Ciudad de México, 15 de octubre de 2025.- Luego de un debate que se extendió por casi siete horas, los diputados federales aprobaron en lo particular la Ley Federal de Derechos, con los aumentos propuestos en el dictamen, con 352 votos a favor por parte de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), y 133 en contra por parte de los grupos parlamentarios de oposición.
En la minuta enviada al Senado de la República para ser ratificada, se crearon nuevos cobros de derechos como el de autorizaciones para realizar visitas a embarcaciones en navegación de altura, como por ejemplo los cruceros, por el que se cobrará 297.89 pesos.
También se estableció un pago por formatos de autorización de salida del país de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica, con un monto de 294.01 pesos.
Además de los incrementos en trámites migratorios para extranjeros y del ingreso a sitios turísticos y museos, a los que se aprobaron aumentos de hasta más de 100 por ciento, destacan los incrementos en servicios de verificación establecidos en la Ley de Aviación Civil y en la Ley de Aeropuertos.
Entre ellos, los servicios de certificación mediante vuelos de inspección de ayudas a la navegación aérea, por cada hora de vuelo, para los cuales se avaló un cobro de 57 por ciento más, al pasar de 134 mil a 211 mil 618 pesos.
La expedición de certificados de capacidad, licencia o permiso para personal aeronáutico sube hasta en un 20 por ciento; los certificados de aeronavegabilidad hasta en un 32 por ciento y los Servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que brinda a entidades financieras, tienen 16 por ciento de incremento.

Las reservas presentadas por más de 60 oradores fueron descartadas en medio de los reclamos de la oposición por aprobarse una ley que, acusó, viola el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31 de la Constitución.
Los incrementos en materia migratoria, dijo la priísta Marcela Guerra al presentar una de las reservas, representan un “encarecimiento desproporcionado, que convierte un derecho, una regularización migratoria, en un privilegio que solo se obtiene el que tiene dinero suficiente”.
En tanto, la diputada de Morena, Petra Romero, defendió que la adecuación “no solo es necesaria sino urgente para garantizar certeza y coherencia jurídica”, al citar como ejemplo las modificaciones en materia de telecomunicaciones.

Ciudad de México, 13 de octubre de 2025.- Las amenazas de bomba se trasladaron a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Luego de tres semanas seguidas en las que diferentes planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habían padecido amenazas por colocación de artefactos explosivos, hoy lunes se presentó algo similar en la unidad Cuajimalpa.

Tras llevar a cabo la verificación de las instalaciones, y con base en sus protocolos para este tipo de situaciones, la UAM informó que se trató de una falsa alarma.

“En estricto apego a la autonomía, la institución trabajó en conjunto con las autoridades de gobierno de la CDMX para llevar a cabo la revisión del campus, sin que se hallara algún objeto sospechoso”, detalló en un comunicado.

Asimismo, aseveró que efectuarán las investigaciones para identificar a las personas involucradas, con el fin de deslindar responsabilidades, para lo cual se apoyarán de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Tras este hecho ocurrido ahora en la UAM, la institución exhortó a los estudiantes, docentes y personal a mantenerse alertas ante posibles riesgos que atenten contra su seguridad o integridad.

“Entre todos podremos construir espacios seguros, libres. De violencia y creando lazos de protección y confianza mutua que nos permitan desarrollar nuestras actividades cotidianas”, concluyó.

Ciudad de México, 1 de octubre de 2025.- En una segunda sesión del Senado se inició esta tarde la discusión del dictamen de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de amparo, la que, según expresó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, se mantiene como “el dique protector de la ciudadanía antes los abusos y arbitrariedades del poder, pero se previene que no sea ya un instrumento exclusivo de las élites”

El dictamen se aprobó horas antes en comisiones, con el voto de Morena y aliados, ya que la oposición no la avaló, a pesar de los cambios de fondo en los puntos más polémicos de la iniciativa presidencial, entre ellos la referida “al interés legítimo” en que ya se contempla la posibilidad de amparos colectivos.

Antes de que concluyera la primera sesión de este día, el dictamen quedó en primera lectura y se abrió una segunda sesión, en la que se debaten las modificaciones a la Ley de Amparo.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, detalló que los cambios a la iniciativa presidencial se dieron luego de las dos audiencias públicas para se abrieron para escuchar a especialistas, entre ellos litigantes, académicos, asociaciones y colegios de abogados, jueces, magistrados y funcionarios del gobierno federal.

“Nos aseguramos de que estuvieran presentes todas las visiones sobre el amparo, y no solamente las autoridades, quienes son sujetos no solamente esenciales o quienes las aplican, sino fundamentalmente quienes las litigan, quienes las postulan en el derecho ante los tribunales», sostuvo.

Expuso luego que un cambio fundamental a la iniciativa presidencial se dio en el artículo quinto de la Ley de Amparo relativa al interés legítimo. La iniciativa presidencial, dijo, plantea facilitar el acceso a ese instrumento jurídico, sin distorsionar la naturaleza del acceso a la protección de derechos humanos en la defensa de intereses colectivos o difusos.

Sin embargo, agregó, derivado del amplio debate coinciden y coincidimos con la necesidad de precisar en la ley los elementos que deben tomarse en cuenta para tener por acreditado el interés legítimo para acudir al amparo.

Se precisó, por ello que “la lesión jurídica resentida puede ser individual o colectiva, toda vez que varias voces advirtieron, que la redacción parecía sólo individualizar la lesión».

“En consonancia a con la redacción del artículo 107 de la Constitución se señala que el interés puede tener esas dos dimensiones. De esta forma, atajamos el riesgo que se señalaba de cerrarle la posibilidad a demandas de carácter colectivo para la protección de los llamados derechos difusos”.

Se eliminó además la exigencia de que la lesión sea actual, ya que con ello se podría dejar afuera casos en que la lesión jurídica es inminente o previsible.

Se estima también conveniente eliminar el requisito de que el beneficio obtenido con la sentencia sea directo, para que quede claro que este beneficio puede derivar de la pertenencia a un colectivo, sin necesariamente requerir de una particularización respecto de la persona promovente.

El presidente de la Comisión de Justicia recalcó que no es menor tampoco el cambio que se realizó a la iniciativa en materia de cumplimiento de las ejecutorias de amparo, recobrando los términos originales de la ley vigente, “pues consideramos relevante mantener la posibilidad de sancionar a los servidores públicos que incumplan las resoluciones de las y los órganos jurisdiccionales”.

Por su parte, el senador Inzunza expuso que la reforma “garantiza el acceso a una justicia más ágil, efectiva y humanista, en sintonía con los principios constitucionales y los tratados de derechos humanos que ha suscrito el país y, por supuesto a las exigencias de la sociedad”.

En el caso de las modificaciones a la suspensión en el juicio de amparo es para impedir que se utilice para mantener prácticas ilícitas o privilegios indebidos.

El coordinador de MC, Clemente Castañeda, presentó una moción suspensiva de la reforma, pero fue desechada y comenzó la presentación de posturas de cada uno de los grupos parlamentarias.