España, 31 de mayo de 2024.- El Congreso de España aprobó el jueves una ley histórica que otorga amnistía a los separatistas catalanes que participaron en el referéndum independentista ilegal de octubre de 2017, un indulto que podría aplicarse a cientos de personas, entre ellos Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña que vive en un exilio autoimpuesto desde hace siete años.
La medida se había enfrentado a la resistencia de los partidos de la oposición en los últimos meses, provocó indignación generalizada y manifestaciones masivas en ciudades de toda España y la oposición la denunció como una estratagema del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder. Sánchez negoció la amnistía con el partido separatista catalán Junts per Catalunya después de que su propio partido no obtuviera la mayoría en las elecciones generales de julio del año pasado.
Varios diputados gritaron “traidor” cuando Sánchez emitió su voto el jueves.
Los jueces españoles disponen ahora de dos meses para aplicar la nueva ley, aunque la oposición prometió seguir intentando bloquearla. Algunos argumentan que la medida viola el principio de igualdad de la Constitución porque es injusta para otras personas que se enfrentan a procesos judiciales.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, declaró el jueves en una entrevista de radio que su gobierno tomaría medidas para obstaculizar la aplicación de la nueva ley y presentaría un recurso de inconstitucionalidad.
Pablo Simón, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid, señaló que los jueces también podrían interponer recursos si consideran discriminatoria la concesión de la amnistía legal general.
“Cada juez tiene un criterio diferente”, dijo Simón, y añadió que también podrían recurrir a la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea “si consideran que conceder una amnistía legal general es discriminatorio”, en cuyo caso “la ley podría quedar paralizada”.
La ley de amnistía se aplica a las personas involucradas en el movimiento independentista catalán, que llegó a un punto crítico en octubre de 2017, cuando el gobierno separatista de la región, entonces liderado por Puigdemont, ignoró las órdenes judiciales españolas y siguió adelante con un referéndum.
Numerosos votantes resultaron heridos por la intervención violenta de la policía, y una declaración de independencia se produjo tras la votación; así como una represión por parte del gobierno español, que destituyó al gobierno catalán e impuso un control directo. Nueve líderes políticos fueron encarcelados por delitos como sedición, mientras que Puigdemont huyó a Francia y luego a Bélgica, evitando por poco ser detenido.
Aunque el gobierno de Sánchez ya ha concedido el indulto a los líderes políticos y activistas que fueron encarcelados, la amnistía va un paso más allá. Desestimará las causas contra personas que se enfrentan a procesos judiciales por una amplia gama de cargos, entre ellos malversación de fondos públicos para financiar el referéndum de 2017; desobediencia civil —por ejemplo, por parte de profesores que abrieron institutos para utilizarlos como colegios electorales— y resistencia a la autoridad por participar en disturbios que impidieron a las fuerzas del orden españolas reunir pruebas.
Las únicas excepciones a la nueva legislación de amnistía son los casos relacionados con el terrorismo.
La medida fue aprobada por el gobernante Partido Socialista Obrero Español y sus socios de coalición tras un proceso parlamentario que duró semanas. Anteriormente había sido vetada por el Senado, que tiene poderes limitados y está controlado por el Partido Popular, de la oposición.
Sánchez y sus aliados han defendido la amnistía como el mejor camino para la coexistencia pacífica en Cataluña. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, dijo que la ley “cierra una etapa de conflicto, de tensión, de enfrentamiento, y abre una nueva de futuro, de prosperidad”.
Míriam Nogueras, portavoz del partido de Puigdemont, dijo durante el debate de la mañana en el Congreso que la aprobación de la ley “no es perdón ni clemencia”, sino una “victoria” de la democracia.
Pero Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, rechazó la medida como un “intercambio de poder” por “privilegios e impunidad”. Durante el debate dijo: “No se atrevan a llamarle convivencia”. Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, dijo que lo que la ley hace es “legitimar la violencia política en España”.
A pesar de la reacción política y social, la apuesta de Sánchez parece estar dando sus frutos. En las elecciones autonómicas del 12 de mayo, la rama en Cataluña del PSOE hizo historia al obtener suficientes votos para poder formar el primer gobierno de la región en más de una década dirigido por un partido opuesto a la independencia catalana.
Eso no pareció disuadir a Gabriel Rufían, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, quien declaró el miércoles en el Congreso que los separatistas de la región aprovecharían el impulso para presionar de nuevo a favor de la independencia. “Próxima parada, referéndum”, dijo.
Nogueras, portavoz del partido de Puigdemont, calificó la aprobación de la ley de “día histórico”. Pero el camino legal para Puigdemont, quien también ha servido como miembro del Parlamento Europeo desde 2019, sigue siendo incierto.
Simón, el analista político, especuló que si los jueces vincularan al Puigdemont con los disturbios de 2019 organizados por Tsunami Democràtic, un grupo de protesta catalán, en el aeropuerto de Barcelona, él y otros podrían ser potencialmente acusados de terrorismo y, por lo tanto, excluidos de la ley de amnistía.
“Vamos a ver qué pasa”, dijo Simón.
Con información de The New York Times
