La Fiscalía de Bolivia ha emitido una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien ocupó la presidencia entre 2006 y 2019. Morales enfrenta varios cargos, incluyendo terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, vinculados a las protestas y bloqueos de carreteras que tuvieron lugar entre mayo y junio de este año, donde se demandaba la renuncia del actual presidente Rodrigo Paz. Esta situación tiene implicaciones significativas en la estabilidad política del país y podría afectar las relaciones internacionales de Bolivia.
El fiscal Brayan Melgar, responsable de la orden, afirma que Morales también es acusado de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. Las protestas, impulsadas por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana, resultaron en desabastecimiento de productos esenciales y varios fallecimientos, siendo al menos 16 muertes atribuidas a la falta de atención médica adecuada debido a los bloqueos.
La denuncia en contra de Morales surgió tras la presión de líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y económicamente activa del país, y fue respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La acusación se extiende también a otros líderes sindicales como Marco Argollo y Vicente Salazar, este último detenido desde julio debido a una investigación relacionada con los mismos eventos.
Evo Morales ha negado haber incitado a la renuncia del presidente Paz, argumentando que las movilizaciones buscaban un diálogo del gobierno con los sectores movilizados. Sin embargo, sus declaraciones han sido examinadas con atención tras un mensaje en redes sociales, donde apuntó a dos posibles acciones que el presidente podría tomar: militarizar el país o convocar elecciones anticipadas.
En respuesta a las tensiones, el presidente Paz decretó un estado de excepción el 20 de junio, permitiendo la movilización de fuerzas policiales y militares para deshacer los bloqueos y restaurar la circulación en las carreteras del territorio nacional.
Además, Morales enfrenta acusaciones más graves en un caso independiente relacionado con su supuesta relación con una menor durante su mandato, lo que incluye una orden de captura posterior por no presentarse al juicio correspondiente. Actualmente, el expresidente reside en el Trópico de Cochabamba, resguardado por seguidores que buscan impedir su detención. La situación en Bolivia, caracterizada por la polarización política y la incertidumbre, sigue en evolución, siendo objeto de observación por parte de la comunidad internacional.