El domingo 10 de agosto en Irapuato, más de un millón de litros de combustible quedaron expuestos al saqueo y a una posible tragedia. Este episodio desnuda, una vez más, la realidad que pocos quieren enfrentar: la política local, especialmente la de Morena, está atrapada en una simulación que hace daño, con personajes como Pepe Aguirre, diputado federal, que actúan más para la foto que para la solución.

Aguirre, cercano a Adán Augusto López, una pieza clave del poder federal, se presentó en medio de la crisis sin un plan claro ni protocolos que respondieran a la magnitud del problema. Su actuación se limitó a frases vacías y a posar para la cámara, sin ofrecer respuestas concretas.

La retórica de “trabajar sin colores ni banderas” suena hueca y distante de la realidad que viven miles de irapuatenses que enfrentan inseguridad y miedo cotidiano. En el Congreso, la ausencia de Aguirre es palpable: un legislador sin iniciativas, sin propuestas, un mueble que no cumple con su función más elemental.

Esta doble cara —la del político de espectáculo y la del legislador ausente— es una irresponsabilidad mayúscula que solo profundiza la crisis. Simular preocupación mientras se ignoran las herramientas reales para transformar el entorno es, en esencia, un acto de abandono.

La política local está marcada por la hipocresía y la improvisación, y Morena enfrenta un momento decisivo: debe desterrar esta simulación si quiere recuperar la confianza de una ciudadanía harta de discursos y maquillajes políticos. La gente demanda resultados, no teatro.

Pepe Aguirre no solo es incapaz de responder a la crisis; representa un peligro para la ciudad que debería proteger. Irapuato merece líderes con integridad, compromiso y capacidad de acción, no políticos que juegan con la vida de sus habitantes.

Guanajuato, Gto. — La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró cerca de siete hectáreas en la Sierra de Santa Rosa, donde el exdiputado federal panista Sergio Fernando Ascencio Barba impulsa de manera ilegal el desarrollo inmobiliario conocido como La Cucursola. Organizaciones ambientalistas, como Acción Colectiva Socioambiental, han urgido a las autoridades para que se clausure definitivamente este proyecto y se sancione a quienes resulten responsables por el daño ambiental.

El aseguramiento por parte de la FGR se realizó el 30 de julio, como resultado de una denuncia penal interpuesta por dicha agrupación, la cual señala irregularidades en permisos otorgados por el exalcalde panista de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña. Se acusa además a funcionarios municipales de haber facilitado el avance de este proyecto mediante la entrega de autorizaciones sin la debida legalidad.

Para Gustavo Lozano Guerrero, representante de la organización ambientalista, el caso de La Cucursola representa una muestra clara de manipulación institucional, donde leyes y procedimientos han sido utilizados para proteger intereses privados en detrimento del medio ambiente y la exigencia ciudadana de justicia.

El desarrollo inmobiliario comprende 49 lotes campestres que comenzaron a construirse desde 2019, amparados por una red de protección institucional que incluye permisos irregulares de urbanización, uso de suelo, impacto ambiental y venta, otorgados durante las administraciones de Alejandro Navarro.

Pese a estas autorizaciones municipales y estatales, ninguna contó con las aprobaciones federales indispensables, como la Autorización de Impacto Ambiental (AIA) y el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, documentos que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable exigen para este tipo de proyectos.

La Secretaría del Agua y Medio Ambiente reconoció el 12 de agosto que sin estos permisos federales, los otorgados a nivel local carecen de validez legal, lo que agrava la situación del fraccionamiento.

Ante estos hechos, las organizaciones sociales demandan la clausura definitiva del desarrollo, sanciones para los funcionarios implicados y la restauración ecológica del área afectada, subrayando la necesidad de que los delitos ambientales no queden impunes.

La FGR mantiene abierta la investigación, la cual podría derivar en cargos contra Ascencio Barba y otros involucrados, con posibles penas de hasta nueve años de prisión por delitos ambientales, tráfico de influencias y desobediencia a la autoridad.

Irapuato, Gto., 9 de agosto de 2025.- La Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (JAPAMI) lidereada por el Ing. Roberto Castañeda continúa con el impulso de más de 40 proyectos estratégicos orientados a fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar los servicios públicos en la ciudad.

En una reunión de revisión integral del Plan Estratégico de JAPAMI, autoridades municipales, encabezadas por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, evaluaron los avances de estas iniciativas, las cuales buscan atender necesidades prioritarias detectadas a través de un acercamiento directo con diversas colonias y comunidades de Irapuato.

El director de JAPAMI, El Ing. Roberto Castañeda Tejeda, presentó los avances de 49 proyectos que se encuentran en marcha. Estos esfuerzos contemplan una visión de largo plazo, enfocada en consolidar una infraestructura eficiente y sustentable que beneficie a toda la población.

Entre los principales objetivos, Castañeda destacó que estos proyectos están alineados con el Plan Municipal de Gobierno 2050, elaborado por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), cuyo propósito es posicionar a Irapuato como una ciudad moderna y competitiva, con servicios públicos de calidad y respeto al medio ambiente.

El Plan Estratégico de JAPAMI también fortalece el eje “Tu Entorno Renovado” del Plan de Gobierno Municipal, orientado a elevar la calidad de vida de los irapuatenses mediante la mejora de los servicios básicos, como el suministro de agua potable, el drenaje y el saneamiento.

Aunque los proyectos avanzan con ritmo, la ejecución deberá enfrentar retos como la distribución equitativa de los recursos y la adecuada atención a las zonas más vulnerables, condiciones que serán cruciales para que los beneficios alcancen a la mayor cantidad de ciudadanos posible.

Roberto Castañeda (Director de Japami) ha mantenido un rol activo en la gestión y coordinación de estos proyectos, buscando consolidar una respuesta técnica y administrativa frente a las demandas hidráulicas que Irapuato enfrenta.

En el complejo tablero político de Guanajuato, el nombre de Roberto Saucedo Pimentel trasciende ya su historial como litigante y ex candidato del Partido Verde Ecologista a la alcaldía de la capital. Ha construido, con meticulosidad, una imagen pública de activista comprometido con la lucha contra la corrupción; sin embargo, a medida que se escudriñan sus movimientos y alianzas, esta imagen comienza a revelar un perfil mucho más estratégico y calculado, una fachada que encubre intereses económicos y políticos de largo alcance.

Diversas fuentes del ámbito político y empresarial coinciden en señalar que Saucedo opera en estrecha coordinación con Martha Karina Rodríguez Lizola, directora del ISSSTE en Guanajuato. Esta alianza, que va más allá de la relación institucional, se traduce en una plataforma para articular presiones y negociaciones que favorecen a empresarios ligados al sector salud. De igual forma, Saucedo mantiene nexos con periodistas que, junto con estas redes, consolidan un entramado de influencia que capitaliza conflictos internos y auditorías para direccionar contratos públicos, en particular los millonarios destinados a insumos médicos.

Las denuncias penales en contra de Gabriel Cortés Serrano, secretario de Salud, son operadas en conjunto por Saucedo y Rodríguez Lizola como un mecanismo de chantaje para favorecer a un empresario farmacéutico que ha perdido el acceso a compras dentro de la Secretaría de Salud. Esta estrategia jurídica y mediática funciona como una presión directa para restaurar intereses económicos particulares. No se pretende aquí defender al secretario de Salud, quien deberá responder ante la ley si así corresponde, pero lo que está claro es que este proceso está siendo instrumentalizado por Saucedo y Rodríguez Lizola para fines económicos y políticos.

Las confrontaciones públicas con el fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, no son simples enfrentamientos coyunturales, sino parte de una estrategia para fortalecer su posicionamiento político y presionar a los actores gubernamentales involucrados en la adjudicación de contratos, garantizando así el beneficio de los empresarios que financian sus actividades.

En el Congreso del Estado, el brazo político de Saucedo es Miriam Reyes Carmona, diputada local y hermana del senador Emmanuel Reyes Carmona. Su papel de “asesora” y enlace refuerza el entramado de relaciones que cruzan la política, los negocios y la influencia religiosa, dado el conocido vínculo de Emmanuel Reyes con La Luz del Mundo. Esta organización religiosa no solo funciona como un soporte ideológico, sino que también se utiliza como estructura política y mecanismo de financiamiento, aspectos que, aunque prohibidos por la ley mexicana, forman parte del cálculo estratégico de estas redes.

El modus operandi es claro y probado: iniciar procesos legales o denuncias contra funcionarios clave, alimentar una presión mediática constante y, simultáneamente, negociar con proveedores para asegurar la adjudicación de contratos en licitaciones públicas. En un contexto donde la compra de medicamentos, insumos y equipos médicos mueve cifras millonarias, el control de estas adjudicaciones se convierte en una mina de oro que alimenta a este complejo sistema de intereses.

Empresarios del sector privado, según testimonios consultados, han encontrado en Saucedo un intermediario que “facilita” contratos a cambio de comisiones o favores políticos. La mezcla de influencia, litigio y presión mediática coloca a esta red en una posición privilegiada para influir decisivamente en el rumbo del sector salud en Guanajuato.

Los antecedentes públicos de Saucedo denotan un manejo hábil del conflicto: ha utilizado la vía judicial para doblegar a comunicadores y adversarios políticos, transformando victorias legales en capital político. Este talento, aplicado al entramado de intereses económicos y políticos, resulta más difícil de evidenciar, pero no menos efectivo.

Además, es sabido que Saucedo está detrás de las campañas mediáticas de un medio conocido en Guanajuato, dirigidas en contra de Gabriel Cortés, secretario de Salud, y la Casa Azul de Diego Sinhue. Estas campañas no solo buscan debilitar a actores clave, sino consolidar su propio posicionamiento público y político.

Por último, la relación entre Saucedo y Martha Karina Rodríguez Lizola responde a intereses compartidos. Diversos empresarios del sector farmacéutico que proveen al ISSSTE se encuentran vinculados en este circuito, donde Martha, desde su cargo, y Saucedo, como asesor jurídico, operan para presionar y asegurar contratos, configurando así un sistema cerrado que amalgama poder político y lucro económico.

Esta compleja red de intereses plantea una pregunta fundamental: ¿cuánto del activismo que presume Roberto Saucedo responde a genuinas causas ciudadanas y cuánto a una estrategia meticulosamente diseñada para alcanzar la presidencia municipal de Guanajuato? Lo que es evidente es que su arsenal incluye confrontaciones públicas y campañas mediáticas, herramientas con las que afina su presencia política y económica en la entidad.

IRAPUATO, GTO. – Mientras el gobierno federal mantiene la narrativa de la austeridad republicana, dos legisladores morenistas de Guanajuato, Pepe Aguirre y Ernesto Prieto Gallardo, fueron vistos comiendo juntos en un restaurante de alto nivel en Irapuato, generando críticas por el contraste entre su discurso político y su vida pública.

Pepe Aguirre, diputado federal por Irapuato, ha sido señalado por su presunta participación en un fraude en la Asociación Porcícola de Guanajuato, y ha sido objeto de burlas y molestia ciudadana tras ser captado en diversas ocasiones dormido en sesiones del Congreso. A más de la mitad de su legislatura, no ha realizado ninguna intervención relevante en favor de Guanajuato, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre su utilidad como representante popular.

Aguirre mantiene además una estrecha relación con Adán Augusto López, ex secretario de Gobernación y figura relevante dentro de Morena, quien ha sido mencionado en reportes de inteligencia y medios nacionales por sus presuntos vínculos con el grupo criminal conocido como La Barredora. Aunque las conexiones no han sido judicializadas, el contexto genera preocupación por las redes de poder que operan detrás del discurso oficialista.

Por su parte, Ernesto Prieto, diputado por Salamanca, ha enfrentado acusaciones por el incumplimiento de obligaciones de pensión alimenticia, lo que ha afectado su imagen dentro y fuera del estado.

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Entre lujos y contradicciones

Esta escena de opulencia no es aislada. Se suma al malestar nacional causado por los viajes al extranjero de personajes de la 4T como Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, quienes fueron cuestionados por realizar giras en Europa con fondos públicos o sin justificación clara, en momentos en que México enfrenta retos presupuestarios y crisis internas.

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Editorial | El discurso se cae cuando se come con cubiertos de plata

Lo ocurrido en Irapuato retrata con claridad la fractura entre el discurso oficial y los hechos cotidianos de quienes lo enarbolan. La llamada “transformación” pierde fuerza cuando sus promotores comen en restaurantes de lujo, viajan por el mundo o duermen en el Congreso mientras miles de mexicanos enfrentan inflación, inseguridad y falta de servicios básicos.

Pepe Aguirre y Ernesto Prieto representan el riesgo de que Morena repita los vicios del viejo régimen: clientelismo, simulación, falta de compromiso con sus distritos y una preocupante desconexión con el pueblo que los eligió.

Si el nuevo gobierno quiere sostener su legitimidad, debe empezar por exigir congruencia a sus legisladores, sancionar el abandono del cargo y frenar los excesos. La austeridad no puede ser sólo una frase de campaña: debe vivirse, no comerse.

Guanajuato, Gto., 30 de julio de 2025. — La Fiscalía General de la República (FGR) dio un golpe directo a los intereses del exdiputado federal Sergio Fernando Ascencio Barba, al asegurar el fraccionamiento “La Cucursola” en la Sierra de Santa Rosa, como parte de una investigación penal por delitos ambientales que también alcanza al exalcalde Alejandro Navarro Saldaña y al exdirector de Desarrollo Urbano Juan Carlos Delgado Zárate.

El operativo, ejecutado por agentes federales, deriva de una denuncia presentada el 9 de febrero de 2023 por la organización Acción Colectiva Socioambiental, A.C., que acusa a los señalados de haber impulsado la construcción del fraccionamiento en terrenos forestales sin contar con la autorización de impacto ambiental de SEMARNAT ni el Estudio Técnico Justificativo para el cambio de uso de suelo, en flagrante violación a la ley.

La FGR detalló que el aseguramiento del inmueble se llevó a cabo conforme al artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite incautar propiedades vinculadas con posibles delitos.

Organizaciones ambientalistas advirtieron que este es apenas el inicio:

“La Sierra de Santa Rosa no se toca. Exigimos que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias y que quienes autorizaron y se beneficiaron de este ecocidio rindan cuentas ante la justicia”, señalaron Acción Colectiva Socioambiental A.C. y el Movimiento Colibríes de Guanajuato.

El caso ha reavivado el cuestionamiento sobre otros desarrollos irregulares en la zona, como el fraccionamiento “El Milagrito”, que aún no ha sido intervenido por las autoridades.

Sergio Ascencio Barba, señalado como el administrador único de la empresa Loma de Irapuato S.A. de C.V., enfrenta ahora el mayor desafío político y legal de su carrera. La Fiscalía no ha descartado que se le finquen responsabilidades penales por su presunta participación en uno de los casos más graves de ecocidio en Guanajuato.