Senado aprueba Paquete Económico 2026 con nuevos impuestos y facultades al SAT

Ciudad de México, 28 de octubre de 2025.- El Senado de la República aprobó esta noche, con celeridad y con el voto de Morena y aliados el Paquete Económico del 2026, que incluye impuestos al consumo de bebidas azucaradas, al tabaco, los videojuegos violentos, las apuestas en línea, así como a las plataformas digitales y da mayores facultades al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para combatir la evasión y la elusión fiscal .

Los dictámenes de las minutas de la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Código Fiscal de la Federación, que por la mañana se aprobaron en comisiones, fueron avaladas en el pleno, con dispensa de trámites y al final fueron turnados al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La minuta de la Ley de Ingresos que regirá el próximo año se aprobó en comisiones, pero subirá al pleno en la sesión de mañana miércoles.

Fue un debate de mas de casi seis horas en que Morena y aliados defendieron esa miscelánea fiscal que, sostuvieron, conjuga responsabilidad y eficiencia tributaria con el compromiso de bienestar de los mexicanos.

En tanto, PRI, PAN y MC insistieron en que son sólo reformas recaudatorias, que se esconden bajo el esquema de impuestos saludables y sostuvieron que pese al gravamen a los refrescos, su consumo no va a disminuir e insistieron en que las nuevas medidas que incluye el Código Fiscal de la Federación son “terrorismo fiscal”.

Al presentar los tres dictámenes, el presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez , expuso que el aumento del IEPS a las bebidas azucaradas y al tabaco es una medida del gobierno federal para desincentivar la ingesta de esos productos que perjudican gravemente la salud de los mexicanos.

El impuesto de 3.08 pesos por litro de refrescos se podrá reducir a 1.50 pesos por litro, en caso de que los empresarios de la industria embotelladora reformulen sus productos y se comprometan a reducir el al menos 30 por ciento de su contenido calórico en sus presentaciones más populares de forma gradual, detalló.

Se aumenta, asimismo, el IEPS de 160 a 200 por ciento a la enajenación e importación de productos que contengan nicotina, ya sea de origen natural o artificial. La cuota se calculará, dijo, con base en el contenido de nicotina por miligramo. Además, habrá una cuota gradual por cigarro.

“Es una vil mentira que se trate de impuestos saludables. Lo que buscan es recaudar 42 mil millones de pesos adicionales, pero ni un solo peso se destina a hospitales o programas de salud”, sostuvo al hablar a nombre del PAN, el senador Raymundo Bolaños, argumento que fue repetido una y otras vez por los opositores.

En respuesta, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara resaltó que lo que se busca es “cuidar lo más valioso, que es la salud y la vida de niños y adultos, que padecen obesidad, diabetes y otras enfermedades mortales por la elevada cantidad de azúcar que contienen los refrescos».

Igualmente, la senadora del PT, Liz Sánchez, destacó que se prioriza la vida, la salud y el futuro de los jóvenes.

Otro de los puntos que los opositores más criticaron fue el IEPS de 8 por ciento que se estableció a los videojuegos con contenidos violentos explícitos. Incluso el senador de MC, Luis Donaldo Colosio, hizo una defensa apasionada de los juegos de mesa, que dijo, el practica desde adolescente y demandó incluso no confundir “a un gamer con un criminal”

Cuando la senadora de Morena, Malú Micher, le preguntó si juega con esos videos en que se asesina a personas, se arrasa con comunidades, se fomenta el odio, los feminicidios, respondió que no hay estudios serios que demuestren que lo virtual se pase a la realidad.

Colosio Riojas resaltó que México tiene “el mercado gamer más grande del mundo, que genera 2 mil 300 millones de dólares al año y una industria con ese potencial merece incentivos y no obstáculos”.

La oposición se manifestó también en contra del aumento del IEPS de 30 a 50 por ciento a los sorteos y apuestas en línea.

Por lo que respecta a la Ley de Derechos, las reformas propuestas “responden a la necesidad de modernizar los servicios públicos que presta el Estado, de acuerdo con la realidad económica, social y tecnológica del país.”

Se trata de un ajuste en las cuotas por la obtención de documentos migratorios y se justifican “por el aumento sostenido en el flujo de personas que ingresan al país y buscan garantizar una atención ágil, segura y con estándares internacionales”.

Asimismo, se actualizaron los derechos por acceso a museos, zonas y sitios arqueológicos, pero solo para extranjeros. El boleto de entrada al Museo Nacional de Antropología, a Teotihuacán o Chichén Itzá pasará de 95.58 a 209.9 pesos para visitantes internacionales.

Se fija asimismo un cobro de 297.89 pesos por autorizaciones para abordar embarcaciones en navegación de altura, como lo cruceros y de 294 pesos por la emisión de permisos de salida de menores al extranjero.

En materia aeronáutica, el costo de los permisos para construcción, explotación y ampliación de aeródromos, helipuertos e hidroaeródromos aumentará más de 2 por ciento, , mientras que los servicios migratorios extraordinarios a vuelos no regulares y derechos para aeronaves privadas subirán 4.5 por ciento. Estarán exentas las aeronaves destinadas a protección civil o servicios médicos estarán exentas.

También se contempla un incremento de más del 25% en los certificados fitosanitarios internacionales para la exportación de vegetales, animales vivos, productos y subproductos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) elevará en 16 por ciento los cobros por servicios de inspección y vigilancia a instituciones financieras, entre ellas casas de bolsa, fondos de inversión y bancos.

También se actualizan los derechos por uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico, con el argumento de que los ingresos adicionales permitirán ampliar la cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en regiones que aún carecen de ellos.

En cuanto al Código Fiscal de la Federación, se estableció un incremento de 50 por ciento de las plataformas digitales, y la obligación de proporcionar acceso en tiempo real al Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo que panistas y priístas consideraron que permitirá espiar a los ciudadanos y habrá “terrorismo fiscal”.

Al respecto, el senador Yunes Márquez resaltó que el fortalecimiento de las facultades del SAT es para combatir esquemas de evasión complejos, la emisión de comprobantes y facturas fiscales falsos y otras prácticas de evasión, que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Se especifica que un comprobante fiscal será considerado falso cuando no ampare operaciones reales o actos jurídicos existentes, y se faculta al SAT para presentar querellas penales contra quienes los emitan.

Todas las reservas fueron desechadas. Entre ellas una del senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa, que planteó luego retomó la priísta Carolina Viggiano, para que el impuesto a los refrescos de 3.08 por ciento no se aplique a la Cooperativa Pascual, ya que no podrá con el impacto de ese gravamen, como si lo harán las empresas extranjeras.

La senadora Viggiano preguntó si “los de izquierda” iban a permitir que una cooperativa como Pascual, que es una empresa mexicana, que no utiliza alta fructuosa, cierre y recordó que el papá de la presidenta del Senado, Heberto Castillo, fue asesor de los trabajadores de esa empresa. El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara le respondió que se podrán acoger a un impuesto menor si reducen la cantidad de azúcar de sus refrescos.

Además, dijo “voy a llamar a comprar Boing, no Coca-Cola”.

También se desechó la reserva de la petista Geovanna Bañuelos, quién insistió en que reintegre el fondo minero.

La Reforma al Código Fiscal Federal se aprobó con 76 votos a favor y 38 en contra, la Ley Federal de Derechos con 76 votos a favor y 36 en contra y la Ley del IEPS con 75 votos a favor y 35 en contra.

Gobierno anuncia precio de 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz blanco en 3 estados: respuesta a agricultores

Ciudad de México, 27 de octubre de 2025.- Frente a la movilización y protesta de trabajadores del campo, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, anunció que el gobierno federal implementará un precio de 6 mil 50 pesos por tonelada de maíz blanco en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, lo que es 25 por ciento superior al precio del mercado internacional para maíz, puesto en el centro del país.

“La medida anunciada incluye además un crédito para productores de maíz blanco con una tasa de interés de 8.5% anual, más el apoyo de un seguro agropecuario”, dijo en un video publicado en redes sociales.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, para atender la demanda de los trabajadores, Agricultura instalaría una mesa de trabajo para definir apoyos y una propuesta integral de largo plazo en favor de los agricultores, ante la caída del precio internacional de los granos, que afecta a los productores nacionales.

Recordó que una tonelada de maíz pasó de 7 mil a 3 mil 200 pesos desde el inicio de la guerra en Ucrania, y que el precio en México se determina por la Bolsa de Chicago conforme al tratado con Estados Unidos y Canadá.

Tras la primera mesa, el secretario de Agricultura también informó que abrirán las ventanillas a la mayor brevedad para los productores de maíz blanco de las tres entidades que quieran registrarse.

“Y los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán también publicarán su mecánica operativa de apoyo complementario para completar el precio indicado. Reiteramos que estamos abiertos para continuar en el diálogo en todo momento”, agregó.

Fallece a los 81 años Manuel Lapuente, emblemático entrenador del ‘Tri’, Puebla y América

Ciudad de México, 25 de octubre de 2025.- Manuel Lapuente, uno de los entrenadores mexicanos más emblemáticos, falleció este sábado a los 81 años de edad, dejando como legado el cetro de la Copa Confederaciones 1999 y el campeonato de la Copa Oro de 1998 con el Tricolor así como cinco títulos de la Liga Mx.

“Muy triste noticia que llega al corazón, se nos fue un campeón como persona y como profesional del futbol: Manolo Lapuente”, publicó Carlos Reinoso, ex jugador del América, en la red social X, antes Twitter.

Con una boina que lo distinguía en su vestimenta y un carácter que incentivaba la motivación entre los jugadores, Lapuente alcanzó la cúspide de su carrera como entrenador cuando fue elegido como estratega de la selección mexicana a finales de la década de 1990.

Ya para ese entonces era uno de los entrenadores más ganadores del torneo mexicano pues había conseguido dos títulos con el Puebla (1983 y 1990) y otro con el Necaxa (1995 y 1996); más tarde también se coronaría con el América (2002).

Al frente del Tricolor disputó el Mundial de Francia 1998, al tiempo que ganó la Copa Oro de 1998 y la Copa Confederaciones 1999 en una memorable final en la cual venció 4-3 a la potencia Brasil.

Pelean a golpes dos diputados, del PAN y PT, durante reunión con funcionarios de CFE

Ciudad de México, 23 de octubre de 2025.- Los diputados federales Theodoros Kalionchiz de la Fuente, PAN, y Ricardo Mejía Berdeja, del PT, ambos por Coahuila, se trenzaron a golpes e insultos en una reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en una abierta disputa por los contratos del suministro de carbón a la empresa del Estado.

Según diversos testimonios de diputados y del propio Mejía, el diálogo entre ambos que subía de tono, se desbordó cuando el petista hizo referencia a que el legislador del blanquiazul se casó con una integrante de la familia Arizpe, del consorcio Arca Continental.

Las versiones de legisladores indican que, en algún momento, en la sesión en las oficinas de Insurgentes y Reforma, Kalionchiz defendió su estatus de empresario, pero Mejía se burló de él.

“¡Braguetero!”, lo insultó frente al azoro de los asistentes a la reunión con los directores Comercial y Jurídico de la CFE, previa a la comparecencia el lunes de la titular de la empresa, Emilia Esther Calleja Alor.

El panista se levantó, le tiró golpes a Mejía, ambos se trenzaron, se mentaron la madre y cuando ya los habían separado –explicaron diputados del PRI- el petista le tiró “una patada traicionera”.

Diputados que fueron consultados aseguraron que Mejía defendía abiertamente los intereses de Antonio Tony Flores, dueño de Minerales Don Chilo, que entre 2020 y 2023 acumuló contratos de al menos 3 mil 200 millones de dólares por suministro de carbón a CFE.

En el diálogo estaban integrantes de la comisión, su presidenta Rocío Abreu (Morena), el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, la priísta Verónica Martínez, el panista y Mejía Berdeja.

Este último rechazó que haya llevado al empresario minero, pero sí reconoció que hay una disputa porque el sexenio pasado el negocio del “se repartía entre 70 empresas y ahora en una licitación entre solo 26.

“Mis respetos a la nueva directora, pero con el anterior jamás hubo litigios ni inconformidades. Yo vi carboneros medianos, pequeños, grandotes y todos tenían una parte”.

Mientras se conocían detalles del encontronazo físico, a la cámara regresaron Mejía y Sandoval, quienes se acercaron al coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, que concluía su habitual conferencia de los jueves.

“Me echaron a sus perros”, le dijo Mejía al morenista.

Tras esa expresión, los reporteros se acercaron a confirmar la especie del pleito.

El panista, dijo, “se me fue encima, me agredió físicamente.

Comenzó a ofenderme, le reviré y él no tiene la templanza para sostenerse y se fue me agredió físicamente y me defendí.

-¿Le tiró un golpe primero? –se le insistió.

-Me empujó y me defendí. Estoy enterito. Fueron empujones y algunos ligeros golpes.

-Pero no queda claro por qué se ofendió el diputado Kalionchiz…

-Se jactaba de que es un gran empresario y yo le dije “es gente que es mantenida y da el braguetazo” y eso le dolió mucho.

Dice que es empresario de hamburguesas.

El panista anunció que más tarde difundirá un video con su versión.

SCJN abre espacio inédito a personas con discapacidad; exigen consulta real y vinculante

Ciudad de México, 20 de octubre de 2025.- Sentados frente a una mesa en la zona de Murales del máximo tribunal del país, ocho ministros escucharon este lunes, en un inédito ejercicio, a una treintena de personas con discapacidad que defienden su derecho a la consulta antes de que se legisle sobre temas que los afecten.

La jornada, que duró cuatro horas y media, marcó el primero de tres días seguidos de audiencias públicas, para desahogar una lista de participantes de 102 integrantes de asociaciones civiles, de la academia, y personas en lo individual.

La demanda fue unánime, que el Pleno no apruebe el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama que resuelve la acción de inconstitucionalidad 182/2025 promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán porque determina que no se deben invalidar en automático las leyes por falta de consulta previa, si estas amplían los derechos de las personas con discapacidad.

Saori Beatriz Pérez Milo, quien vive con autismo, advirtió que la propuesta elimina la obligación de consultar a las personas con discapacidad antes de aprobar leyes que las afectan, lo que las vuelve a excluir de las decisiones sobre su propia vida y contradice el artículo 4, párrafo 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“La consulta es un derecho, no una opción”, afirmó tras denunciar el uso político de este sector: “Para las fotos y los votos todos aman el autismo y cualquier tipo de discapacidad, pero cuando se trata de garantizar derechos desaparecemos de las mesas de decisión. Lo mismo ocurre cada vez que se utiliza a las personas con discapacidad para la conveniencia pública, mientras el resto del año somos invisibles para el Estado”.

En la audiencia participaron, de manera presencial y por videollamada, principalmente personas con discapacidad motriz, visual y auditiva, apoyadas por intérpretes de lengua de señas. Ángel Ibarra Jasso, quien intervino a distancia, advirtió que la propuesta de Batres podría restringir sus derechos, al plantear que las comisiones de derechos humanos solo impugnen normas cuando lo soliciten, con firmas, al menos 15 personas afectadas directamente.

“Esta parte de que solamente las personas con discapacidad puedan firmar o no acerca de una acción de inconstitucionalidad se me hace un poco peligroso por la persecución política que pueda existir acerca de si firmas, si no firmas, qué pasa”, expresó.

La socióloga Patricia Claudia Brogna, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó la obligación de los congresos de consultar a dicho sector antes de legislar, e incluso establecer un mecanismo que sean ellos quienes los busquen

“Que se habiliten foros de consulta en los distintos estados, considerando las lenguas indígenas y las distintas discapacidades de las personas. Por lo tanto, me parece que la propuesta de la ministra Batres, en realidad, habilita un debate mucho más profundo de cómo garantizar el derecho a consulta, no tanto un procedimiento… si no se invierte la carga de la prueba, y van a ser las personas con discapacidad y las organizaciones las que van a tener que hacer el trabajo de revisar las leyes y de ir a golpear la puerta para decir que hay que formularlas y que violentan o violan ciertos derechos, y muy particularmente el derecho a consulta”, dijo.

En varias intervenciones, las personas con discapacidad expusieron problemas y situaciones que no estaban directamente relacionados con el tema de la audiencia, por lo que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, pidió ceñirse al debate y aclaró que el ejercicio era una audiencia, no una consulta, ya que son el Legislativo y el Ejecutivo quienes están obligados a realizar ese tipo de procesos.

Que el relanzamiento del PAN no sea de palabra

Por Mario Felipe Cervantes Villegas

El Partido Acción Nacional atraviesa una de las etapas más decisivas de su historia. Tras el derrumbe electoral de 2024 y el desmantelamiento —ya inevitable— de la alianza con el PRI, el PAN tiene ante sí la oportunidad de reencontrarse con su esencia o de condenarse a la irrelevancia. Pero si su relanzamiento se limita a discursos y conferencias de prensa, a comités reciclados y a los mismos rostros de siempre, el resultado será un déjà vu político que solo acelerará su desconexión con la realidad.

Porque el fin de la coalición no basta. Romper con el PRI puede parecer un acto de independencia, pero no garantiza un nuevo comienzo. El verdadero desafío es romper con la lógica de cúpula, con la vieja costumbre de repartirse candidaturas entre los mismos apellidos y grupos internos. El PAN necesita abrir sus puertas, no solo a quienes militan, sino a la sociedad civil que alguna vez lo vio como un referente moral y ciudadano.

Urge un proceso de reconstrucción desde abajo. No desde los consejos nacionales, sino desde los barrios, las universidades, las cámaras empresariales, las iglesias, los colectivos. El PAN tiene que volver a escuchar. Foros masivos, mesas abiertas, recorridos reales por el país —no giras de simulación— para conocer qué México espera la gente de la oposición. Los ciudadanos no quieren sermones ni nostalgia del pasado; quieren que alguien entienda sus problemas actuales y los traduzca en acción.

El México de hoy no es el que gobernaron. Es un país donde las redes sociales marcan la agenda, donde la política se comunica en segundos y se destruye con un video mal editado. Donde la autoridad moral ya no se presume, se demuestra. Donde los jóvenes no leen comunicados de prensa, pero sí exigen autenticidad. Y el PAN, si quiere sobrevivir, debe aprender a hablar ese lenguaje, a comunicar desde la empatía, no desde el púlpito.

El relanzamiento del PAN debería ser una sacudida, no una puesta en escena. Una reconciliación con su base social y no una repetición de los mismos rituales partidistas. Que no sea una estrategia de mercadotecnia, sino un renacimiento ideológico que reconecte con los valores de honestidad, libertad y bien común que alguna vez le dieron sentido.

Porque si el PAN no se atreve a cambiar en serio, no será Morena quien lo derrote. Será la indiferencia de los ciudadanos.

Diputados aprueban aumentos de hasta 100% en Ley Federal de Derechos

Ciudad de México, 15 de octubre de 2025.- Luego de un debate que se extendió por casi siete horas, los diputados federales aprobaron en lo particular la Ley Federal de Derechos, con los aumentos propuestos en el dictamen, con 352 votos a favor por parte de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), y 133 en contra por parte de los grupos parlamentarios de oposición.
En la minuta enviada al Senado de la República para ser ratificada, se crearon nuevos cobros de derechos como el de autorizaciones para realizar visitas a embarcaciones en navegación de altura, como por ejemplo los cruceros, por el que se cobrará 297.89 pesos.
También se estableció un pago por formatos de autorización de salida del país de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica, con un monto de 294.01 pesos.
Además de los incrementos en trámites migratorios para extranjeros y del ingreso a sitios turísticos y museos, a los que se aprobaron aumentos de hasta más de 100 por ciento, destacan los incrementos en servicios de verificación establecidos en la Ley de Aviación Civil y en la Ley de Aeropuertos.
Entre ellos, los servicios de certificación mediante vuelos de inspección de ayudas a la navegación aérea, por cada hora de vuelo, para los cuales se avaló un cobro de 57 por ciento más, al pasar de 134 mil a 211 mil 618 pesos.
La expedición de certificados de capacidad, licencia o permiso para personal aeronáutico sube hasta en un 20 por ciento; los certificados de aeronavegabilidad hasta en un 32 por ciento y los Servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que brinda a entidades financieras, tienen 16 por ciento de incremento.

Las reservas presentadas por más de 60 oradores fueron descartadas en medio de los reclamos de la oposición por aprobarse una ley que, acusó, viola el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31 de la Constitución.
Los incrementos en materia migratoria, dijo la priísta Marcela Guerra al presentar una de las reservas, representan un “encarecimiento desproporcionado, que convierte un derecho, una regularización migratoria, en un privilegio que solo se obtiene el que tiene dinero suficiente”.
En tanto, la diputada de Morena, Petra Romero, defendió que la adecuación “no solo es necesaria sino urgente para garantizar certeza y coherencia jurídica”, al citar como ejemplo las modificaciones en materia de telecomunicaciones.

Se extienden a la UAM las amenazas de bomba tras incidentes en la UNAM

Ciudad de México, 13 de octubre de 2025.- Las amenazas de bomba se trasladaron a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Luego de tres semanas seguidas en las que diferentes planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habían padecido amenazas por colocación de artefactos explosivos, hoy lunes se presentó algo similar en la unidad Cuajimalpa.

Tras llevar a cabo la verificación de las instalaciones, y con base en sus protocolos para este tipo de situaciones, la UAM informó que se trató de una falsa alarma.

“En estricto apego a la autonomía, la institución trabajó en conjunto con las autoridades de gobierno de la CDMX para llevar a cabo la revisión del campus, sin que se hallara algún objeto sospechoso”, detalló en un comunicado.

Asimismo, aseveró que efectuarán las investigaciones para identificar a las personas involucradas, con el fin de deslindar responsabilidades, para lo cual se apoyarán de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Tras este hecho ocurrido ahora en la UAM, la institución exhortó a los estudiantes, docentes y personal a mantenerse alertas ante posibles riesgos que atenten contra su seguridad o integridad.

“Entre todos podremos construir espacios seguros, libres. De violencia y creando lazos de protección y confianza mutua que nos permitan desarrollar nuestras actividades cotidianas”, concluyó.

Desbandada en el INE; casi mil piden retiro voluntario

Ciudad de México, 12 de octubre de 2025.- Frente a una reforma electoral que propone disminuir el gasto en este sector, según declaraciones de integrantes del Poder Ejecutivo, casi mil trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) se anotaron en el programa de retiro voluntario que ofrece, además de la liquidación estipulada por la ley y sus normas internas, un pago adicional.

El cúmulo de expedientes a revisar asciende hasta el momento a 970, número que “superó la expectativa”, señalaron funcionarios del INE, de ahí que se debió ampliar el plazo del proceso, a fin de revisar las solicitudes tanto del personal de la rama administrativa (707) como del servicio profesional electoral nacional (263), de una nómina general de poco más de 18 mil plazas en todo el país.

“Es necesario darle viabilidad (a la dirección de administración) ya que lo esperado supera la expectativa; es un esfuerzo muy amplio el que tendrá que hacerse, mucho mayor al que esperábamos”, declaró la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino.

Para el pago del estímulo se fijó una bolsa general de 100 millones de pesos, aunque quien tenga más tiempo en el órgano tendrá prioridad; lo mínimo para entrar al plan son 10 años de antigüedad.

El beneficio está integrado por tres meses de percepciones brutas, más 20 días por año de servicio.

El año en curso, el INE tiene un presupuesto de alrededor de 20 mil millones de pesos (aquí no se incluye el financiamiento público a partidos o recursos específicos para elecciones o consultas ciudadanas).

Para 2026, la petición asciende a 15 mil 100 millones como presupuesto base (cuya médula se va en el pago de servicios personales o sueldos) y proyectos ordinarios; solicitó también en este paquete 3 mil 119 millones como presupuesto precautorio por si se realiza una consulta popular; además, irán 7 mil 737 como prerrogativas a partidos políticos.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala señaló que aunque el INE aprobó su solicitud presupuestal y la envió a la secretaría de Hacienda para que ésta a su vez la entregue a la Cámara de Diputados, desde el Ejecutivo le quitaron lo correspondiente al presupuesto precautorio, cuando el plazo para determinar si hay o no consulta ciudadana vence en noviembre entrante.

Por ello, la consejera hizo notar a Hacienda el punto y, sobre todo, que un eventual recorte procede en el Legislativo, no en el Ejecutivo.

“No enviaron nuestro presupuesto tal cual como lo aprobamos, ya se les hizo ver esta situación porque nuestro presupuesto contiene el precautorio. Si a eso le sumo el recorte que públicamente expresó el diputado Monreal (Morena), nos colocarían otra vez en una situación muy compleja”. Aclaró, contrario a lo dicho por el legislador, que el año entrante sí hay proceso electoral, pues éste inicia desde septiembre aunque se desahogue hasta 2027.

Diputados aprueban en lo general la Ley Aduanera; busca combatir el tráfico de combustibles

Ciudad de México, 7 de octubre de 2025.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, mediante la cual se busca endurecer las medidas de control fiscal y de trámites para la importación y exportación de mercancías, además de combatir el tráfico de combustibles y atacar la corrupción en ese sector.

Tras un debate de cuatro horas, el pleno de San Lázaro avaló los cambios por 338 votos de Morena y sus aliados, y 129 en contra de la oposición, que acusó a la mayoría de imponer los cambios sólo con motivos recaudatorios, y no para atacar “a fondo” delitos como el denominado “huachicol fiscal”.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Carol Altamirano (Morena), explicó los alcances de la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Detalló que el dictamen –que modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga 9–, propicia la modernización tecnológica de las aduanas; elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales; establece certificaciones periódicas a las mismas, y fortalece controles a los programas de facilitación aduanera, como la importación temporal.

Asimismo, establece la corresponsabilidad solidaria de los agentes aduanales; aumenta los controles a las operaciones aduaneras, y establece que éstos deberán verificar que importadores y exportadores cuenten con los documentos que acrediten las regulaciones y restricciones no arancelarias.

Por otro lado, subrayó, busca asegurar que “quienes soliciten operaciones estén plenamente identificados, tengan la infraestructura necesaria y no tengan vínculos con quienes realicen facturaciones simuladas”.

En favor de la iniciativa, el coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Flores Sandoval, detalló que se pretende combatir la corrupción y fortalecer la rectoría del Estado en las aduanas, para lo cual “debe haber una mayor responsabilidad para los agentes aduanales”.

La propuesta de la mandataria, además, se enfoca en “meter más control a la exportación y la importación de productos. Vamos a fortalecer también los controles en regímenes estratégicos y vamos a poner sanciones más severas para disuadir la infracción, y a simplificar la administración sin renunciar a la fiscalización”.

No hay duda, resaltó, que la reforma “va en la dirección correcta de combatir la corrupción”.

Saqueo fiscal

Panistas y priístas continuaron en la defensa de los agentes aduanales, a quienes la reforma hace corresponsables de delitos que cometan empresas de importación y exportación.

La bancada del PAN adelantó justificó que su voto en contra es porque “no vamos a ser cómplices de esta farsa propagandística. Ustedes, los de Morena, hicieron del gobierno una franquicia de huachicol fiscal”.

Luego de recordar que la procuradora fiscal, Grisel Galeano, informó que el huachicol fiscal asciende a 600 mil millones de pesos, el blanquiazul reprochó que el gobierno ha tenido “respuestas mediocres”, pues sólo han litigado defraudación fiscal por 16 mil millones, equivalentes a 2.7 por ciento, y su eficacia ha sido de solo 5 mil 928 millones, ni siquiera 1 por ciento.

En el mismo tono, la bancada reprochó que los morenistas “ahora vienen a culpar en su hipocresía a los agentes aduanales de todo”, aun cuando la propia Galeano admitió en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda que “solo a ocho agentes aduanales se les ha podido acreditar alguna responsabilidad con el huachicol fiscal. Ni siquiera 1 por ciento de todos los agentes aduanales”.

Por su parte, el priísta Emilio Suárez Licona alertó que el huachicol fiscal es un “escándalo monumental que ha exhibido como nunca la corrupción institucionalizada que corre por el sistema aduanero del país. Hablamos de un esquema de saqueo que permitió la entrada de cientos de buque-tanques con gasolina y diésel sin pago de impuestos”.

El “desfalco histórico” de 600 mil millones de pesos, agregó, es un “robo equivalente a la mitad del presupuesto del sector educativo para 2026 o 60 por ciento del gasto en salud pública”, y que ello habría dejado a miles de escuelas y hospitales sin recursos para atender a alumnos y pacientes.

Frente a ello, dijo, “el gobierno presenta una reforma que, lejos de corregir las fallas que permitieron este saqueo, agrava los problemas del sistema aduanero, poniendo en riesgo la competitividad del país”.

Lo anterior, aseguró, porque se justifica esta reforma “bajo el argumento de la modernización y la digitalización, pero su diseño revela un propósito distinto, centralizar el control y endurecer la fiscalización con fines meramente recaudatorios”.

Frente a un sector como el del comercio exterior, que representa 75 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la redacción “amenaza entorpecer dinámica comercial”, pues las nuevas disposiciones “complejizan procesos encarecen costos logísticos y afectan la competitividad de sectores como el automotriz, que opera cadenas de suministro integradas en América del Norte”.

Según el priísta, la reforma eleva 300 por ciento las multas, respecto al valor de las mercancías; trata a los agentes aduanales como servidores públicos, sin serlo; le pone cargas desproporcionadas a las pequeñas y medianas empresas, y tiene efectos retroactivos, al someter a las autorizaciones aduanales previas a nuevos términos.