Las autoridades gubernamentales de México emiten una alerta sobre las potenciales consecuencias de una baja presión con potencial ciclónico, que se encuentra cerca de las costas de Oaxaca. Se anticipa que esta situación podría derivar en nublados y lluvias en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca en el sur del país. Además, se prevé que este sistema evolucione hacia la formación de la depresión tropical Nueve-E durante el miércoles.

Esta depresión tropical podría avanzar hacia la categoría de tormenta tropical con el nombre «Hilary», e incluso existe la posibilidad de que impacte en Baja California Sur como huracán. El sistema podría generar vientos de hasta 62 km/h y su centro se ubicaría aproximadamente a 400 km de la costa de Oaxaca.

La coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, Alejandra Méndez Girón, destaca que las bandas nubosas del sistema podrían causar lluvias de fuertes a intensas en las regiones de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Se espera que la depresión tropical Nueve-E evolucione hacia una tormenta tropical y posiblemente un huracán, afectando las costas de Colima, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Nayarit.

Se estima que este sistema podría dirigirse hacia la península de Baja California, generando vientos, lluvias y oleaje en Baja California Sur. Las autoridades hacen un llamado a la población para estar atentos a la trayectoria y evolución del sistema, siguiendo la información oficial proporcionada.

Méndez Girón también pronostica fuertes lluvias en varias regiones, como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, con posibles vientos intensos y oleaje en las costas. Además, brinda detalles sobre los acumulados de lluvia esperados en diferentes estados durante el período del 15 al 22 de agosto.

Hasta la fecha, la temporada de huracanes en el Pacífico ha visto la formación de siete ciclones, ninguno de los cuales ha causado daños en México. Las autoridades pronosticaron previamente la formación de hasta 38 ciclones con nombre en la temporada 2023, con potencial impacto en el país.

En distintas áreas de México, una problemática alarmante ha cobrado relevancia: la presencia y el control ejercido por grupos delictivos sobre la actividad económica en diferentes regiones del país. Un caso paradigmático es el que acontece en la región de Tierra Caliente, Michoacán, donde estas organizaciones han consolidado su dominio sobre prácticamente todos los aspectos de la producción y el comercio, creando una situación que trasciende la seguridad ciudadana y se adentra en la esencia misma de la economía local.

El impacto de esta situación es profundo y abarca una variedad de áreas. Además de la evidente ola de terror que generan mediante la perpetración de secuestros, robos, extorsiones, desapariciones y asesinatos, los grupos criminales en Tierra Caliente tienen el poder de dictar los términos de la producción, la distribución y la comercialización de bienes. Estas actividades ilícitas se extienden a la producción agropecuaria, el comercio de abarrotes y hasta la venta de gasolina, estableciendo un nivel de control que ha llegado a afectar a la totalidad de la economía local.

Este dominio económico de los grupos delincuenciales opera en complicidad con un marco de impunidad que involucra a autoridades en los niveles municipales, estatales y federales. Paradójicamente, esto sucede a pesar de décadas de testimonios sobre los hechos por parte de estas mismas autoridades. Es una situación que ha suscitado interrogantes fundamentales acerca del papel y la eficacia de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el bienestar de la población.

El efecto combinado de la violencia generada por estos grupos y su influencia sobre la economía local ha creado un ambiente asfixiante para la población de Tierra Caliente. Los ciudadanos se enfrentan no solo a la inseguridad física, sino también a una crisis económica que afecta sus vidas de manera integral. Las empresas locales, los agricultores, los comerciantes y otros actores económicos se encuentran atrapados en un contexto en el que sus actividades productivas y comerciales están sujetas a las decisiones arbitrarias de los grupos criminales.

En este contexto, se hace imperativo analizar el fenómeno no solo desde una perspectiva de seguridad pública, sino también desde una óptica económica y social. La recuperación de la región de Tierra Caliente requerirá esfuerzos concertados que aborden tanto la inseguridad como las distorsiones económicas generadas por la injerencia del crimen organizado.

En resumen, la presencia y el control de grupos delictivos sobre la economía en Tierra Caliente, Michoacán, ha generado un panorama sombrío y complejo. Esta situación plantea cuestionamientos fundamentales sobre la relación entre las autoridades y el crimen organizado, así como sobre la viabilidad de la actividad económica en un entorno en el que el miedo y la incertidumbre prevalecen. La recuperación requerirá soluciones integrales que aborden tanto la seguridad como la reactivación económica, con el fin de devolver a la población local la posibilidad de vivir y prosperar en un ambiente seguro y productivo.

La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, anunció el sábado que la entrega de los recientes libros de enseñanza de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se detendrá en la región hasta que las autoridades emitan sus veredictos sobre los casos de amparo presentados en contra de su distribución.

«En virtud de los diversos juicios de amparo promovidos por ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, hemos decidido suspender temporalmente la distribución de los materiales didácticos gratuitos», declaró.

A través de un video compartido en plataformas digitales, la gobernadora destacó que mientras se resuelve este tema de los libros de estudio, su administración colaborará con educadores y padres de familia para asegurar la continuidad educativa de los estudiantes. Además, subrayó que se implementarán 94 acciones con el propósito de salvaguardar la educación de la juventud en la entidad.

Esta medida fue instaurada en el contexto de la controversia constitucional bajo el expediente 400/2023, impulsada por la administración de la política panista Maru Campos. Esta acción legal, que impide la distribución de los libros de la SEP en el territorio, se suma a la suspensión provisional otorgada previamente al legislador de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, Francisco Sánchez, el 10 de agosto pasado.

Este dictamen abre la puerta a la reproducción de ediciones anteriores de los libros de texto o la incorporación de otros materiales y herramientas pedagógicas en las aulas, de acuerdo con las declaraciones del legislador en un video divulgado en redes sociales. Paralelamente, el 10 de agosto, la SEP comunicó un acuerdo con representantes de 31 entidades del país para que los libros de texto estén disponibles en los centros educativos antes del inicio del ciclo escolar 2023-2024, el 28 de agosto.

Leticia Ramírez Amaya, titular de la SEP, explicó durante una rueda de prensa que la controversia reciente en torno a la nueva edición de los libros para estudiantes de educación primaria y secundaria «deriva de la transformación profunda y la nueva perspectiva que estos representan». Agregó que el único estado con el cual no se logró un acuerdo fue Chihuahua, debido a su ausencia en la reunión del Conaedu celebrada el jueves.

La región fronteriza de Chiapas ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre grupos criminales en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y Teopisca. Balaceras, bloqueos de carreteras y actos de vandalismo como la quema de vehículos han sumido a estas localidades en una ola de violencia.

En Frontera Comalapa, dos facciones criminales rivales se disputan el control del territorio. Uno de los grupos ha tomado el control de la cabecera municipal, mientras que hombres armados mantienen presencia en las principales entradas. Residentes de la zona reportan bloqueos en las vías de acceso, lo que ha paralizado prácticamente la ciudad. Esta situación ha forzado el desplazamiento de más de tres mil personas de comunidades como El Lajerío y Nueva Independencia. Cabe destacar que previamente, entre el 22 y el 26 de mayo, se habían registrado enfrentamientos armados en estas áreas.

En Chicomuselo, la situación también se ha agravado. Testigos han informado sobre la llegada de individuos fuertemente armados en camionetas blancas que han circulado sin restricciones por las calles. Se han realizado detenciones de conductores de mototaxis y de un camión tipo volteo, con el propósito de presionar a los involucrados a regresar a la organización MAIZ (Movimiento Agrario Indígena Zapatista), la cual está vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La violencia ha alcanzado su punto máximo en la región, con enfrentamientos armados reportados en los alrededores de Amatenango de la Frontera. A pesar de ello, todavía no se ha determinado el número de víctimas. En la comunidad de Vista Hermosa, cerca de Betania en el municipio de Teopisca, indígenas tzotziles armados han establecido puntos de control y han realizado disparos con fusiles de asalto. Los transportistas han sido advertidos de evitar esta zona.

Recientemente, un individuo en un vehículo Chevrolet Aveo fue interceptado por hombres armados el viernes, siendo llevado a unos ocho kilómetros de Betania, en una localidad conocida como El Ciprecito, en el municipio de Teopisca. La región fronteriza de Chiapas enfrenta una seria crisis de seguridad mientras estos grupos criminales compiten por el control territorial.