Se trata del Convenio de Coordinación y Colaboración en materia de Seguridad Pública y Tecnológica para la Operación del Servicio Integral de Tecnologías del Estado.

•⁠ ⁠Con el SITE, el Estado fortalece su blindaje tecnológico en seguridad con 14 herramientas innovadoras.

Silao, Gto. 02 de octubre de 2025.- Con la firma del Convenio de Coordinación y Colaboración en materia de Seguridad Pública y Tecnología, Guanajuato se consolida como el único estado del País en el que sus municipios están conectados al Sistema Estatal de Vigilancia.
El acuerdo permitirá la Operación del Servicio Integral de Tecnologías del Estado (SITE), un sistema estratégico que integra 14 herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad: videovigilancia urbana, ampliación de arcos carreteros en puntos estratégicos, red de botones de pánico en zonas de riesgo y drones de vigilancia en áreas con alta incidencia delictiva.
Este convenio fue encabezado por la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y el Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, y tuvo lugar en las instalaciones de la Dirección General del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i).
“La firma de este convenio nos permite unirnos en un solo propósito: el de construir la paz y la tranquilidad para las familias de nuestro querido Guanajuato”, dijo la Gobernadora.
La Mandataria destacó que, gracias al SITE, “dotaremos a las corporaciones de seguridad de las herramientas tecnológicas más avanzadas, permitiendo así una respuesta más eficaz, rápida y coordinada ante cualquier emergencia”.
Con esta red, las corporaciones municipales estarán directamente conectadas con el Centro de Mando Unificado del C5i, donde se concentran acciones de inteligencia, investigación, atención ciudadana y coordinación operativa.
Durante su mensaje, Libia Dennise subrayó que septiembre de 2025 fue el mes con menos homicidios dolosos en los últimos ocho años en Guanajuato, con 150 víctimas, lo que significa una reducción sostenida del 47% en comparación con septiembre de 2024. Estos avances colocan al Estado en el sexto lugar nacional en tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras preliminares de la Mesa Nacional de Seguridad.
“Este también es un nuevo comienzo, una etapa en donde la coordinación y el trabajo conjunto resultan fundamentales y se convierten en nuestra herramienta más poderosa de combate a la delincuencia”, apuntó la Mandataria guanajuatense.
Por su parte, el Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, destacó que Guanajuato es el único estado en el que los 46 municipios están conectados con el Estado.
“Eso nos ha permitido que la información la podamos operar de manera más pronta y expedita, fortaleciendo la operatividad.
“Toda herramienta, cámaras, sistemas, enlaces, redes de datos, debe traducirse en mejores respuestas, mayor prevención y tranquilidad para las familias guanajuatenses”, agregó el Secretario.
Con este Convenio, Guanajuato da un paso histórico en coordinación y blindaje tecnológico, consolidándose como referente nacional en seguridad pública moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía.

En esta firma, participaron también, el Secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona, presidentes municipales o representantes de los 46 municipios de la Entidad.

Al hacer uso de la voz, el Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, destacó la necesidad de la coordinación entre las corporaciones de los 46 municipios.

“Estamos coordinados para celebrar esta firma. Se convoca a la confianza, porque la seguridad -como es la convicción de la Gobernadora- es apartidista y eso hace que mejoren los sistemas de videovigilancia, inteligencia, reforzando herramientas tecnológicas, arcos carreteros, fortalecer los botones de enlaces ciudadanos, radiocomunicación, atención de emergencia y transmisión de datos”, destacó durante su mensaje.

Y explicó que el propósito de la infraestructura es claro: fortalecer la seguridad pública, mediante soluciones homologadas, con tecnología moderna, pero, sobre todo, confiable.

“Los municipios están conectados con el Estado y eso nos ha permitido que la información la podamos operar de manera más pronta y expedita, si les va bien a los municipios, le irá bien al Estado”, señaló.

Silao, Gto. — Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron un cateo en una finca ubicada en la comunidad San Agustín de las Flores, presuntamente vinculada con el regidor de Movimiento Ciudadano, Francisco Chagoya Navarro.

De acuerdo con versiones preliminares, en el sitio se localizó un tractocamión cargado con polímeros termoplásticos, el cual habría sido robado con violencia. El rastro del vehículo, seguido por GPS, condujo a las autoridades hasta la propiedad.

Además del tráiler, se reporta que en el lugar fueron encontradas otras unidades de carga con reporte de robo, así como mercancía relacionada con robos a transporte ferroviario.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha emitido un comunicado oficial sobre la naturaleza de la operación ni sobre el estatus legal del inmueble o de sus propietarios.

Por su parte, la dirigencia de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, encabezada por la delegada nacional Yulma Rocha y el dirigente estatal Rodrigo González, no ha fijado postura sobre los señalamientos en contra del regidor o de su familia.

El propio Francisco Chagoya afirmó que la finca se encuentra rentada y aseguró que en breve ofrecerá una aclaración pública respecto al caso.

El alcalde de Abasolo, Job Gallardo, ha implementado diversas políticas públicas enfocadas en la educación y el bienestar de las familias del municipio. Entre estas acciones destaca un programa de apoyo económico para padres de familia en la compra de útiles escolares, dirigido a estudiantes de nivel básico.

El programa busca facilitar el acceso a material educativo y contribuir a la equidad escolar, especialmente en familias con recursos limitados. La iniciativa forma parte de un paquete de políticas municipales que incluyen mejoras en infraestructura escolar y atención a necesidades de los estudiantes.

En los primeros meses de su administración, la gestión de Job Gallardo ha centrado esfuerzos en optimizar la entrega de apoyos y garantizar la transparencia en el uso de los recursos, de acuerdo con información publicada por el ayuntamiento.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones buscan beneficiar directamente a la población estudiantil y a sus familias, fortaleciendo la educación como una prioridad en la agenda del municipio.

Ciudad de México.– En la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Juventud, el diputado federal Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) llamó a todas las fuerzas políticas a sumar esfuerzos para construir una Ley General de Personas Jóvenes con legitimidad social y verdadera utilidad, que responda a los desafíos actuales de la juventud en México.

El legislador, secretario de la comisión, advirtió que la iniciativa debe dejar de lado los intereses partidistas y construirse desde la pluralidad y la inclusión. “Es momento de que esta ley no sea un documento más en los archivos, sino un instrumento vivo para transformar la vida de las y los jóvenes”, afirmó.

Barroso propuso que el proceso de elaboración incluya parlamentos abiertos, consultas públicas y foros de diálogo en todas las regiones del país, así como espacios en el extranjero para escuchar las voces de jóvenes migrantes.

Entre los retos que, dijo, deben abordarse están el acceso a la educación, el empleo digno, la participación política, el emprendimiento, la salud mental, la inclusión digital y la igualdad de oportunidades. “No hay soluciones únicas; la ley debe recoger la pluralidad de contextos y realidades”, subrayó.

Desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Barroso refrendó el compromiso de su bancada para impulsar políticas públicas que pongan a la juventud en el centro, reconociendo su papel como motor de cambio para el país.

“Creemos en apoyar a las y los jóvenes para cumplir sus sueños, superar barreras y convertirse en protagonistas de las transformaciones que México necesita”, expresó.

Don Rommel

Ernesto Prieto Gallardo es, en el mejor de los casos, un político sin raíces en la circunscripción de Irapuato, un visitante ocasional que reaparece cuando conviene, especialmente para apuntalar la figura de Pepe Aguirre. Lejos de ser un actor político genuino de la región, su presencia es más bien un eco distante, un respaldo calculado y funcional a una agenda que no refleja las urgencias locales ni el reclamo ciudadano.

La relación de Prieto con Irapuato es tan endeble como su historial público. No es una voz natural ni un interlocutor legítimo de la comunidad; es más bien un operador político que encuentra en la coyuntura del tren varado el pretexto perfecto para intentar brillar con luz ajena. Sus declaraciones y apariciones mediáticas son más un acto de oportunismo que un reflejo de compromiso con las problemáticas reales.

Pero mientras Ernesto Prieto se muestra en la palestra pública buscando relevancia, descuida asuntos mucho más importantes y urgentes: su responsabilidad personal con su propia familia. La deuda alimenticia que mantiene con su hija es un tema que debería pesar más en su conciencia que cualquier estrategia política momentánea. Este dato, lejos de ser un mero detalle personal, habla del carácter y la ética de quien pretende representar a la ciudadanía.

La política local demanda actores con arraigo, compromiso y capacidad de respuesta, no figuras que solo aparecen para capitalizar crisis y desaparecer en la siguiente tormenta. Prieto tiene pendiente demostrar algo más que su oportunismo y que su nombre signifique algo más que una sombra en el tablero político.

En la encrucijada entre la responsabilidad pública y la personal, la diferencia es sustancial. Y mientras Ernesto Prieto no atienda ese equilibrio, su legado seguirá siendo la irrelevancia disfrazada de protagonismo

El domingo 10 de agosto en Irapuato, más de un millón de litros de combustible quedaron expuestos al saqueo y a una posible tragedia. Este episodio desnuda, una vez más, la realidad que pocos quieren enfrentar: la política local, especialmente la de Morena, está atrapada en una simulación que hace daño, con personajes como Pepe Aguirre, diputado federal, que actúan más para la foto que para la solución.

Aguirre, cercano a Adán Augusto López, una pieza clave del poder federal, se presentó en medio de la crisis sin un plan claro ni protocolos que respondieran a la magnitud del problema. Su actuación se limitó a frases vacías y a posar para la cámara, sin ofrecer respuestas concretas.

La retórica de “trabajar sin colores ni banderas” suena hueca y distante de la realidad que viven miles de irapuatenses que enfrentan inseguridad y miedo cotidiano. En el Congreso, la ausencia de Aguirre es palpable: un legislador sin iniciativas, sin propuestas, un mueble que no cumple con su función más elemental.

Esta doble cara —la del político de espectáculo y la del legislador ausente— es una irresponsabilidad mayúscula que solo profundiza la crisis. Simular preocupación mientras se ignoran las herramientas reales para transformar el entorno es, en esencia, un acto de abandono.

La política local está marcada por la hipocresía y la improvisación, y Morena enfrenta un momento decisivo: debe desterrar esta simulación si quiere recuperar la confianza de una ciudadanía harta de discursos y maquillajes políticos. La gente demanda resultados, no teatro.

Pepe Aguirre no solo es incapaz de responder a la crisis; representa un peligro para la ciudad que debería proteger. Irapuato merece líderes con integridad, compromiso y capacidad de acción, no políticos que juegan con la vida de sus habitantes.

Guanajuato, Gto. — La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cerca de siete hectáreas en la Sierra de Santa Rosa, donde el exdiputado federal panista Sergio Fernando Ascencio Barba impulsa de manera ilegal el desarrollo inmobiliario conocido como La Cucursola. Organizaciones ambientalistas, como Acción Colectiva Socioambiental, han urgido a las autoridades para que se clausure definitivamente este proyecto y se sancione a quienes resulten responsables por el daño ambiental.

El aseguramiento por parte de la FGR se realizó el 30 de julio, como resultado de una denuncia penal interpuesta por dicha agrupación, la cual señala irregularidades en permisos otorgados por el exalcalde panista de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña. Se acusa además a funcionarios municipales de haber facilitado el avance de este proyecto mediante la entrega de autorizaciones sin la debida legalidad.

Para Gustavo Lozano Guerrero, representante de la organización ambientalista, el caso de La Cucursola representa una muestra clara de manipulación institucional, donde leyes y procedimientos han sido utilizados para proteger intereses privados en detrimento del medio ambiente y la exigencia ciudadana de justicia.

El desarrollo inmobiliario comprende 49 lotes campestres que comenzaron a construirse desde 2019, amparados por una red de protección institucional que incluye permisos irregulares de urbanización, uso de suelo, impacto ambiental y venta, otorgados durante las administraciones de Alejandro Navarro.

Pese a estas autorizaciones municipales y estatales, ninguna contó con las aprobaciones federales indispensables, como la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) y el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, documentos que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable exigen para este tipo de proyectos.

La Secretaría del Agua y Medio Ambiente reconoció el 12 de agosto que sin estos permisos federales, los otorgados a nivel local carecen de validez legal, lo que agrava la situación del fraccionamiento.

Ante estos hechos, las organizaciones sociales demandan la clausura definitiva del desarrollo, sanciones para los funcionarios implicados y la restauración ecológica del área afectada, subrayando la necesidad de que los delitos ambientales no queden impunes.

La FGR mantiene abierta la investigación, la cual podría derivar en cargos contra Ascencio Barba y otros involucrados, con posibles penas de hasta nueve años de prisión por delitos ambientales, tráfico de influencias y desobediencia a la autoridad.