El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha topado en su ofensiva migratoria con los márgenes de la Constitución: organizaciones defensoras de derechos civiles y autoridades de estados demócratas han recurrido a las leyes para bloquear o frenar la puesta en marcha de sus órdenes ejecutivas.

El primer revés le llegó el jueves, cuatro días después de que iniciara su segundo mandato. Un juez federal de Seattle consideró “claramente inconstitucional” el decreto por el que prevé acabar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con un estatus temporal.

El magistrado John C. Coughenour la pausó durante 14 días, pero sentó las bases de una dinámica que podría repetirse estos próximos cuatro años: grandilocuentes anuncios de medidas seguidos por una batería de demandas en las cortes, que aboca los planes de Trump a dirimirse en el Tribunal Supremo.

“Trump no es más que un showman, desempeña el papel de presidente con dramatismo. Su estrategia consiste en lanzar el máximo de cosas posible y ver qué puede conseguir”, explica Justin Crowe, profesor de Ciencias Políticas en la universidad Williams College.

La Enmienda 14 de la Constitución establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

“No me sorprende ese juez”, dijo Trump después de que se conociera la resolución del magistrado recordando ese principio. Coughenour actuó en respuesta a una demanda de cuatro estados, paralela a una interpuesta por otros 18.

El objetivo de acabar con la ciudadanía por nacimiento ha sido el que más eco ha recibido tras su llegada al poder, pero no el único que pone a prueba el statu quo. Planea sustituir, por ejemplo, con un aumento a los aranceles el impuesto sobre la renta, cuya creación requirió la ratificación de la Décimo Sexta Enmienda en 1913.

Antes de iniciar este segundo mandato, en su meta por recortar gastos no descartó no gastar dinero asignado ya por el Congreso, y ha bromeado además con seguir en el poder por tercera vez, aunque la Constitución limita a dos los ejercicios de los presidentes. El legislador Andy Ogles ha elaborado ya un borrador para intentar ampliar ese tope.

Y en la puesta en marcha de algunas de sus promesas de campaña no ha dudado en montar un espectáculo a su alrededor. La firma de sus primeras órdenes ejecutivas tuvo lugar en el estadio Capital One Arena de Washington el día de su investidura ante unas 20 mil personas que recibieron cada ratificación con ovaciones.

Los recursos en marcha anticipan un proceso largo antes de que sus planes se vean materializados. El mandatario, no obstante, juega con la ventaja de que los republicanos controlan las dos cámaras del Congreso y de que el Supremo, que podría tener la última palabra, tiene también mayoría conservadora.

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que han llevado ya a los tribunales la decisión de eliminar la aplicación migratoria CBP One, que permitía pedir una cita para presentarse a un puerto de entrada de la frontera con México, aseguran que están en pie de lucha.

“Tomamos acciones legales contra la Administración de Trump más de 430 veces cuando asumió el cargo por primera vez (2017-2021). Tenemos el manual para contraatacar y ganar una vez más”, dice en su página web.

El profesor del Williams College advierte de que por parte de Trump se trata también de una estrategia de distracción. “Es posible que pueda hacer alguna de esas cosas y que otras se vean bloqueadas, pero mientras se recurren ha demostrado a sus votantes lo que le importa y mientras la gente intenta frenarlas no se mira a otra parte”, sostiene.

No descarta, no obstante, que puedan salir adelante algunos de los cambios buscados.

“Un rasgo común del constitucionalismo estadounidense es que las opiniones y los fallos cambian, que nada es para siempre. Trump y su equipo están adoptando conscientemente la idea de probar algunas cosas. No saben qué va a funcionar, pero será una especie de prueba de estrés”, afirma.

Con “la especie de histeria” creada en torno a la inmigración como una crisis política, concluye, es posible que Trump obtenga el apoyo de la población y consiga hacer calar que se trata de un problema que requiere solución, “incluso si afronta obstáculos legales y judiciales”.