En México, un embargo es una medida legal aplicada por una autoridad competente para asegurar bienes de un deudor con el propósito de garantizar el pago de deudas. La legislación vigente estipula que ciertos bienes son intocables, protegiendo lo necesario para la subsistencia del deudor y su familia.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, junto con otras normativas federales, establece una lista de bienes que no pueden ser embargados. Entre estos se encuentran el patrimonio familiar inscrito, mobiliario básico como camas y ropa, y herramientas esenciales para el trabajo. También se consideran inembargables los libros y materiales utilizados por profesionistas, así como maquinaria y animales indispensables para actividades agrícolas.

La Ley Federal del Trabajo protege los salarios, especificando que solo pueden ser embargados en casos relacionados con pensiones alimenticias mediante una resolución judicial.

Es relevante subrayar que recibir amenazas de embargo sin un procedimiento judicial formal no es legal. Para que un embargo se haga efectivo, debe existir una orden emitida por la autoridad competente. Ante situaciones de amenazas, se aconseja conservar documentación y buscar asesoría jurídica.

El psicólogo social Jonathan Haidt sugirió al gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establecer en 16 años la edad mínima para el acceso a redes sociales. Durante su intervención en la conferencia «La Mañanera del pueblo», Haidt abordó el debate nacional sobre el uso de teléfonos celulares y dispositivos digitales en las escuelas, enfatizando los riesgos que enfrentan los menores en estas plataformas.

El especialista argumentó que es necesario separar a los estudiantes de sus dispositivos electrónicos durante toda la jornada escolar. Según Haidt, el uso de redes sociales puede resultar inapropiado para los niños debido a los peligros que estas presentan, incluyendo la interacción con desconocidos y la exposición a contenido para adultos. Propuso que las autoridades mexicanas implementen medidas de protección para niños frente a productos que promueven adicción y no están diseñados para su protección.

Haidt mencionó el caso de Australia, donde se implementó la prohibición del uso de celulares por menores de 16 años en escuelas, lo que resultó en una reducción del 30 por ciento en problemas asociados al uso de dispositivos. Destacó que este cambio en el comportamiento de los adolescentes en un corto periodo es significativo.

El especialista también respaldó el inicio de este debate por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, solicitando su continuidad con la participación de maestros, padres y alumnos. Resaltó que el objetivo no es la eliminación de teléfonos, sino la recuperación de la infancia para todos los niños.

La diputada local Nayeli Salvatori, miembro del partido Morena, ha sido objeto de controversia tras realizar comentarios despectivos sobre adultos mayores en el podcast «Descasadas». Este incidente, que se difundió ampliamente en redes sociales, ocurrió en Puebla y generó una ola de indignación por su aparente falta de respeto hacia esta población.

Durante la emisión, Salvatori y su colega Graciela Palomares realizaron afirmaciones que refuerzan estereotipos negativos sobre los hombres de la tercera edad. Este hecho se considera un contraste evidente con los principios del partido, que ha basado su plataforma en la defensa y protección de los derechos de los adultos mayores mediante programas sociales.

Ante la presión pública, el vocero de Morena, Agustín Guerrero Castillo, emitió un comunicado que deslinda al partido de los comentarios realizados por las diputadas, ofreciendo una disculpa institucional a quienes se sintieron agraviados. Guerrero enfatizó que las opiniones expresadas eran personales y constituían una violación a los valores que el movimiento defiende.

Después de este pronunciamiento, las legisladoras se vieron obligadas a retractarse y publicaron mensajes de disculpa en sus redes sociales, reconociendo el impacto de sus palabras. Este episodio subraya la creciente expectativa de la ciudadanía hacia un comportamiento respetuoso y responsable, especialmente en plataformas digitales.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunirá el jueves con dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca, un grupo sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para revisar acuerdos sobre temas educativos. La confirmación de este encuentro se produjo durante la conferencia de prensa matutina del lunes y sigue a una visita reciente de la mandataria al estado.

Sheinbaum indicó que la reunión no abordará cuestiones generales con la CNTE, sino que se centrará en demandas específicas del magisterio oaxaqueño y en la revisión de acuerdos previos con las secretarías de Gobernación y de Educación Pública. Entre los temas a tratar, mencionó el cumplimiento de compromisos relacionados con nuevas plazas en Oaxaca y otros asuntos relevantes para la educación de los niños en el estado.

La Presidenta también recordó reuniones anteriores con la Sección 7 de Chiapas y posteriores encuentros con la Sección 22, donde los titulares de las secretarías de Gobernación y Educación han mantenido diálogos continuos con los representantes del magisterio. Además, se llevan a cabo consultas sobre el sistema de evaluación de la carrera docente, conocido como Usicamm, que ha sido objeto de discusión con la CNTE.

Este encuentro se produce en un contexto de recientes movilizaciones de la CNTE en Ciudad de México, donde la Sección 22 realizó un plantón en calles del Centro Histórico y llevó a cabo marchas y bloqueos en arterias principales como Paseo de la Reforma. Las protestas plantearon demandas sobre la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa de 2019, así como mejoras salariales y modificaciones al sistema de pensiones. La Sección 22 acordó un “cese estratégico” de sus movilizaciones el 19 de junio tras consultar a sus bases.

La implementación del registro de líneas telefónicas en México, con el objetivo de vincular cada número a la identidad de un usuario, ha resultado en la pérdida de aproximadamente cinco millones de líneas durante el primer semestre de 2026. Según datos de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el total de líneas cayó de 162 millones en diciembre de 2025 a 157.1 millones en junio de 2026.

El segmento de líneas de prepago experimentó una disminución de su participación en el mercado, pasando de 83.3% a 81.7%. A pesar de esta reducción, el sector de telecomunicaciones reportó ingresos totales de 97 mil 506 millones de pesos, lo que representa un aumento del 5.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se debe, en parte, a la migración de usuarios hacia planes de mayor valor y un incremento en la adopción de servicios móviles.

Se observó que el gasto promedio por usuario alcanzó 151.4 pesos mensuales, un incremento del 6.4% respecto al año anterior, destacando una posible reevaluación del consumo de servicios móviles a favor de segmentos de pospago. La llegada de aficionados durante la Copa Mundial de Fútbol, que tuvo lugar del 11 de junio al 19 de julio, también contribuyó al dinamismo del sector.

La consultora advierte que, tras la finalización del periodo de vinculación de datos personales con las líneas telefónicas, se espera que el mercado alcance una fase de estabilización. Sin embargo, señalan que el ajuste negativo en la base de usuarios móviles, especialmente en líneas de prepago, podría tener efectos irreversibles.

El gobierno federal ha justificado esta medida como una acción necesaria para combatir el uso indebido de números de telefonía móvil por parte de grupos delictivos. Recientemente, la Presidencia de la República reportó la existencia de 68 mil líneas registradas, a pesar de contar con un registro de 135 mil. La fecha límite para completar el registro ha sido extendida hasta finales de diciembre de 2026, aunque la desconexión de líneas se realizará de manera gradual, siguiendo el número final de cada línea celular.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, advirtió que el uso constante de teléfonos celulares entre la población, especialmente en niñas, niños y adolescentes, puede llevar a comportamientos compulsivos. Estas declaraciones se realizaron durante una conferencia en Palacio Nacional, donde subrayó el impacto de características como el «scroll infinito», las notificaciones y la reproducción automática de contenidos.

Delgado explicó que, si bien las plataformas digitales facilitan la comunicación y el acceso a información, también utilizan mecanismos que captan la atención de los usuarios, forzando un uso prolongado. Este fenómeno es particularmente preocupante en grupos vulnerables como los menores de edad.

Destacó que los algoritmos empleados en estas plataformas son una extensión de decisiones y prioridades humanas, y no deben considerarse neutrales. Estos sistemas influyen en la forma en que se percibe la realidad y se participa en la vida democrática.

El secretario definió el uso excesivo de dispositivos móviles como un asunto de salud pública. Propuso la necesidad de implementar acciones colectivas que prioricen el bienestar de las infancias y juventudes, en lugar de ceder ante los intereses comerciales de las empresas tecnológicas. A pesar de que las familias deben enfrentarse a estas grandes corporaciones, Delgado enfatizó que la solución no reside únicamente en la autorregulación, sino en un esfuerzo conjunto por abordar este desafío.