La Alianza de Medios MX condenó el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en San Pablo Etla, Oaxaca. Este suceso ha generado preocupación por el impacto en la libertad de expresión en la región.

La organización exigió a las autoridades estatales y federales una investigación exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que el caso no quede impune. Leyva Aguilar fue atacado por hombres armados mientras se encontraba en un puesto de comida. Las autoridades, hasta el momento, no han proporcionado información sobre el móvil del homicidio ni detalles sobre el avance en las investigaciones.

La Alianza de Medios MX solicitó que la Fiscalía y otras instancias competentes examinen todas las líneas de investigación, incluida la posible relación entre el asesinato y la labor periodística de Leyva Aguilar, en concordancia con los protocolos para delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Leyva Aguilar contaba con una larga trayectoria en el periodismo oaxaqueño y mantenía activa la columna «El Zumbido del Moscardón», donde abordaba temas políticos y de interés público. También fue director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).

Este crimen resalta la violencia creciente contra periodistas en México. La Alianza de Medios MX subrayó que el asesinato de un periodista repercute seriamente en la libertad de expresión y en el derecho de la sociedad a ser informada. Hizo un llamado a las autoridades para esclarecer el caso de manera pronta y transparente, buscando identificar tanto a los autores materiales como a posibles instigadores del ataque.

Además, reiteró la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad para aquellos que ejercen el periodismo en el país, asegurando que puedan desarrollar su labor sin temor a amenazas o agresiones. El asesinato de Leyva Aguilar se suma a una lista de incidentes de violencia contra el sector periodístico en México, lo que ha motivado pedidos de organizaciones nacionales e internacionales para fortalecer los mecanismos de protección y combatir la impunidad en estos casos.

El alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue asesinado este miércoles en un ataque directo en las instalaciones del Palacio Municipal. La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó su fallecimiento y anunció que se están agotando todas las líneas de investigación correspondientes.

Los primeros reportes indican que la agresión se produjo alrededor de las 12:32 horas. Los agresores, identificados como dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, huyeron hacia la comunidad de Popotlán. Al lugar de los hechos llegaron corporaciones de seguridad y servicios de emergencia para atender la situación y dar inicio a las investigaciones pertinentes.

Este evento representa el segundo ataque armado que sufrió Valentín Lavín en lo que va del año. Anteriormente, su suegra, quien ocupó el cargo de tesorera municipal, fue arrestada en dos ocasiones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha registrado oficialmente dos nuevos partidos políticos, PAZ y Somos México, que participarán en los próximos procesos electorales. PAZ será liderado por el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, quien afirma que puede desempeñar ambos roles sin infringir la ley. Somos México estará dirigido por Guadalupe Acosta Naranjo, exmembro del PRD.

La retribución salarial de estos nuevos líderes aún no ha sido divulgada. Sin embargo, los datos sobre otros dirigentes de partidos políticos revelan que las remuneraciones pueden variar desde los 193 mil pesos mensuales de la presidenta Claudia Sheinbaum hasta cargos honorarios sin sueldo. Actualmente, Hugo Eric Flores Cervantes recibe una dieta legislativa de 79 mil 846 pesos, además de apoyos por asistencia legislativa y atención ciudadana, lo que eleva su ingreso total. Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo no cuenta con ingresos públicos debido a su reciente incursión en el ámbito político.

Cada partido decide las remuneraciones de sus líderes, por lo que no existe un estándar ni obligación legal que regule estos salarios. Los dirigentes nacionales de los partidos políticos, como Morena, PAN, y PRI, deben transparentar sus ingresos, según la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Jorge Romero Herrera, presidente del PAN, reporta un salario mensual de 187 mil 500 pesos. Ariadna Montiel, presidenta de Morena, presentó un salario bruto de 117 mil 183 pesos. En contraste, el líder del PRI, Alejandro Moreno, actualmente ejerce su cargo de manera honorífica sin remuneración.

Los informes salariales de otros partidos, como el PT y el PVEM, indican que sus líderes también pueden desempeñar funciones sin salario. La información sobre los ingresos de los dirigentes es accesible a través de las plataformas de transparencia, aunque todavía hay inconsistencias y falta de publicación de datos en algunos casos. El Partido del Trabajo afirmó que sus miembros no son considerados servidores públicos y, por ende, no reciben salarios oficiales.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha establecido una comisión para analizar los resultados del primer examen de admisión en línea, los cuales han mostrado un cambio considerable en comparación con las evaluaciones presenciales de años anteriores. Esta situación fue comentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la adecuación del examen ante los avances tecnológicos, especialmente en inteligencia artificial.

En la conferencia matutina, Sheinbaum hizo un llamado a los aspirantes a respetar la integridad del proceso de admisión, señalando que la educación y evaluación han evolucionado. Indicó que el uso de herramientas de inteligencia artificial complica la tarea de los educadores para evaluar el trabajo de los estudiantes.

Ante el notable incremento en los puntajes de aceptación, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, ha instruido la creación de una comisión técnica conformada por expertos, cuya misión es elaborar un informe sobre el proceso y resultados del examen de selección para el ciclo escolar 2026-2027. Este documento buscará evaluar minuciosamente todos los elementos que pudieran haber influido en el desempeño de los aspirantes.

La UNAM también atenderá las solicitudes de revisión de examen de aquellos estudiantes no aceptados y de quienes enfrentaron cancelaciones en su participación. La universidad reafirma su compromiso con la transparencia y equidad en los procesos de admisión.

Por otra parte, el programador Helios Ocaña ha compartido análisis que reflejan un aumento en los puntajes, aunque subraya la imposibilidad de determinar, con base en datos públicos, si la inteligencia artificial influyó en estos resultados. A su juicio, el examen en línea podría haber permitido mayor acceso a aspirantes, impactando en la calificación promedio.

Asimismo, un grupo de aspirantes rechazados ha convocado a una marcha el próximo lunes 27 de julio para solicitar el regreso a los exámenes presenciales. La manifestación se llevará a cabo en el cruce de las avenidas Universidad e Insurgentes Sur, avanzando hacia la Biblioteca Central de la UNAM, donde expresarán sus demandas de transparencia y justicia en el proceso de evaluación.

Las autoridades de México han detenido y vinculado a proceso a Ernesto Ruffo por presuntos delitos de huachicol fiscal y delincuencia organizada. Ante estos sucesos, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso ha solicitado a las autoridades de seguridad y electoral iniciar una investigación acerca de supuestos recursos ilícitos vinculados al financiamiento del Partido Acción Nacional (PAN) y la nueva agrupación Somos México.

Morena ha dirigido un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se examine el origen de los recursos aportados al PAN, así como a la organización Marea Rosa, asociada al exgobernador de Baja California. En un punto de acuerdo presentado en la Gaceta de la Comisión Permanente, se destaca que la Ley General de Partidos Políticos faculta al INE a requerir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informes sobre operaciones financieras de partidos ante la sospecha de origen ilícito.

Legisladores de Morena han apuntado que el desmantelamiento de una red de contrabando de hidrocarburos relacionada con la empresa Ingemar, cuya propiedad pertenece a Ruffo, pone de manifiesto cómo la delincuencia organizada puede infiltrarse en el ámbito político a través de estructuras corporativas y complicidades institucionales.

Este caso del huachicol fiscal, que supuestamente ha causado un daño al erario por 4 mil millones de dólares, ha llevado a los legisladores a abogar por una revisión exhaustiva de los sistemas de fiscalización y control financiero que deben regir el surgimiento de nuevas fuerzas políticas.

En su comunicado, se establece que la filtración de recursos de origen delictivo en la financiación de partidos representa una amenaza significativa para la seguridad nacional y el sistema democrático. Se afirma que la colaboración entre la FGR y el INE es fundamental para asegurar que los fondos ilícitos no sean utilizados en procesos electorales.

Adicionalmente, el INE ha negado el registro a varias organizaciones por falta de claridad en sus fuentes de financiamiento. La fiscalización debe ser estricta, particularmente en el contexto de los delitos que se investigan respecto a Ernesto Ruffo, para asegurar la integridad de todos los partidos políticos, incluidos aquellos que ya han sido registrados.

La FGR ha construido un sólido caso en torno a estas investigaciones, mediante diversos medios de prueba que evidencian la posible implicación de Ruffo y otros en actividades de delincuencia organizada y contrabando. Se ha indicado que la red criminal ha generado significativas ganancias a través de métodos ilícitos, utilizando mecanismos financieros para ocultar la procedencia de los recursos.

Las indagatorias han revelado que la empresa Ingemar mostró un comportamiento financiero anómalo, con movimientos de más de 3 mil millones de pesos en cuentas nacionales, lo que sugiere la existencia de un esquema de triangulación de recursos. Las investigaciones son parte de una estrategia de colaboración interinstitucional desarrollada a lo largo de varios meses.

El Senado de la República ha recibido la iniciativa del Ejecutivo Federal para la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció que el documento será enviado de inmediato a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género para su análisis.

La propuesta busca establecer protocolos de investigación y sanciones uniformes en las 32 entidades federativas. Incluye la posibilidad de sanciones severas para los feminicidios en grado de tentativa, así como la inclusión de 19 agravantes específicas. La iniciativa también contempla derechos para las víctimas directas e indirectas, y establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá ser investigada bajo la perspectiva de género. Además, se prevén sanciones relacionadas con derechos sucesorios y patria potestad en casos de feminicidio.

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado esta mañana en un ataque armado en un puesto de comida en el fraccionamiento La Esmeralda, San Pablo Etla, Oaxaca. La ejecución ha provocado la activación de investigaciones por parte de las autoridades locales, debido a la creciente violencia contra miembros del gremio periodístico en México.

Leyva Aguilar, quien se había destacado por sus críticas al gobierno estatal, fue director de Cortv y mantenía vigente su labor periodística a través de una columna titulada «El Zumbido del Moscardón». Su última publicación se realizó seis horas antes del ataque.

Las fuerzas de seguridad investigan los hechos para esclarecer las circunstancias del crimen. Las autoridades han emitido una alerta en el sector debido a este incidente.

Este miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó la presentación de 20 denuncias ante la justicia de Estados Unidos relacionadas con la muerte de 17 migrantes mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los hechos ocurrieron durante operativos desde mayo y han generado acciones para exigir claridad sobre las circunstancias de estas muertes.

Las denuncias fueron interpuestas el 13 de julio por el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, en jurisdicciones donde se registraron los fallecimientos, incluyendo los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas. Ocho denuncias fueron presentadas ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado.

Además, el 14 de julio, la Embajada de México envió al Departamento de Justicia, a través del Departamento de Estado, una denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR) solicitando la apertura de investigaciones sobre los 17 casos y el estado de las indagatorias. Estas acciones siguen a las medidas anunciadas el 9 de julio por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El embajador Lazzeri también mantuvo reuniones con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE para expresar la preocupación del Gobierno de México por las condiciones en los centros de detención y solicitar el esclarecimiento de los fallecimientos. Asimismo, el canciller Roberto Velasco envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para pedir que se recojan datos sobre los incidentes y se emitan recomendaciones preventivas.

La SRE informó que la red consular apoya a las familias de las víctimas, brindando asistencia jurídica y facilitando la repatriación de restos. Estas acciones se producen tras la reciente respuesta del Gobierno de Estados Unidos a las preocupaciones mexicanas sobre los operativos migratorios y el tratamiento a los ciudadanos bajo custodia del ICE. Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado, sugirió que México plantee sus inquietudes a través de los canales diplomáticos establecidos.