En una reciente rueda de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, insinuaron que los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que se manifestaron en la Ciudad de México y que llegaron desde diferentes estados, incluyendo Jalisco, podrían estar recibiendo financiamiento externo para desacreditar las acciones del gobierno en torno al Mundial de Fútbol 2026.

Ante estos comentarios, los colectivos emitieron un pronunciamiento colectivo en el que expresaron su descontento y rechazaron las acusaciones de estigmatización y criminalización dirigidas a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Los grupos denunciaron que las autoridades impidieron su protesta pacífica, en un contexto donde México enfrenta cerca de 135,000 personas desaparecidas.

Los grupos enfatizaron que su movilización, que ocurrió entre el 4 y el 11 de junio, es un ejercicio legítimo de su derecho a protestar. En respuesta a las declaraciones de Rodríguez sobre investigar el origen de los apoyos económicos utilizados por las familias para su traslado, los colectivos consideraron que esta acción deslegitima su lucha y expone a las familias a mayores riesgos.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la minimización de sus demandas por parte de la presidenta y la falta de atención a las problemáticas sociales que enfrentan. En el comunicado, solicitaron el cese de estas declaraciones y de cualquier investigación que busque penalizar su derecho a manifestarse, así como la garantía de seguridad durante sus protestas y una respuesta institucional a sus demandas de justicia y verdad.

Este viernes, un grupo de manifestantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, tomó las casetas de cobro en un tramo de la autopista México-Cuernavaca. Los participantes, con el rostro cubierto, demandaron al Gobierno de México cumplir con las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) reportó la obstrucción de la circulación en el viaducto elevado de Tlalpan debido a la manifestación y recomendó a los automovilistas comunicarse con la Guardia Nacional para solicitar información. Más de 300 elementos de las fuerzas de seguridad y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron desplegados en la zona.

A pocos meses de conmemorarse 12 años de la desaparición de los normalistas, los manifestantes denunciaron un aparente desinterés por parte de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Afirmaron su apoyo a los familiares de los desaparecidos, quienes solicitan justicia y la localización de sus seres queridos.

Durante la protesta, se escucharon consignas como «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!». En la zona centro de la capital, familiares de los 43 normalistas también expresaron su apoyo a la causa. María Concepción, madre de un desaparecido, enfatizó que el Gobierno conoce el paradero de los estudiantes y exigió su búsqueda en vida.

Además, los manifestantes denunciaron que autoridades de la Ciudad de México impidieron el paso de 17 autobuses con estudiantes normalistas que se dirigían a una reunión con autoridades federales para presentar sus demandas. Esta movilización ocurre en un contexto de protestas más amplias, que incluyen a familiares de los más de 133 mil desaparecidos en el país y a miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México (CNTE), poco después del inicio del Mundial de futbol en México.

La Secretaría de Bienestar ha alertado a millones de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar sobre la necesidad de cambiar el Número de Identificación Personal (NIP) de sus tarjetas del Banco del Bienestar antes del próximo pago programado para julio. Esta medida busca prevenir fraudes y robos en cajeros automáticos, resultando especialmente importante para adultos mayores y personas con discapacidad.

Las autoridades financieras no imponen la obligación de cambiar la clave cada mes, pero el uso prolongado de la misma puede incrementar los riesgos de seguridad. El NIP es crucial, ya que permite realizar retiros y compras. Si este código es conocido por terceros, los fondos de los beneficiarios podrían quedar expuestos a un uso no autorizado.

Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, ha indicado que ciertos grupos deben actualizar su clave de inmediato. Aquellos que han recibido una tarjeta nueva deben reemplazar el NIP provisional al primer uso para evitar bloqueos en su cuenta. También se recomienda a cualquier beneficiario que haya extraviado su tarjeta recientemente que cambie su NIP inmediatamente tras su reposición.

Los beneficiarios que han compartido su NIP con otros, en situaciones de confianza o ayuda, deben cambiarlo sin demora. A su vez, quienes han utilizado el mismo NIP durante varios años son aconsejados a renovarlo como medida de prevención.

Para realizar este procedimiento, los usuarios deben acudir a un cajero automático del Banco del Bienestar, donde podrán cambiar el NIP de forma rápida y gratuita. Se requiere presentar la tarjeta y recordar el NIP actual. Al seleccionar la opción «Cambio de NIP», el sistema permitirá establecer una nueva combinación que debe ser confirmada.

Las autoridades han emitido recomendaciones adicionales para asegurar la protección de los fondos. Se aconseja cubrir el teclado mientras se ingresa la nueva clave, evitar números evidentes y no aceptar ayuda de desconocidos en los cajeros. Además, es importante mantenerse alerta frente a amenazas digitales. Ninguna autoridad gubernamental solicitará la contraseña de forma telefónica ni a través de correos electrónicos.

Cambiar el NIP este mes de junio es fundamental para asegurar el bienestar financiero de los beneficiarios, permitiendo así que el próximo depósito de su pensión se reciba sin incidentes.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha confirmado que algunos trámites relacionados con sus beneficios pueden realizarse en línea, aunque la obtención de la credencial continúa requiriendo atención presencial. Esto se comunica ante la proliferación de información en redes sociales que promete gestionar la credencial digitalmente, lo cual ha sido desmentido oficialmente por las autoridades.

Los usuarios pueden acceder a un directorio de descuentos y localizar módulos de atención a través de los portales oficiales del Gobierno de México. Este sistema permite consultar beneficios en diversas entidades federativas. Las consultas están organizadas por categorías que incluyen alimentación, salud, transporte, educación, predial y servicios legales, entre otros.

A pesar de la incorporación de servicios digitales, la expedición de la credencial sigue siendo un procedimiento presencial. El INAPAM y la Secretaría de Bienestar han señalado que no existe una plataforma oficial para solicitar la credencial por internet, dado que es necesario verificar documentos originales y la identidad del solicitante antes de emitir el documento. Por lo tanto, los solicitantes que tengan 60 años o necesiten una reposición deben acudir a un módulo autorizado.

El INAPAM también ha alertado sobre sitios web que afirman ofrecer la credencial en línea. Cualquier página que requiera datos personales o pagos debe ser considerada sospechosa. Se recomienda efectuar consultas únicamente en los portales oficiales del Gobierno de México y no compartir información personal en sitios no verificados.

La digitalización del INAPAM avanza en la consulta de descuentos y localización de servicios, sin embargo, la obtención de la credencial sigue requiriendo presencia física. Las herramientas en línea permiten facilitar el acceso a beneficios y encontrar módulos cercanos, aunque la validación de identidad continúa siendo un proceso presencial.

La tensión entre México y Estados Unidos se intensifica a raíz de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador Rubén Rocha Moya, formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido al gobierno del presidente Donald Trump la presentación de pruebas contundentes al respecto. Esta situación se discutirá en una reunión programada para hoy, en la que participarán funcionarios de ambos países en el ámbito de la seguridad.

El encuentro será encabezado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, junto a representantes de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y otras dependencias. El foco de esta reunión será fortalecer la cooperación en temas de seguridad y tratar las acusaciones formuladas el pasado 29 de abril, cuando Estados Unidos acusó a diez ciudadanos mexicanos de estar involucrados en tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

Además, en el encuentro participarán funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y su embajador, Ronald Johnson. Esta reunión será clave para abordar la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado transnacional, y las finanzas ilícitas. Las autoridades mexicanas han reiterado la importancia de que se presenten pruebas en relación a las acusaciones contra los implicados, destacando que temas previos en la agenda de entendimiento no se abordarán en esta ocasión.

El alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Isidro César Figueroa Jiménez, fue objeto de un ataque armado el día de hoy mientras supervisaba trabajos en la excavación de una calle en la avenida Hidalgo del Barrio Arriba. Este incidente contribuye a la creciente preocupación por la violencia en Oaxaca, donde en los últimos dos años han sido asesinados tres presidentes municipales en funciones.

Figueroa resultó herido de bala en el brazo izquierdo. Junto a él, un trabajador identificado como Antonio Vázquez también fue alcanzado por un disparo. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Según la Fiscalía General del Estado, las lesiones de Figueroa y Vázquez no ponen en riesgo sus vidas.

La Fiscalía emitió un comunicado en el que se indica que se han iniciado las investigaciones pertinentes. Esto incluye el análisis del material videográfico disponible para recolectar y procesar indicios criminalísticos. Se están llevando a cabo labores de investigación en colaboración con las autoridades estatales y federales, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del ataque.

Desde el año 2021, Oaxaca ha registrado varios casos de ataques mortales contra presidentes municipales. Entre los incidentes más recientes se encuentra el asesinato de Román Ruiz Bohórquez, alcalde de Candelaria Loxicha, el 15 de octubre de 2024. También se registró el homicidio de Mario Hernández García, presidente de Santiago Amoltepec, y el ataque que culminó con la muerte de Lilia Gemma García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, ocurrido el 15 de junio de 2025. Estos eventos reflejan un patrón preocupante de violencia en el ámbito político local.