Ernesto «N» y siete personas más han sido vinculados a proceso por contrabando de combustible y delincuencia organizada. La determinación fue emitida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega tras una audiencia que se prolongó durante más de 30 horas. Esta acción judicial se enmarca en la estrategia de las autoridades para combatir el huachicol fiscal y fortalecer la seguridad nacional. Las implicaciones de este caso podrían tener un impacto significativo en la lucha contra el crimen organizado.
Se prevé que se brinde más información sobre este asunto en breve.