Las autoridades gubernamentales y fiscales de la Ciudad de México (CDMX) han anunciado el lanzamiento de un programa de recompensas, en el cual se destinará un total de 10 millones 250 mil pesos para aquellas personas que brinden información crucial que conduzca a la detención de cinco individuos señalados como responsables de generar actos de violencia en la ciudad.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, bajo la dirección de Ernestina Godoy, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estará al frente del Programa de Recompensas para Capturar Generadores de Violencia.

Dentro de este programa, las autoridades buscan la detención de los siguientes individuos, ofreciendo montos específicos: Eduardo «El Chori» Ramírez Tiburcio, con una recompensa de 5 millones de pesos; Fabian Osvaldo «El Cachorro» Solis Vieyra, con 3 millones; Axel Esli Espinoza García, con un millón; Jesús Uriel «El Tuto» Salgado Suárez, con 750 mil pesos, y José Francisco Contreras Martínez, con 500 mil pesos.

La fiscal Godoy detalló que estos sujetos están involucrados en una serie de delitos graves, incluyendo homicidio, secuestro, lesiones con arma de fuego, asociación delictuosa y narcomenudeo. «Estamos presentando a cinco personas que han participado en hechos violentos en nuestra ciudad. En todos los casos contamos con investigaciones sólidas que nos han permitido obtener órdenes de aprehensión vigentes ejecutables», declaró la fiscal.

El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, subrayó que este programa de recompensas es parte de un esfuerzo integral para desarrollar nuevas estrategias que disminuyan la incidencia de delitos, especialmente aquellos de alto impacto.

Los montos de las recompensas serán determinados en función de la relevancia o dificultad para obtener la información, así como la gravedad y número de delitos asociados con cada individuo buscado. Además, se considerará la posición jerárquica de cada persona dentro de la organización delictiva en la que participa. Estas medidas están detalladas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

En un contexto marcado por una de las peores olas de calor registradas en el sur de Estados Unidos, surge una misteriosa situación en la árida región de Texas, próxima a la frontera con México. En esta región, las autoridades y los activistas se ven involucrados en un enigma que gira en torno a la desaparición de varios toneles de agua estratégicamente ubicados por grupos de derechos humanos para ayudar a los migrantes extraviados que transitan a pie por esta peligrosa zona.

Los bidones, de un llamativo azul y marcados con la palabra «Agua» en letras mayúsculas, solían ser elementos difíciles de pasar por alto. Con su capacidad de 208 litros (55 galones) y su altura equivalente a la cintura de una persona, resaltaban entre la maleza y las hierbas, que han perdido su color verde para adoptar un tono café debido a la aridez del sol.

En el condado Jim Hogg, Texas, las temperaturas veraniegas pueden alcanzar hasta los 43.3 grados Celsius. En este vasto territorio con pocas poblaciones, los migrantes y traficantes de personas intentan evadir los retenes de la Patrulla Fronteriza, lo que los lleva a transitar por este condado en su camino hacia rutas más seguras.

A más de 96 kilómetros de la frontera con México, los migrantes pueden pasar varios días antes de llegar a estas rutas, después de atravesar semanas cruzando montañas y desiertos para evitar la violencia de los cárteles.

La importancia de estos puntos de agua estratégicos es crucial, ya que las temperaturas extremas exponen a los migrantes a riesgos letales, como la insolación. Sin embargo, la reciente desaparición de varios de estos puntos de abastecimiento arroja interrogantes acerca de la seguridad y el bienestar de aquellos que intentan cruzar la frontera en condiciones adversas.

Las organizaciones humanitarias comenzaron a instalar estos puntos de agua en la década de 1990, después de que las autoridades encontraran cuerpos sin vida de personas que habían sucumbido a las condiciones extremas. Sin embargo, la reciente desaparición de varios de estos puntos plantea preocupaciones sobre la seguridad y el futuro de los migrantes que enfrentan esta peligrosa travesía.

A medida que se profundiza en este enigma, se vuelve evidente que la cooperación entre las autoridades, los activistas y las comunidades locales será fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de los migrantes en esta región inhóspita. El desafío reside en encontrar soluciones efectivas y sostenibles que aseguren la disponibilidad de recursos vitales en un entorno hostil y desafiante.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha instado este viernes a evitar la politización del debate en torno al contenido de los nuevos libros de texto de la Secretaría Educación Pública (SEP), enfatizando que «la educación de la niñez no es un botín». La organización ha señalado que el plan de trabajo relacionado con los libros de la SEP se ha dado a conocer tardíamente y con problemas, lo que ha dejado a docentes, estudiantes y adolescentes con poco tiempo para adaptarse al nuevo ciclo escolar.

Respecto al contenido de los libros editados por la SEP, Redim ha expresado que el enfoque en derechos humanos en términos de igualdad, paz y contra la discriminación debe ser una responsabilidad constante del Estado y no una carga ni un monopolio de ningún gobierno. La organización ha considerado que debatir si los libros están cargados de una orientación política o no, es un falso dilema que no debe prevalecer.

En este sentido, Redim ha hecho un llamado para que la discusión en torno a la educación de los estudiantes de primaria y secundaria se centre en los efectos que la pandemia ha tenido al alejarlos de las aulas por más de un año. Además, ha subrayado la importancia de implementar una educación sexual integral que prevenga la violencia sexual y la discriminación.

La organización también ha resaltado la necesidad de abordar la falta de protocolos de protección para crear entornos escolares seguros, saludables y libres de violencia. Además, se ha señalado la importancia de abordar las denuncias de violencia sexual que han ocurrido en espacios educativos y prevenir el acoso escolar, entre otros temas relevantes.

En una jornada marcada por la violencia que afecta a Guanajuato debido a las actividades del crimen organizado, las autoridades mexicanas hicieron un macabro hallazgo este martes: una camioneta Jeep Liberty color rojo volcada junto a un canal de agua en el municipio de Valle de Santiago.

Dentro del vehículo se encontraron los cuerpos sin vida de cinco personas, cuatro mujeres y un hombre. Todos los cuerpos presentaban signos evidentes de tortura y heridas de bala. La camioneta y sus ocupantes forman parte de un triste y preocupante escenario en la región conocida como Laja-Bajío, la cual se ha convertido en una de las zonas más afectadas por la violencia en Guanajuato.

Las fuerzas de seguridad, incluyendo elementos del Ejército y la Guardia Nacional, así como representantes de la Fiscalía General de Guanajuato, acudieron al lugar para resguardar la escena y llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Hasta el momento, no se ha compartido información sobre los posibles responsables ni el motivo detrás de este crimen atroz.

Guanajuato ha sido una de las entidades más afectadas por la violencia en México desde 2018, registrando un elevado número de homicidios dolosos. En los primeros seis meses de 2023, la entidad reportó mil 674 personas asesinadas, lo que representa aproximadamente el 11% del total de víctimas a nivel nacional. A pesar de que los homicidios dolosos en México disminuyeron en un 1.68% durante este período, con un promedio de 83 al día, la violencia sigue afectando de manera alarmante a ciertas regiones del país.

La semana pasada, la Fiscalía General de Guanajuato también informó sobre el descubrimiento de dos fosas clandestinas con restos humanos en el municipio de Silao. Estos hallazgos son un recordatorio sombrío de los desafíos de seguridad que enfrenta la región y el país en su conjunto.

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa cuentan con una impresionante fuerza de aproximadamente 40 mil personas, incluyendo integrantes, socios y distribuidores, que operan en más de 100 países en todo el mundo. Ann Milgram, administradora de la DEA, reveló esta información durante su comparecencia ante el subcomité Judicial de la Cámara de Representantes.

El Cártel Jalisco tiene una fuerza estimada de 18 mil personas, con una presencia extendida por todos los continentes, excepto la Antártida. Se han detectado centros de distribución en ciudades como Los Ángeles, Seattle, Charlotte, Chicago y Atlanta, desde donde envían sus productos obtenidos en los cruces de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Matamoros.

Por su parte, el Cártel de Sinaloa se ha detectado en 19 de los 32 estados de México, y se estima que cuenta con 26 mil miembros. Su papel principal es la introducción de drogas como metanfetamina, fentanilo, heroína y cocaína a través de cruces fronterizos en California, Arizona, Nuevo México y Texas.

En su comparecencia, Ann Milgram destacó que la DEA gestionó órdenes de aprehensión contra los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, en los años 2011, 2014 y 2019. Sin embargo, el gobierno de México se negó a ejecutar dichas órdenes. Como ejemplo, mencionó el caso de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien fue detenido en México el pasado 5 de enero tras haber sido liberado en octubre de 2019.

La DEA advierte que los cárteles mexicanos son responsables de la muerte de aproximadamente 110 mil estadounidenses el año pasado debido al consumo de fentanilo, una droga cuyo costo de producción es de apenas 10 centavos de dólar (alrededor de dos pesos mexicanos). Estas drogas se venden en el mercado negro por 20 a 30 dólares y pueden enganchar rápidamente a los consumidores. De hecho, el fentanilo se ha convertido en la primera causa de muerte entre estadounidenses de entre 18 y 45 años.