La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la detención en Estados Unidos de Carlos Eugenio Benítez Orta, un funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), quien es objeto de una investigación por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. La captura fue el resultado de la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses, aunque no se precisaron los detalles del operativo ni las funciones específicas desempeñadas por cada entidad.

Benítez Orta, de 46 años, fue detenido y posteriormente trasladado a México. Las fuerzas de seguridad mexicanas ejecutaron una orden de aprehensión contra él en las cercanías del Puente Internacional Matamoros, ubicado en el estado de Tamaulipas. Este movimiento se enmarca dentro de un esfuerzo ampliado por parte del Gobierno de Estados Unidos para insistir en el fortalecimiento de las acciones contra el crimen organizado en el país.

Se informó que el detenido será llevado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde quedará a disposición de las autoridades judiciales pertinentes. Esta detención se produce en un contexto de creciente cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia, hecho que ha resultado en un incremento notable de capturas y extradiciones en el último año.

En México, la temporada de calor, que abarca de marzo a octubre, se asocia con un incremento de riesgos para la población, como golpes de calor y deshidratación. Un estudio reciente publicado en la revista Sustainable Cities and Society identifica a Mérida, Yucatán, como una de las ciudades con mayor riesgo de sufrir los efectos negativos del calor extremo.

La investigación analizó 205 ciudades con más de un millón de habitantes, considerando factores de exposición, vulnerabilidad y preparación ante altas temperaturas. Mérida obtuvo una puntuación de 0.58 en el riesgo compuesto por calor, ocupando el puesto 47 en el ámbito global.

El estudio, titulado “Moving beyond exposure: a globally comparable framework for heat risk assessment in cities”, analiza no solo las temperaturas, sino también la capacidad de las comunidades para adaptarse a los fenómenos relacionados con el calor. Esta capacidad está influenciada por factores sociales, económicos y urbanos.

Las ciudades que presentan estructuras adecuadas, buena cobertura vegetal y acceso a recursos son capaces de enfrentar el calor extremo con menor riesgo. Por el contrario, aquellas que carecen de estas características pueden padecer fuertes impactos ante temperaturas elevadas.

A nivel mundial, las ciudades con mayor riesgo compuesto por calor incluyen Al Basrah en Irak, Ahmadabad en India y Bamako en Mali, entre otras. El análisis concluye que la adaptación a condiciones climáticas extremas es crucial para la salud pública en las ciudades afectadas por el aumento de temperaturas, resaltando la importancia de la infraestructura y los recursos disponibles.

En una reciente rueda de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, insinuaron que los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que se manifestaron en la Ciudad de México y que llegaron desde diferentes estados, incluyendo Jalisco, podrían estar recibiendo financiamiento externo para desacreditar las acciones del gobierno en torno al Mundial de Fútbol 2026.

Ante estos comentarios, los colectivos emitieron un pronunciamiento colectivo en el que expresaron su descontento y rechazaron las acusaciones de estigmatización y criminalización dirigidas a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Los grupos denunciaron que las autoridades impidieron su protesta pacífica, en un contexto donde México enfrenta cerca de 135,000 personas desaparecidas.

Los grupos enfatizaron que su movilización, que ocurrió entre el 4 y el 11 de junio, es un ejercicio legítimo de su derecho a protestar. En respuesta a las declaraciones de Rodríguez sobre investigar el origen de los apoyos económicos utilizados por las familias para su traslado, los colectivos consideraron que esta acción deslegitima su lucha y expone a las familias a mayores riesgos.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la minimización de sus demandas por parte de la presidenta y la falta de atención a las problemáticas sociales que enfrentan. En el comunicado, solicitaron el cese de estas declaraciones y de cualquier investigación que busque penalizar su derecho a manifestarse, así como la garantía de seguridad durante sus protestas y una respuesta institucional a sus demandas de justicia y verdad.

Este viernes, un grupo de manifestantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, Guerrero, tomó las casetas de cobro en un tramo de la autopista México-Cuernavaca. Los participantes, con el rostro cubierto, demandaron al Gobierno de México cumplir con las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) reportó la obstrucción de la circulación en el viaducto elevado de Tlalpan debido a la manifestación y recomendó a los automovilistas comunicarse con la Guardia Nacional para solicitar información. Más de 300 elementos de las fuerzas de seguridad y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron desplegados en la zona.

A pocos meses de conmemorarse 12 años de la desaparición de los normalistas, los manifestantes denunciaron un aparente desinterés por parte de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Afirmaron su apoyo a los familiares de los desaparecidos, quienes solicitan justicia y la localización de sus seres queridos.

Durante la protesta, se escucharon consignas como «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!». En la zona centro de la capital, familiares de los 43 normalistas también expresaron su apoyo a la causa. María Concepción, madre de un desaparecido, enfatizó que el Gobierno conoce el paradero de los estudiantes y exigió su búsqueda en vida.

Además, los manifestantes denunciaron que autoridades de la Ciudad de México impidieron el paso de 17 autobuses con estudiantes normalistas que se dirigían a una reunión con autoridades federales para presentar sus demandas. Esta movilización ocurre en un contexto de protestas más amplias, que incluyen a familiares de los más de 133 mil desaparecidos en el país y a miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México (CNTE), poco después del inicio del Mundial de futbol en México.

La Secretaría de Bienestar ha alertado a millones de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar sobre la necesidad de cambiar el Número de Identificación Personal (NIP) de sus tarjetas del Banco del Bienestar antes del próximo pago programado para julio. Esta medida busca prevenir fraudes y robos en cajeros automáticos, resultando especialmente importante para adultos mayores y personas con discapacidad.

Las autoridades financieras no imponen la obligación de cambiar la clave cada mes, pero el uso prolongado de la misma puede incrementar los riesgos de seguridad. El NIP es crucial, ya que permite realizar retiros y compras. Si este código es conocido por terceros, los fondos de los beneficiarios podrían quedar expuestos a un uso no autorizado.

Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, ha indicado que ciertos grupos deben actualizar su clave de inmediato. Aquellos que han recibido una tarjeta nueva deben reemplazar el NIP provisional al primer uso para evitar bloqueos en su cuenta. También se recomienda a cualquier beneficiario que haya extraviado su tarjeta recientemente que cambie su NIP inmediatamente tras su reposición.

Los beneficiarios que han compartido su NIP con otros, en situaciones de confianza o ayuda, deben cambiarlo sin demora. A su vez, quienes han utilizado el mismo NIP durante varios años son aconsejados a renovarlo como medida de prevención.

Para realizar este procedimiento, los usuarios deben acudir a un cajero automático del Banco del Bienestar, donde podrán cambiar el NIP de forma rápida y gratuita. Se requiere presentar la tarjeta y recordar el NIP actual. Al seleccionar la opción «Cambio de NIP», el sistema permitirá establecer una nueva combinación que debe ser confirmada.

Las autoridades han emitido recomendaciones adicionales para asegurar la protección de los fondos. Se aconseja cubrir el teclado mientras se ingresa la nueva clave, evitar números evidentes y no aceptar ayuda de desconocidos en los cajeros. Además, es importante mantenerse alerta frente a amenazas digitales. Ninguna autoridad gubernamental solicitará la contraseña de forma telefónica ni a través de correos electrónicos.

Cambiar el NIP este mes de junio es fundamental para asegurar el bienestar financiero de los beneficiarios, permitiendo así que el próximo depósito de su pensión se reciba sin incidentes.