La Ciudad de México pronto se convertirá en una capital peculiar, ya que sus dos aeropuertos civiles estarán bajo la gestión de las Fuerzas Armadas. Por un lado, tenemos el nuevo aeropuerto, prácticamente vacío debido a su ubicación remota y falta de conexiones, construido y operado por el Ejército desde su apertura hace un año. Por otro lado, el antiguo aeropuerto, completamente saturado, está a punto de pasar completamente bajo el control de la Marina.
Este traspaso forma parte del plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de transferir una docena de aeropuertos a manos militares antes de que finalice su mandato en 2024. Esta situación es un claro ejemplo del creciente poder civil y económico que las Fuerzas Armadas están adquiriendo en México. Según el mandatario, esta medida es necesaria para combatir la corrupción, pero sus críticos denuncian una preocupante militarización del país.
Para los viajeros que lleguen al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), el principal del país, es posible que no noten muchos cambios a simple vista. La Secretaría de Marina se ha encargado de la seguridad desde hace más de un año. Sin embargo, una vez que se publique el decreto presidencial anunciado, será responsable de absolutamente todo, desde la aduana hasta la limpieza de los baños, pasando por el control migratorio y el manejo del equipaje. Según el director del aeropuerto, el vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, de 73 años, esta instalación por la que pasan mensualmente cuatro millones de viajeros será «una empresa dentro de un ente naval militar», aunque aclaró que «no se percibirá como una dependencia militar».
A diferencia del otro aeropuerto de la capital, Felipe Ángeles, donde incluso los encargados de pedir el pase de abordar son guardias nacionales, en el AICM los únicos uniformados son los 1,500 marinos desplegados desde febrero de 2022 para labores de seguridad. El resto del personal es y será civil, pero bajo «reglas más claras», según defendió Velázquez Tiscareño, quien señaló que se promoverá el orden y la disciplina.
Desde el inicio del gobierno de López Obrador en diciembre de 2018, los militares han asumido cada vez más responsabilidades, desde la seguridad y el control de aduanas y puertos, hasta la gestión de viveros y viajes turísticos a una isla penal, así como la construcción de infraestructuras millonarias como el Tren Maya y varios aeropuertos. La Marina constituirá una empresa llamada Casiopea, que se encargará del AICM y de otros seis aeropuertos considerados «deficitarios» y «en manos de la delincuencia organizada», según el vicealmirante, como el de Matamoros en la frontera noreste, Ciudad del Carmen en el Golfo y varios en la región del Pacífico. López Obrador ya ha adelantado su plan de contar con una docena de aeropuertos en manos del Ejército o la Armada para fines de 2024 y espera que la nueva aerolínea militar esté operativa este mismo año.
Esta incursión de las Fuerzas Armadas en la aviación va en contra de las recomendaciones internacionales que establecen límites claros entre lo militar y lo civil, según explicó Rogelio Rodríguez Garduño, profesor de Derecho Aeronáutico en la Universidad Nacional Autónoma de México. Las posibles implicaciones legales tampoco están claras. A principios de este año, la Corte Suprema consideró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército, y la respuesta del presidente fue dejarla administrativamente bajo mando civil, pero con un jefe operativo militar.
Si bien los cambios en los aeropuertos podrían beneficiar la seguridad, los expertos no creen que resuelvan los demás problemas que enfrenta la aviación en México. En 2021, el país fue degradado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos debido al incumplimiento de los estándares internacionales en la supervisión de sus aerolíneas. Esto no significa que sean inseguras, pero impide que las compañías mexicanas amplíen sus vuelos hacia ese país. Según Rodríguez Garduño, se necesita más capacitación, mejores inspecciones y un aumento en el nivel de competencia y competitividad en el sector. En este sentido, el académico no está seguro de si los militares desempeñarán un buen papel, ya que no son expertos en negocios, sino en obediencia.
Velázquez Tiscareño, un piloto retirado, reconoce las preocupaciones que generan estos cambios, pero asegura que «si se decidió que así fuera, es porque existen algunos aeropuertos en el país que han presentado grandes problemas durante muchos años y era necesario corregirlos». En el caso del aeropuerto de la capital, la lista de problemas era larga: entrada de grandes cantidades de drogas y migrantes «VIP», escáneres que no funcionaban, robo de maletas, horarios de aerolíneas sin control, negocios sin contratos en locales y hangares, deudas, corrupción, entre otros. Todo esto se sumaba al flujo diario de miles de viajeros y la saturación total de instalaciones con problemas estructurales que iban desde hundimientos hasta inundaciones periódicas y malos olores constantes. La corrupción llegó a tal extremo que en algún momento se utilizaron comunicaciones internas en clave para detener las inspecciones de maletas y permitir el ingreso sin problemas de cargamentos de droga, como quedó al descubierto durante el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado por narcotráfico en Estados Unidos en febrero.
