Guanajuato.- La publicación del decreto federal que autoriza la ocupación de 112 predios para el tren Querétaro-Irapuato se da en un contexto donde persisten pagos pendientes y negociaciones con propietarios en varios municipios. Estas circunstancias incluyen reportes de daños en viviendas y ajustes aún por definir en el trazo de la vía.
En Celaya, continúan las conversaciones para modificar el trazo de la obra. El Ayuntamiento ha reubicado a personas que ocupaban el derecho de vía. En Salamanca, se han reportado grietas y daños que los vecinos atribuyen al tránsito de maquinaria pesada, mientras que en Irapuato se ha solicitado que el tren cruce la ciudad mediante un viaducto.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación abarca un total de 326 mil 930.902 metros cuadrados en Apaseo el Grande, Celaya, Villagrán, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca e Irapuato. De los 112 inmuebles, 104 están ubicados en Guanajuato, siendo Salamanca el municipio con la mayor cantidad de predios afectados, con 39.
La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado es la entidad responsable de pagar las indemnizaciones a los propietarios que acrediten su propiedad. Los valores de estas indemnizaciones serán determinados mediante avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
Este proyecto ferroviario tiene su origen en un decreto presidencial emitido el 20 de noviembre de 2022, que clasificó como prioritario el transporte ferroviario de pasajeros en la ruta que incluye Querétaro, León y Aguascalientes.
En Celaya, los seis inmuebles afectados suman 4 mil 352 metros cuadrados. El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez notificó que el municipio entregó información sobre los valores comerciales al Gobierno federal y que las negociaciones con los propietarios son responsabilidad de la Federación.
El alcalde subrayó la necesidad de agilizar el proceso, ya que la legislación relacionada con ejidos y la pequeña propiedad puede prolongar la expropiación. Hasta ahora, algunas obras han comenzado y se están entregando recursos a los afectados.
Por su parte, en Salamanca, el secretario del Ayuntamiento, Gonzalo Esaú Cano Calvete, mencionó que la liberación de vías y los avalúos aún dependen del Gobierno federal. El municipio actúa como intermediario a través de mesas de atención social, aunque se han presentado retrasos en los pagos, lo que ha llevado a canalizar esos casos a la Federación.
En este municipio, los habitantes han reportado daños en viviendas cercanas a las obras, y los reclamos son enviados a la Federación para que se realicen peritajes. Los ciudadanos afectados son instados a dirigirse a la Secretaría del Ayuntamiento durante las mesas semanales de atención.
En Irapuato, el decreto cubre 19 inmuebles. La alcaldesa Lorena Alfaro García indicó que las autoridades federales han solicitado asistencia del municipio para iniciar trabajos de compensación. En las reuniones relacionadas, Irapuato propuso que el tren pase por un viaducto para mitigar el impacto urbano. No obstante, hasta el momento no se ha recibido confirmación de la implementación de esta alternativa.
Irapuato también ha presentado dos planes maestros que serán considerados en los estudios de impacto. Uno de ellos se relaciona con la estación del tren, y el otro con un plan para el desarrollo y la investigación en la región.
Según la alcaldesa, se ha informado sobre una segunda fase del proyecto que se extendería desde Irapuato hacia Silao y León, con la posible participación de autoridades militares en el desarrollo.
Finalmente, en León, las autoridades locales aún no tienen información precisa sobre el trazo del tren entre Irapuato y León. El director de Movilidad del municipio manifestó la falta de claridad respecto a la ubicación de estaciones y la inversión para esta parte del proyecto, señalando que la información disponible proviene únicamente de comunicados oficiales del Gobierno federal.
