Ciudad de México, 19 de abril de 2024.- Claudia Sheinbaum pasó de negar que tres empresas de su familia aparecen en una investigación sobre paraísos fiscales –conocida como Panamá Papers–, a justificar la existencia de “una cuenta” a nombre de su abuela, sobre la cual dijo “no hay nada ilegal”. El Sabueso confirmó con la base de datos ICIJ Offshore Leaks del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que hay al menos tres empresas ligadas a 9 familiares de Claudia Sheinbaum Pardo, incluida su madre.

Desde 2021, medios de comunicación hicieron publicó que Annie Pardo Semo, madre de la ahora candidata presidencial, aparecía como una de las accionistas de una de las empresas.

Al respecto, la candidata de Morena-PVEM-PT ha dado por lo menos 3 versiones, primero negándolo todo desde el pasado 7 de abril, cuando fue cuestionada por su contrincante Xóchitl Gálvez en el primer debate entre aspirantes a la presidencia.

“Ahora le pregunto a Claudia, hay información de los Panamá Papers donde tu familia no tiene una, sino tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos”, dijo Gálvez.

“Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso”, contestó Sheibaum.

Luego el 9 de abril, la misma Sheinbaum reconoció en una entrevista con el periodista Enrique Hernández Alcázar en W Radio que efectivamente su abuelita tenía una cuenta bancaria cuyos fondos pasaron, por herencia, a una de sus tías.

“Sí. A ver, les explico: fue una cuenta ahí que tuvo mi abuelita, hace muchísimos años, que alguien la convenció de sacar su dinero, y era muy poco dinero realmente. Y entonces, cuando muere mi abuelita, pues por herencia le toca principalmente a mi tía. Entonces, pero no tiene ni siquiera esta cosa de que había un abogado del narcotráfico (…) y esto ya lo había aclarado yo múltiples ocasiones”, señaló.

Y al día siguiente, 10 de abril, la candidata ya no habló de una sola tía: “Ya vamos a hacer un comunicado, no hay nada ilegal absolutamente, ni nada que tenga que ver con grandes sumas de recursos, sino una cuenta que existía ahí por parte de mi abuela y que después pasó a mis tías, y que era totalmente legal y apareció en este proceso”.

Lo que la candidata no mencionó es que la empresa de su abuela, Mati Cemo de Pardo, no solo tiene a sus tías como accionistas, sino también a su madre Annie Pardo.

Sheinbaum tampoco ha aclarado que no solo es una, sino –al menos– 3 empresas vinculadas a su familia.

Animal Político consultó al equipo de campaña de la candidata para conocer su postura actual al respecto, pero hasta la publicación de esta nota no hemos tenido respuesta.

¿Qué son los Panama Papers?

Los Panamá Papers es una investigación con la que se exhibió el mecanismo que algunas personas utilizaban para esconder sus riquezas mediante empresas conocidas como offshore, creadas para operar fuera del país donde está registrada o donde viven sus directores, accionistas y beneficiarios.

Dichas empresas se establecen principalmente en los llamados paraísos fiscales, que son territorios que se caracterizan porque sus regímenes tributarios son favorables para los ciudadanos o empresas no residentes, pues les permiten no pagar impuestos y el secreto bancario.

Los documentos fueron obtenidos por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Una de las figuras principales de esta investigación es la firma panameña Mossack Fonseca, pues dicha investigación encontró que se dedicó a ayudar a sus clientes a esconder sus riquezas en cuentas extraterritoriales.

Vale la pena señalar que el mismo ICIJ advierte que “existen usos legítimos para las empresas y fideicomisos extraterritoriales”. Por lo que “la inclusión de una persona o entidad en la base de datos de Offshore Leaks del ICIJ no pretende sugerir ni implicar que haya participado en una conducta ilegal o inapropiada”.

¿Cuáles son las empresas que ligan a la familia de Claudia Sheinbaum?

Las tres empresas relacionadas con familiares de Sheinbaum están ligadas a Mossack Fonseca.

La primera empresa es Jaen Ltd, que fue creada en 1990. En este caso aparecen los nombres de Annie Pardo Semo, madre de la candidata presidencial; Mati Cemo de Pardo, abuela de Claudia Sheinbaum Pardo; y las tías de la morenista Esther Pardo Cemo y Sally Pardo Semo, como accionistas de la empresa con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas.

offshoreleaks.icij.org

La segunda empresa es Jajoga ltd, que aparece como empresa registrada en Islas Vírgenes Británicas y cuyo agente también es Mossack Fonseca. En este caso las personas que aparecen como accionistas de la empresa son la tía de Sheinbaum, Sally Jacqueline Pardo Samo, y sus hijos: Gabriel Davidov Pardo, Vanessa Gurwitz Pardo y José Davidov Pardo.

offshoreleaks.icij.org

Dicha empresa creada en diciembre de 2008 está vinculada con la dirección: Fuente de Trevi 19-12, Tecamachalco, CP. 53950. En enero de 2023, el edificio ubicado en dicha dirección portaba un letrero de “Se vende”, de acuerdo con Google Street.

Mientras que la tercera empresa es Vanmiste ltd, creada en 2008 y también ligada a Mossack Fonseca. Esta involucra a la tía Esther Pardo y Cemo; y a los primos: Miguel Gurwitz Pardo, Vanessa Gurwitz Pardo y Stephanie Gurwitz Pardo.

offshoreleaks.icij.org

¿Qué sabemos de Mossack Fonseca?

Como ya mencionamos, las 3 empresas están ligadas con la firma Mossack Fonseca, misma que –de acuerdo con un análisis del ICIJ– en 1987 estableció una sucursal en las Islas Vírgenes Británicas, que unos años antes había aprobado una ley que facilitaba la creación de empresas extraterritoriales sin revelar públicamente a sus propietarios y directores.

En 2005 las Islas Vírgenes Británicas tomaron medidas contra las llamadas acciones al portador, es decir aquellas que no muestran el nombre del propietario, así que Mossack Fonseca trasladó ese negocio en particular a Panamá.

“Las acciones al portador han sido consideradas durante mucho tiempo un vehículo para el lavado de dinero y otros delitos, y han ido desapareciendo gradualmente en todo el mundo”, explica ICIJ.

En Panamá, los productos de Mossack Fonseca incluyen fundaciones privadas, que no están sujetas a pagar impuestos en dicho país y operan bajo una ley que no exige que se revelen los nombres de los fundadores o beneficiarios.

En 2012 y 2013, los reguladores de las Islas Vírgenes Británicas impusieron a la empresa una serie de multas por violar las normas contra el lavado de dinero del país.

ICIJ también encontró evidencia de que Mossack Fonseca contrató los servicios de Mercatrade SA, empresa que brinda “gestión de reputación online”, es decir un borrado de resultados negativos en motores de búsqueda.

Mossack Fonseca cerró todas sus oficinas en marzo de 2018 debido a problemas de liquidez y falta de clientes, ese año sus fundadores se deslindaron de las acusaciones y aseguraron que “nunca estuvo involucrada en actividades ilícitas”.

Investigación de Samedi Aguirre publicada por Animal Político

Ciudad de México, 17 de abril de 2024.- En la propia sede encargada de administrar el trabajo y vigilar la disciplina de los jueces ocurrían las presiones, amenazas y extorsiones.

Según la investigación que inició el Poder Judicial contra el ex Ministro Arturo Zaldívar, jueces y Magistrados llegaban al piso 14 del edificio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en Insurgentes Sur, sin saber el motivo por el que habían sido citados.

Se sentaban en una sala de espera, donde todo el tiempo estaban presentes unos escoltas armados, y cuando finalmente salía de su oficina Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario General de la Presidencia del CJF, éste les pedía pasar a un cubículo semivacío.

Antes del encuentro con el funcionario, debían entregar sus celulares y dispositivos electrónicos. Por seguridad, incluso les revisaban sus bolsas y bolsillos.

Era la forma en que Alpízar operaba por instrucción del entonces presidente de la Corte, en favor del Gobierno: ponía sobre la mesa la línea que debían seguir los juzgadores para resolver una vinculación a proceso, un amparo, una suspensión, una sentencia.

Por la buena, Alpízar ofrecía a cambio asignarles adscripciones favorables a los jueces y magistrados, beneficios políticos como su inclusión en las ternas para consejeros del CJF, ratificaciones en el cargo, cursos en el extranjero y hasta dinero.

«Como dice Zaldívar, ‘favor con favor se paga'», dice la denuncia.

Por la mala, esas reuniones se convertían en abiertas extorsiones, con amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones del cargo. Ni siquiera aquellos con el expediente limpio estaban a salvo; podían «sembrarles» quejas administrativas.

Los jueces Sandra Leticia Robledo Magaña, Julio Veredín Sena Velázquez, María Dolores Núñez Solorio, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz y Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, así como los hoy magistrados Adrián Rivera López y Rosa Montaño Martínez, son sólo algunos de los tantos que fueron citados al piso 14, aunque la mayoría de ellos rechazaron las presiones.

Uno de los chantajes que le atribuyen a Alpízar es el que supuestamente tramó contra el magistrado Arturo Sánchez Valencia, del Primer Tribunal Colegiado Penal de Toluca, quien resultaba «incómodo» para Zaldívar», según la denuncia.

Por todos los medios posibles, el operador del Ministro habría pretendido «deshacerse» del magistrado, ordenando que se investigaran sus finanzas y las de su familia, sus declaraciones patrimoniales y las quejas que existieran en su contra.

Como no le hallaron nada, Alpízar citó en el piso 14 a Selene Tinajero Bueno, esposa del entonces juez federal Adrián Rivera López y en aquel momento secretaria del tribunal al que estaba adscrito el magistrado Sánchez Valencia.

En la reunión, el funcionario del CJF pidió a la mujer que acusara al magistrado por acoso sexual y, a cambio, una vez que su marido aprobara el examen de magistrado, le daría una «buena» adscripción.

Tinajero rechazó el ofrecimiento y, cuando su esposo aprobó el examen, lo enviaron como magistrado a un tribunal de Guanajuato. Ella ahora está adscrita en un tribunal de la Ciudad de México.

Reuniones en el rancho y restaurantes

 Algunas carreras judiciales de décadas fueron destruidas por rehusarse a las indicaciones que recibían en la sede del CJF en Insurgentes Sur. Otros juzgadores se convirtieron en ejecutores de los mandatos del Ministro, según la denuncia.

La denuncia anónima que indaga la Judicatura hace referencia a otro grupo de juzgadores con los que Carlos Antonio Alpízar Salazar trataba fuera de oficina, y entre ellos se encuentran algunos que resolvían sus asuntos como los dictaba la superioridad.

Esas reuniones tenían lugar en restaurantes caros y en un rancho propiedad de Alpízar aparentemente en el Estado de México, para darles indicaciones sobre los casos relevantes que se tramitaban en la Ciudad de México y el Centro de Justicia del Penal del Altiplano.

«A estas reuniones acudían Hugo Hermosillo, Alberto Roldán, Tito Contreras, Gabriel Regis, Victorino Hernández Infante, José Manuel Torres, Jesús Delgadillo Padierna, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Eutimio Ordóñez, Everardo Maya, Breyman Labastida, Michele Franco, Artemio Zúñiga, Abigail Ocampo, Fernando Córdova del Valle, Adrián Rivera, Iván Zeferín, Salvador Bravo, Rodrigo de Zulueta, Tania Méndez, entre otros», relata.

La denuncia señala que los que aceptaron las presiones fueron el juez Delgadillo, quien dictó la prisión preventiva a Rosario Robles; Zúñiga, quien la impuso a Emilio Lozoya y ordenó la aprehensión de Genaro García Luna; Zeferín, quien giró la captura de Francisco García Cabeza de Vaca y tramitó casos como el de Cruz Azul y Telra-Infonavit; y el magistrado Córdova, el que descongeló las cuentas de Sandra Ávila «La Reina del Pacífico».

De acuerdo con el anónimo indagado por el CJF, Alpízar también organizaba reuniones entre juzgadores y funcionarios de las Secretarías de Gobernación y la Defensa Nacional, bajo el pretexto de «sensibilizarlos».

La realidad es que esos encuentros eran para presionar a los jueces y magistrados; en algunos casos, los militares fueron a presionarlos para que se apuraran a negar amparos contra extraditables porque era prioridad del Ejecutivo federal entregarlos a Estados Unidos.

Fue el caso de las juezas Abigail Ocampo y Michele Franco, cuando estaban adscritas en Toluca, a quienes Alpízar sentó con un militar identificado como «el comandante», quien les pidió celeridad para resolver unas demandas de dos miembros específicos del crimen organizado.

Los juzgadores Rosa Montaño, Julio Veredín, María Dolores Núñez, Yazmín Eréndira Ruiz, Sandra Robledo Magaña y Patricio Vargas también fueron presionados por casos relacionados con extradiciones.

Intromisión de Scherer

La denuncia señala que hubo un momento en el que Julio Scherer Ibarra, entonces consejero Jurídico de la Presidencia, ejerció directamente la coerción sobre los juzgadores.

«Sabemos que acudió al Sexto tribunal Colegiado Civil de la Ciudad de México con el magistrado Ismael Hernández, a quien presionó con un cambio de adscripción, para que recibiera a los abogados de una de las partes de un asunto en el que se dilucidaban grandes cantidades de dinero y avisara al mismo Scherer antes del dictado de la resolución. Acción que deja en claro la injerencia que tenía ese personaje en las decisiones del CJF relacionadas con la conformación de los tribunales colegiados», dice la denuncia.

Revela que Scherer también fue a presionar a los jueces en materia civil Alejandro Dzib Sotelo y Concepción Martín Argumosa, para gestionar actuaciones en concursos mercantiles.

Además, en 2021 Scherer también acudió al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México para presionar a los tres magistrados «respecto de uno de los asuntos de sus despachos favoritos».

En este caso, solicitó a los magistrados que le avisaran por conducto de Alpízar el sentido de la resolución que dictarían, «advirtiéndoles que lo revisaran con mucho cuidado y evitarán problemas».

Tomado de Reforma, publicado por Abel Barajas

Irapuato y Pénjamo, Gto., 14 de abril de 2024.- Como parte de la construcción de su Plan de Gobierno 2024 – 2030, la candidata a Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo continúa con la realización de Mesas de Propuesta Ciudadana.

En los municipios de Irapuato y Pénjamo se llevaron a cabo las mesas en materia de Educación y Desarrollo Rural, con la participación de ciudadanos, asociaciones civiles, personal docente, alumnos y diversas instituciones de los municipios de Irapuato, Salamanca, León, Cuerámaro, Celaya, Valle de Santiago, Silao, Pénjamo, Abasolo, Pueblo Nuevo, entre otros.

En Irapuato, donde se escucharon y recopilaron las propuestas en materia de educación, participaron 130 personas.

Rosario Corona Amador, Coordinadora General de la Campaña de Libia, agradeció la participación de los participantes en este tema fundamental, ya que dijo, sin educación no podemos hablar de progreso, de bienestar ni de futuro y oportunidades.

“Tenemos que demostrarles (a los estudiantes) con hechos, con inversión, con recurso y también con capital humano, que ellos son lo más importante este proyecto educativo”.

Habló también sobre el compromiso de resolver el tema de seguridad en las colonias “que nuestros niños regresen seguros al igual que nuestros maestros”.

Libia tiene todo el compromiso de hacerlo de la mano de ustedes, estos retos hay que afrontarlos juntos

Jael Castañeda García, integrante de la asociación Pacto por la Paz, dijo que la ciudadanía está convencida y tienen la esperanza que trabajando en conjunto podremos lograr el Guanajuato y México que todos queremos.

“Admiro mucho el liderazgo y la valentía de la próxima Gobernadora, Libia… Yo veo magnifico que tengamos estos tipos de diálogos donde la ciudadanía podamos expresar el sentir, porque yendo a la parte operativa, yendo a las familias y a las calles es donde podemos realmente sacar las propuestas que necesitamos”

Alexa María Garcidueñas, estudiante del sexto semestre del Bachillerato Bivalente de Talentos, de Irapuato, describió como una experiencia muy agradable el participar en este ejercicio ya que le permite conocer el punto de vista de docentes, alumnos y padres de familia para poder aportar sus ideas.

“El objetivo principal es que no sólo se quede en una hoja, sino que se lleve más allá, que se busque llevar a cabo y que se busque una continuidad para que estas propuestas funcionen. Y que mejor que escuchar al pueblo, para darle al pueblo lo que necesita.

Entre los temas que más abordaron los participantes destacaron las escuelas de tiempo completo, desayunos gratuitos, mejora en la infraestructura educativa, capacitación constante para maestros, seguridad y apoyos con becas y otros programas.

Desarrollo Rural

En la Mesa de Desarrollo Rural llevada a cabo en Pénjamo, representantes ciudadanos expusieron diversas acciones concretas para promover una mejor calidad de vida para las y los guanajuatenses.

En esta mesa ciudadana participaron más de 120 personas, quienes dialogaron con el equipo de campaña de Libia Dennise, a fin de que cada propuesta se valore e incluya en el Plan de Gobierno.

Entre las propuestas que presentaron destacan, la compra consolidada de insumos, capacitación y asesoría para los agricultores, otorgamiento de financiamientos para el campo, eficiencia y tecnificación del agua, rehabilitación de pozos, apoyo al control de plagas, seguro ganadero, inversión en nuevas tecnologías, así como el impulso al deporte entre los jóvenes.

Karina Padilla, Coordinadora de Mesas de Propuestas, comentó que a través de la pagina soylibia.com, las y los ciudadanos pueden encontrar cada una de las propuestas que plantea la candidata de la coalición fuerza y corazón por Guanajuato, Libia Dennise, quien ha mostrado una total apertura y acercamiento con los diversos segmentos sociales.

“Todos los que estamos aquí queremos un mejor Guanajuato para nosotros y para toda nuestra familia, y sé que Libia Dennise escuchará su voz para hacerla parte de este importante proyecto para el estado”, refirió Karina Padilla.