Casi 3 mil ataques registrados en la última década en [Ciudad/Estado]

La independencia del Poder Judicial en México ha mostrado un deterioro sostenido entre 2018 y 2025, reveló un estudio de la organización México Evalúa. Este informe destaca que los ataques discursivos y las presiones presupuestales han comprometido la capacidad del sistema judicial para garantizar derechos y mantener el Estado de derecho.

El documento titulado «Poder Judicial en México, 2018-2025: lecciones y salvaguardas para proteger su independencia» advierte que este proceso de erosión afecta el equilibrio entre poderes. La organización subraya que «la independencia no es un privilegio, es un bien público», según Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad.

El estudio pone de manifiesto que existe una estrategia de deslegitimación del Poder Judicial a través del discurso público, documentando 2,983 ataques entre 2018 y 2025, lo que equivale a más de uno por día. Estos ataques han aumentado significativamente, pasando de ocho en 2018 a 867 en 2024.

Vargas explicó que este fenómeno no se ha dado en un vacío, sino que ha encontrado un terreno favorable debido a la ventaja comunicacional del Poder Ejecutivo y la creciente desconfianza de la sociedad hacia el sistema judicial. La polarización social ha facilitado la amplificación de narrativas desmoralizantes.

Al mismo tiempo, el Poder Judicial ha enfrentado recortes presupuestales que han limitado su funcionamiento, afectando recursos para infraestructura y personnel. Aunque el recorte promedio ha sido del 5.6%, en años clave ha llegado hasta el 17%.

A pesar de estos desafíos, la productividad del sistema judicial ha aumentado, con un número de asuntos resueltos por cada 1,000 funcionarios casi duplicándose entre 2020 y 2023. Sin embargo, Vargas advirtió que este incremento es resultado de una intensificación del trabajo, no de un fortalecimiento institucional.

En un panel posterior, el ministro en retiro Javier Laynez alertó sobre los riesgos de la reforma judicial, incluyendo la subordinación política de jueces. Por su parte, la exmagistrada electoral Janine Otálora consideró que la legitimidad del sistema judicial radica en la calidad de su capacitación y su independencia, no en el voto popular.

Finalmente, el estudio propone «salvaguardas» para proteger la independencia judicial, tales como limitar el discurso oficial contra otros poderes y asegurar recursos adecuados para su funcionamiento.