ejecutada mediante una emboscada dirigida al convoy militar.

El objetivo central de la reciente operación aérea consistió en debilitar la infraestructura del Estado Islámico y evitar la planificación de nuevos atentados contra fuerzas estadounidenses y sus aliados. Con la eliminación de Jasim, Estados Unidos reitera su decisión de impedir que los grupos terroristas reorganicen sus capacidades ofensivas.

La operación militar, denominada Hawkeye Strike, representó un esfuerzo conjunto en el que participaron Estados Unidos, Jordania y Siria, focalizándose en más de cien objetivos de infraestructura y arsenales del Estado Islámico desde el inicio de la escalada. Esta acción combinó ataques coordinados y labores de inteligencia, ampliando el impacto sobre la red de mando y suministro de los yihadistas.

El último bombardeo contra posiciones terroristas había sido el sábado pasado, también en territorio sirio.

EEUU atacó al Estado Islámico en Siria

La cooperación internacional resultó fundamental tanto para los avances en Siria como para otras acciones recientes. Como ejemplo de la amplitud de esta campaña, se llevaron a cabo operaciones similares en Nigeria contra enclaves del Estado Islámico, en una continuación de la política exterior estadounidense orientada al combate del terrorismo internacional.

Desde Washington, el mensaje oficial fue enfático: cualquier ataque contra ciudadanos o tropas estadounidenses, dentro o fuera de Siria, será respondido con contundencia. La postura manifestada por las autoridades es clara: quienes organicen, financien o inspiren atentados contra Estados Unidos y sus aliados “no encontrarán refugio y serán perseguidos sin descanso”.

Con esta nueva ofensiva, Estados Unidos reitera su compromiso de impedir el resurgimiento de ISIS en Medio Oriente y sostiene que la protección de sus nacionales y socios seguirá guiando sus acciones militares en la región y en otras áreas consideradas estratégicas.

Estados Unidos advirtió sobre riesgos en el espacio aéreo por actividad militar en varias zonas del continente americano

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este viernes una advertencia sobre la presencia de actividad militar en el espacio aéreo de diversas regiones, principalmente en zonas cercanas a México y varios países de América Central y Sudamérica. El aviso, que estará vigente durante 60 días a partir del 16 de enero de 2026, insta a los operadores aéreos estadounidenses a tomar precauciones extremas ante posibles “situaciones peligrosas”, que podrían también afectar los sistemas de navegación por satélite.

La FAA detalló que las zonas afectadas comprenden regiones de información de vuelo sobre el golfo de California en México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y Mazatlán, así como porciones del espacio aéreo en el Pacífico oriental. Un portavoz de la agencia subrayó que los riesgos afectan a las aeronaves en todas las altitudes, tanto durante el sobrevuelo como en las fases de llegada y salida, debido a la posibilidad de interferencias del sistema de navegación global por satélite (GNSS) y la presencia de aeronaves militares que podrían operar sin notificación o con transpondedores desactivados.

La advertencia de la FAA se produce en un contexto de intensificación militar estadounidense en la región. El presidente Donald Trump anunció el 8 de enero su intención de “iniciar ataques terrestres” contra los cárteles narcotraficantes, después de haber ordenado operaciones previas contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que según sus declaraciones, comenzaron el 2 de septiembre y han dejado al menos 107 muertos. Trump afirmó en una entrevista con Fox News que estas acciones redujeron prácticamente a cero el tráfico de drogas por lanchas en la zona y explicó su propósito de “empezar a golpear en tierra”, al señalar que “los cárteles están controlando México”.

La gestión estadounidense en materia de seguridad ha incluido también la operación militar denominada ‘Resolución absoluta’, mediante la cual, el ejército estadounidense capturó el pasado 3 de enero en Caracas al entonces dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan en Nueva York un juicio por cargos de narcotráfico y otros presuntos delitos. Tras la operación, Trump declaró que la lucha contra el narcotráfico fue la principal razón para la captura y traslado de Maduro y Flores a Estados Unidos.

Las acciones de Washington han generado reacciones en la región. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los esfuerzos de su gobierno en el combate al narcotráfico y, tras una conversación telefónica con Trump la semana pasada, reiteró la disposición de México a colaborar, al tiempo que subrayó la importancia de la soberanía nacional. Ambos países sostendrán una reunión bilateral de seguridad el 23 de enero, según anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos. Un comunicado oficial subrayó que el grupo interministerial de seguridad debe mantener acciones concretas para fortalecer la cooperación y lograr resultados significativos contra los cárteles.

Otros países como Colombia también han mostrado inquietud ante la presión de Washington. El presidente Gustavo Petro, tras un año de tensiones diplomáticas con Trump, sostuvo una llamada en la que incluso propuso la posibilidad de ataques aéreos conjuntos contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerado “narcoterrorista” por Estados Unidos. El líder del ELN, Antonio García, respondió proponiendo una alianza de guerrillas colombianas para enfrentar a Washington.

Estados Unidos comunicó al Congreso que considera estar en “conflicto armado” con los narcotraficantes, lo que ha generado críticas de algunos legisladores. No obstante, esta semana el Congreso no logró limitar los “poderes de guerra” del presidente respecto a Venezuela, debido a la oposición republicana en el Senado.

Con información de AFP, Reuters, EFE y AP

Esta década será la de menor crecimiento desde la de 1960: Banco Mundial

Ciudad de México, 13 de enero de 2026.- La década de 2020 va camino a ser la de más débil para el crecimiento mundial desde la de 1960, lo que está ampliando brechas de ingreso y niveles de vida entre los países que ya eran ricos y los llamados “en desarrollo” y de ingreso bajo, advirtió el Banco Mundial.

De hecho, para finales de este año, se espera que el producto interno bruto (PIB) por habitante de las economías en desarrollo sea de 6 mil 500 dólares en promedio, apenas el 12 por ciento de una economía de ingresos altos.

La brecha para países pobres –los de ingreso bajo– “es más llamativa”, apuntó Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial. El PIB per cápita en estos países se proyecta por debajo de los 700 dólares, aproximadamente el 1 por ciento de los países de ingreso alto, comparó el investigador.

Es decir que a la mitad de una década que inició con la recesión impuesta por la pandemia de coronavirus, por cada dólar que ingresa en promedio una persona en un país pobre, en uno de ingresos altos capta 100.

Si bien la incertidumbre política de los últimos 12 meses se cuenta como “históricamente alta”, se prevé que el crecimiento mundial se mantenga relativamente estable, en torno a 2.7 por ciento, hasta 2027, publicó el organismo en sus Perspectivas Económicas Globales.

Este panorama global muestra un ritmo de crecimiento insuficiente para reducir la pobreza extrema y crear empleos donde más se necesitan, lo que llevaría a la expansión económica más baja desde la década de 1960, apuntó Gill.

“Esta deprimente estadística esconde un detalle aún más desconcertante. Si bien casi todas las economías avanzadas tendrán un ingreso per cápita más alto que antes de la pandemia, uno de cada cuatro países en desarrollo —y más de un tercio de todas las economías de bajos ingresos— serán más pobres que hace cinco años”, enfatizó el economista.

A 2025, más de la mitad del aumento del 10 por ciento del PIB per cápita mundial desde 2019, víspera de la crisis por la pandemia de coronavirus, se debe al desempeño de las economías más ricas, de acuerdo con el Banco Mundial.

“Estas tendencias podrían intensificar el desafío de la creación de empleo que enfrentan las economías en desarrollo, donde mil 200 millones de jóvenes alcanzarán la edad laboral durante la próxima década”, apuntó el organismo.