“En las tiendas y comercios en México ya están circulando listas de precios con los ajustes derivados de los nuevos impuestos, en particular del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS)”, señaló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Explicó que en el caso de los cigarros, los precios ajustados entrarán en vigor el 1º de enero de 2026, aunque algunas marcas señalan que será en días posteriores. Por lo que se observa un incremento que va de 15 a 22 pesos por cajetilla, lo cual depende de la marca y la cantidad de cigarros que contiene.

En ese sentido, de acuerdo a las listas de precios a las que tuvo acceso esta casa editorial se muestra que diferentes versiones de Pall Mall en cajetillas de 20 unidades tendrán un costo de 96 pesos, los Lucky Strike tendrán un precio de 103 pesos. No obstante, otras marcas de British American Tobacco México se mantendrán por debajo de ese precio en un rango que va desde 53 hasta 87 pesos.

Por su parte, Philip Morris también dio a conocer los ajustes a sus productos, como es el caso de los Benson & Hedges, cuyo costo será de 106 pesos, mientras los Marlboro rojos costarán 103 pesos, aunque otras versiones alcanzarán un costo de 106 pesos. De igual manera, otras de sus marcas tendrán un costo de entre 50 y 87 pesos.

El incremento en el costo de estos productos de tabaco ocurre debido a que la tasa del IEPS pasará de 160 por ciento a 200. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) creó un esquema de actualización gradual en el impuesto a los tabacos que terminará en 2030.

La medida no busca elevar la recaudación: Hacienda

Esta estrategia indica que la cuota por cada cigarro enajenado o importado comenzará en 0.8516 pesos a partir de 2026, incrementándose progresivamente a 0.9197 pesos en 2027, a 0.9932 pesos en 2028 y a 1.0726 en 2029.

En cuanto a los refrescos, la Anpec indicó que “el incremento entró en vigor este mismo mes, los días 13 y 22 respectivamente para las dos empresas refresqueras más grandes en el país. Los listados muestran aumentos de uno a 8 pesos dependiendo de la presentación del producto”.

El IEPS a refrescos y bebidas azucaradas pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro para bebidas con azúcares añadidos, y se introducirá un impuesto de 1.5 pesos por litro a bebidas con edulcorantes no calóricos.

Así, una botella de 600 mililitros de Pepsi ahora costará 20 pesos, mientras un litro 25 pesos. Una Coca-Cola de litro y medio costará 35 pesos y una lata 25 pesos.

Patricio Páez, propietario de una tienda de abarrotes, indicó a La Jornada que efectivamente ya se conocen los precios actualizados, pero no de todos los productos a los que se aplicarán los “impuestos saludables”.

Anotó que aún no sabe si los costos de las bebidas saborizadas aumentarán, pero en caso de hacerlo se sumará al 10 por ciento que hubo este año.

De acuerdo con Hacienda, el objetivo de los “impuestos saludables” no tiene el fin de aumentar la recaudación, sino inhibir el consumo de productos de tabaco y, por consecuencia, cuidar la salud de la población.

El ex silbante deberá presentarse por su propia cuenta en un plazo de 3 días ante las autoridades de dicho penal para que cumpla con la medida cautelar impuesta.

Además, la juzgadora dejó sin efecto hasta el momento la orden de aprehensión en su contra, sin embargo, en caso de que Marco Antonio «N» no se presente a ese penal, podrá solicitarse el mandamiento de nueva cuenta, contaron fuentes ministeriales.

La audiencia se celebró a las 12:00 horas de este martes en las salas orales de Doctor Lavista, hasta donde acudió, luego de que no se presentara a una comparecencia el pasado 18 de noviembre.

Fue justo por esa ausencia por la que los abogados de la víctima y el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia solicitaron a la juez revisar las medidas cautelares impuestas y solicitaron el cambio tras ausentarse.

El ex árbitro fue denunciado en 2023 por su ex pareja, Alva Neri Hernández.

Desde entonces, este sujeto obligó a empresarios gasolineros a vender huachicol, y a quienes se negaban incluso llegó a exigirles 70 por ciento de los derechos de sus empresas, bajo la amenaza de privarlos de la libertad o asesinar a sus familiares.

Lo anterior consta en los registros del juzgado primero de distrito en el estado de Tabasco, donde radica el juicio de amparo que interpuso El Abuelo, en un intento por alcanzar la libertad durante el proceso en el que se le consideró responsable de secuestro agravado, extorsión y asociación delictuosa.

En el documento, del cual posee copia La Jornada, se señala que la Fiscalía General de Justicia de Tabasco logró acreditar que Bermúdez Requena y sus cómplices tenían años involucrados en la venta ilegal de combustible, secuestro, extorsiones, homicidios, desaparición de personas, narcomenudeo y portación de armas, entre otros, delitos en esa entidad; por esas actividades, “logró ser el principal operador” de La Barredora, “pues se aprovechaba de los cargos públicos de ostentaba”.

Policías, los lugartenientes

Según el informe, los hombres bajo el mando de El Abuelo cumplían “cada uno de ellos una función en el robo y venta ilegal de gasolina. Algunos tenían la tarea de extorsionar a sus víctimas, otros de privarlas de la libertad, amenazarlas de muerte o brindar protección al grupo delictivo”.

Y lo hacían “utilizando el poder del cargo público que ostentaban y todas las conductas con unidad de propósito delictivo para beneficiar en diversas formas al mismo grupo delincuencial del cual es integrante”.

Las investigaciones que sustentan la causa penal por la cual Bermúdez Requena está preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, en el estado de México, establece cómo operaba. El 21 de noviembre de 2018 arribó acompañado por sus cómplices a una gasolinera con una advertencia para el propietario: “tenía que recibir unas pipas de gasolina para venderla en su gasolinera, porque lo tenían vigilado a él y a su familia, mostrándole esas personas armas de fuego”.

Una víctima intentó negarse y fue secuestrado –según el documento– durante varios días hasta que lo obligaron a firmar la cesión de derechos de 70 por ciento de su gasolinera.

La acusación formal

De esta manera, el Ministerio Público le formuló la siguiente imputación a El Abuelo: “por diversos hechos constitutivos de delito (…) usted desde el año 2017 forma parte de un grupo delictivo de más de tres personas, el cual se dedica a la venta ilegal de combustible, secuestro, extorsiones, homicidio, desaparición de personas, narcomenudeo, portación de armas, entre otros, en el estado de Tabasco, logrando ser el principal operador de este grupo, pues aprovechaba los cargos públicos que ostentaba. Primero, como director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y posteriormente como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana”.