De acuerdo con un documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, de los Estados Unidos, Nicolás Maduro tuvo cobertura diplomática para gestionar el retorno de las ganancias de la venta de cocaína.

En la página 11 del mismo texto, se explica cómo habría sido la supuesta estrategia:

“Entre 2006 y 2008, aproximadamente, mientras se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro Moros vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a personas que él sabía que eran narcotraficantes para ayudarlos a trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela bajo cobertura diplomática. Cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela, Maduro Moros facilitaba el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni de las fuerzas militares.

En estas ocasiones, Maduro Moros llamaba a la embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión cargaba el dinero del narcotráfico. El avión regresaba a Venezuela bajo cobertura diplomática”, asegura el archivo.

La Justicia de Estados Unidos también sostiene que altos funcionarios venezolanos, encabezados por Maduro, facilitaron y protegieron durante años el envío de toneladas de cocaína en alianza con Los Zetas (hoy el Cártel del Noreste).

Por otro lado, el escrito enlista la participación de militares, políticos y operadores logísticos del régimen venezolano, asegurando que existía un mecanismo de corrupción, protección y violencia que convirtió a Venezuela en una de las principales plataformas del narco en el mundo.

Alianza con Los Zetas

Además de los cargos presentados contra Maduro, el texto judicial menciona la relación del mandatario con distintos personajes, entre ellos: Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra.

Menciona que desde 1999, los líderes venezolanos “colaboraron con narco-terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua”, una relación que involucraría, además de Venezuela y México, una estructura multinacional con conexiones en Colombia, Centroamérica y Estados Unidos.

Los párrafos indican que la colaboración iba más allá de la simple protección militar, se trataba ya de la institucionalización y el uso de recursos estatales para el narcotráfico en beneficio de Los Zetas.

Al igual, funcionarios venezolanos vendieron pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, se facilitaron vuelos encubiertos y se ofreció cobertura oficial para movimientos de dinero y estupefacientes. El pago de sobornos era una constante, pues cuando un cargamento era interceptado, la respuesta era la entrega de millones de dólares a cambio de silencio:

“Los beneficios del narcotráfico fluían desde las bases militares y policiales hasta las cúpulas del poder, enriqueciendo a los círculos familiares de Maduro y sus principales aliados”, denuncia la Justicia de EEUU.

La Justicia de Estados Unidos sostiene que altos funcionarios venezolanos, encabezados por Nicolás Maduro, facilitaron y protegieron durante años el envío de toneladas de cocaína en alianza con Los Zetas (hoy transformados en el Cártel del Noreste), uno de los cárteles más violentos de México, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El documento menciona la implicación de militares, políticos y operadores logísticos del régimen venezolano, y detalla un mecanismo de corrupción, protección y violencia que convirtió a Venezuela en una de las principales plataformas del narcotráfico internacional.

Un narco-Estado en alianza con Los Zetas

La acusación formal contra Nicolás Maduro también menciona a personajes de su círculo más cercano, entre ellos: Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra.

El texto judicial sostiene que, desde al menos 1999, los líderes venezolanos “colaboraron con narco-terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua”. Esta relación criminal no sólo involucró a Venezuela y México, sino que operó como una estructura multinacional con conexiones en Colombia, Centroamérica y Estados Unidos.

Entre los fragmentos más contundentes del documento, se detalla que entre 2003 y 2011, mientras Diosdado Cabello ocupaba cargos oficiales relevantes en Venezuela, Los Zetas trabajaron con un grupo de traficantes colombianos para despachar cargamentos en barcos contenedores con cinco a seis toneladas de cocaína cada uno —y a veces hasta veinte toneladas— desde puertos venezolanos hacia México y, finalmente, a Estados Unidos.

“Las decenas de miles de kilogramos de cocaína enviados por este grupo fueron protegidos en Venezuela por funcionarios militares venezolanos conocidos como ‘los generales’”, se lee.

La acusación judicial también subraya que Los Zetas recibían estos cargamentos bajo protección oficial venezolana, altos cargos militares y políticos, y luego la organización mexicana controlaba las rutas clave en Centroamérica y los métodos para cruzar la cocaína.

Corrupción institucional

La colaboración iba más allá de la simple protección militar. El régimen venezolano institucionalizó el uso de recursos estatales para el narcotráfico en beneficio de Los Zetas.

Al igual que hicieron con el Cártel de Sinaloa, funcionarios venezolanos vendieron pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, se facilitaron vuelos encubiertos y se ofreció cobertura oficial para movimientos de dinero y estupefacientes entre Venezuela y México.

“Los beneficios del narcotráfico fluían desde las bases militares y policiales hasta las cúpulas del poder, enriqueciendo a los círculos familiares de Maduro y sus principales aliados”. El pago de sobornos era una constante: cuando un cargamento era interceptado, la respuesta era la entrega de millones de dólares a cambio de silencio e impunidad.

Cabe recordar que desde febrero de 2025, el Departamento de Estado de EEUU designó al Cartel del Noreste (CDN), sucesor de Los Zetas, como organización terrorista extranjera (FTO).

Rutas y métodos

La infraestructura empleada para el tráfico de drogas incluyó rutas marítimas y aéreas. Los envíos de cocaína masivos partían de puertos venezolanos hacia el Caribe, Centroamérica y México, usando lanchas rápidas, buques pesqueros y portacontenedores.

Paralelamente, vuelos desde pistas clandestinas y aeropuertos comerciales controlados por funcionarios del régimen transportaban droga y dinero en efectivo a México, Honduras y Guatemala.

El expediente judicial subraya que la cooperación entre Venezuela y Los Zetas no se limitó al transporte de droga. La colaboración también incluyó la provisión de armas, protección armada, apoyo logístico y la facilitación del lavado de dinero a través de empresas estatales venezolanas.

Según las estimaciones presentadas por las autoridades estadounidenses, para el año 2020, hasta 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela, una porción significativa de las cuales era destinada a rutas controladas por Los Zetas.

“El ciclo de corrupción basada en narcóticos llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a los narcoterroristas violentos que operan con impunidad en suelo venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, se lee en el texto de la acusación formal.

El documento judicial incluye episodios concretos de colaboración entre Los Zetas y funcionarios venezolanos, como el pago de 2,5 millones de dólares tras la incautación de un cargamento en México.

La acusación también documenta que familiares cercanos de Nicolás Maduro, como su hijo Nicolás Maduro Guerra y sus sobrinos Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, participaron de forma activa en la organización y logística de envíos de droga hacia el extranjero.

En concreto, las investigaciones y grabaciones de la DEA revelaron reuniones en las que los sobrinos de Cilia Flores y Maduro negociaban el envío de cargamentos de cocaína desde el “hangar presidencial” de Caracas, un área restringida del principal aeropuerto venezolano. En esas conversaciones, los familiares explicaban que contaban con acceso directo a recursos estatales y protección oficial para facilitar el tránsito y la carga de droga hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Estas operaciones, según la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, crearon “un sistema donde el poder político y militar venezolano se devora a sí mismo en una espiral de corrupción alimentada por el narcotráfico”.

Con información de Anayeli Tapia Sandoval de Infobae

La noticia no sacudió solo a Caracas. Retumbó en todo el continente. La captura de Nicolás Maduro —más allá del cómo, del cuándo y del expediente— envía un mensaje inequívoco: Estados Unidos no ha renunciado a intervenir cuando decide que el tablero se salió de control.

Durante años, Washington toleró, administró o simuló distancia frente a regímenes de incómodos. Hoy, el péndulo se mueve a la derecha y en América Latina nadie duerme tranquilo. Menos aún quienes construyeron su poder bajo el financiamiento de grupos criminales.

La pregunta que empieza a circular — es simple y brutal:
si Estados Unidos decidió ir por Maduro, ¿quién sigue?

México no es Venezuela pero el modus operando es similar, recordemos que Nicolás Maduro es juzgado por tener vínculos con el Cartel de Sinaloa y formar parte del Cartel de los Soles.

En años pasados se ha señalado y documentado que el movimiento encabezado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador fue financiado por distintos grupos criminales.

El tema del huachicol, las redes financieras opacas, la penetración territorial del crimen organizado y la tolerancia política hacia estructuras ilegales en México no son inventos mediáticos: son asuntos documentados, discutidos en informes de seguridad y observados con lupa por agencias de inteligencia

Por eso Macuspana tiembla.

La sola posibilidad de que Washington decida operar política, mediática o militarmente en México reconfigura todo: alianzas, silencios, lealtades. Y pone en la mira a quienes fueron operadores, herederos o arquitectos de un proyecto de “transformación” que llegó al poder gracias al crimen organizado.

La historia lo cuenta todo. Estados Unidos siempre ha intervenido en México cuando sus intereses lo dictan. A veces con marines. A veces con dinero. A veces con titulares. A veces con expedientes. Lamentablemente Porfirio Díaz fue víctima de los gringos, impulsaron una revolución que terminó de destruir México.
Pero Madero no estaba acompañado de personajes como los que hoy acompañan al ex-presidente López Obrador

El giro a la derecha en Washington no es retórico. Es estratégico. “Make America Great Again” no es un eslogan: es una doctrina de poder. Y bajo esa lógica, México no es socio: es frontera, mercado y riesgo.

En ese contexto, figuras del empresariado —como Ricardo Salinas Pliego— reaparecen no solo como actores económicos, sino como piezas posibles en un reacomodo político donde el capital, los medios y el respaldo internacional vuelven a alinearse.

Nada de esto significa que vaya a ocurrir mañana. Pero el simple hecho de que sea pensable cambia el juego.

Cuando cae Maduro, no cae solo un hombre. Cae Andy López Beltrán, Adán Augusto, Mario Delgado, Ricardo Monreal… y el más importante el Capo de Capos Don Andrés Manuel López Obrador.

Macuspana lo sabe.
Washington también.

Washington, E.U., 17 de diciembre de 2025.- El presidente Donald Trump ofreció desde la Casa Blanca un mensaje a la nación de Estados Unidos con una narrativa de intimidación contra los migrantes al señalarlos de la supuesta pérdida de bienestar, seguridad y futuro del pueblo estadounidense. En su mensaje culpó a la administración anterior de haber gobernado en favor de: “inmigrantes indocumentados, criminales profesionales y naciones extranjeras que se aprovecharon del país”.

El mandatario acusó que las administraciones anteriores “inundaron” ciudades y pueblos con inmigrantes indocumentados, destruyeron los ahorros de las familias trabajadoras y promovieron el adoctrinamiento de niños con odio hacia Estados Unidos, al tiempo que sostuvo que se liberaron niveles de delincuentes violentos nunca antes vistos para depredar a la población y provocar una situación “horrible” en el mundo.

“Heredamos la peor frontera del mundo y rápidamente la convertimos en la más fuerte de la historia de nuestro país. En pocos meses pasamos de lo peor a lo mejor. Estamos deportando criminales y devolviendo la seguridad a nuestras ciudades más peligrosas”, dijo.

En ese contexto aseguró que durante su administración un total de cero migrantes han cruzado la frontera sur del país en los últimos siete meses.

El presidente de Estados Unidos presentó la migración como un eje central del deterioro nacional y responsabilizó directamente a la administración de su antecesor, el demócrata Joe Biden, de haber permitido el ingreso masivo de migrantes indocumentados, a quienes nuevamente vinculó, sin presentar pruebas, con el crimen organizado, la violencia y la presión sobre los servicios públicos.

Trump también afirmó que comenzó a registrarse una “migración inversa”, con personas no nacidas en EU regresando a sus países de origen como resultado de las políticas que ha implementado.

Estados Unidos, 3 de diciembre de 2025.- El presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó el miércoles que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se dejará expirar o se elaborará otro acuerdo. La declaración se produjo el mismo día en que dio inicio la audiencia pública previa a la revisión del tratado que está a cargo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y en la que participan grupos agrícolas, empresariales y políticos.

Cuestionado sobre la situación del tratado, Trump respondió: “Vence en aproximadamente un año. Y lo dejaremos vencer o tal vez llegaremos a otro acuerdo con México y Canadá”.

Además el mandatario volvió a acusar que sus socios se han venido aprovechando de Estados Unidos. “Pero mira, México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos como casi todos los demás países”, apuntó.

Si bien precisó que dicho actuar no es único de estos países y que la administración anterior a la suya contribuyó a ello. “No los culpo a ellos, sino a todos los países. Porque teníamos gente estúpida al mando”. “Por eso tenemos una deuda de 38 billones de dólares”.

La audiencia pública del USTR que se extenderá hasta este viernes debería servir para que la administración de Trump decida sobre el futuro del T-MEC cuando se revise el 1 de julio del próximo año.

Recibió mil 500 comentarios y está previsto que intervengan unas 150 personas para tratar temas como reglas de origen, normas laborales, contenido digital, cadenas de suministro y regulación ambiental.

En su primer día la audiencia estuvo dominada por la participación de líderes agrícolas, quienes defendieron la importancia del T-MEC para su sector, dado que les ha permitido ampliar sus ingresos, y al mismo tiempo criticaron las afectaciones que les trae la política arancelaria, según los testimonios citados por CBC.

El secretario de la Asociación Americana de la Soya, Dave Walton, habló sobre la decisión de gravar las exportaciones canadienses y mexicanas -de productos como acero, aluminio y piezas de automóviles, al respecto comentó que los aranceles “aumentan la probabilidad de que los productores de soya estadunidenses terminen en la mira de posibles represalias”.

En ese sentido, el vicepresidente del Consejo Hortícola del Noroeste, Riley Bushue, recordó que los aranceles de represalia impuestos por México durante la guerra comercial del primer mandato de Trump dañaron las exportaciones de su industria.

Por su parte, la directora de asuntos gubernamentales de Blue Diamond -principal productor de almendras con sede en California-, Alicia Rockwell, ponderó que Canadá y México son “mercados absolutamente críticos” para su industria y describió al T-MEC como “esencial para la supervivencia de miles de granjas familiares”.

Aunque también hubo quienes hicieron referencia al proceder de Canadá en el sector lácteo señalando que dicho país saca ventaja y no actúa de “buena fe”.

“Lamentablemente, Canadá tiene una larga historia de trabajar para identificar y explotar las lagunas en sus compromisos comerciales de productos lácteos en lugar de cumplirlos de buena fe”, acusó la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Productores de Leche y del Consejo de Exportación de Productos Lácteos de Estados Unidos, Shawna Morris.

La implementación del acuerdo por parte de Canadá “en realidad ha limitado el acceso de los exportadores de productos lácteos estadunidenses al mercado canadiense en lugar de mejorarlo como se pretendía”, declaró la vicepresidenta senior de la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos, Becky Rasdall Vargas.