Eduardo Ramírez, recientemente elegido como el nuevo coordinador de la bancada de Morena en el Senado en reemplazo de Ricardo Monreal, muestra su interés en postularse como candidato de su partido para la gubernatura de Chiapas.
En un video de una entrevista compartida en su cuenta de Facebook, Ramírez afirma: «Nunca he negado mis aspiraciones de ser gobernador de Chiapas. Cuando se emita la convocatoria por parte de Morena, presentaré mi licencia y renunciaré al cargo que se me ha conferido para participar de manera precisa como su candidato a gobernador de Chiapas y ganarme la confianza».
El político de Morena asegura que no ha renunciado a sus aspiraciones y reconoce que su nuevo cargo le otorga «mayor representación política» para trabajar en beneficio de los ciudadanos, especialmente los de Chiapas. Además, elogia el liderazgo y el esfuerzo del gobernador Rutilio Escandón, así como de los presidentes municipales y los poderes ejecutivo y legislativo de Chiapas.
Ramírez se considera un «soldado más al servicio de su estado» y anuncia que, cuando llegue el momento, levantará la mano, se inscribirá y, si Dios lo permite, estará allí para ganarse la confianza de los chiapanecos.
Cabe destacar que el martes pasado, Ramírez fue elegido como coordinador de Morena en el Senado, en reemplazo de Ricardo Monreal. Asimismo, el miércoles, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, también anunció sus aspiraciones para contender por la candidatura de Morena a la gubernatura de Chiapas. Robledo señaló que aún no hay una fecha definida para separarse del cargo o registrarse como candidato, enfatizando que todo se hará a su debido tiempo, según lo indicado por el presidente.
Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó su oposición a la propuesta de reducción de la jornada laboral que fue discutida en el Congreso y que se presentará nuevamente en el próximo periodo de sesiones.
En una entrevista, Cervantes declaró: «Pareciera que no hay límite», argumentando que se han logrado avances significativos en términos de beneficios laborales en el país.
«Mencionamos un paquete laboral importante, con aumentos históricos en el salario mínimo, días de vacaciones, pensiones, y se han realizado modificaciones en varios artículos», señaló.
Según lo reportado por el diario Reforma, el titular del CCE afirmó que debe existir un equilibrio entre el trabajo y el bienestar de los empleados:
«En un espíritu de equilibrio multilateral basado en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero parece que no hay límite. Lo que debemos hacer es ponernos a trabajar», afirmó el presidente del CCE.
Francisco Cervantes cuenta con 28 años de experiencia en el ámbito empresarial y ha desempeñado cargos como representante del sector empresarial en diversos consejos de instituciones nacionales, como Nafinsa, Bancomext, IMSS, Infonavit y Fonacot.
Según el empresario, la reforma que propone reducir las horas laborales tendría un impacto en los costos tanto para las empresas como para el gobierno:
«Imagínate los costos, estas iniciativas son transversales. No solo afectan los costos de horas extras para las empresas, sino también al gobierno, y eso lo pagan todos los mexicanos. Estamos evaluando la situación y entablando conversaciones con los sindicatos», destacó.
¿Qué contempla la propuesta de reforma a la jornada laboral?
La propuesta plantea la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, estableciendo dos días de descanso obligatorio en lugar de uno, como se estipula actualmente. Esta reforma modificaría el apartado A del artículo 123 de la Constitución.
Durante el periodo de sesiones anterior, la discusión de esta reforma quedó pendiente y se retomará en septiembre para su posible votación.
Irapuato presenta un exceso de vacantes en su fuerza policial, ubicándose en el octavo lugar a nivel estatal con mayor número de plazas no cubiertas, según el último reporte de Compromisos cumplidos por el Municipio emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Aunque el secretario de Seguridad de Irapuato, Ricardo Benavides, afirmó que no había déficit de policías en la ciudad, señalando que el despido de más de 100 elementos no afectaba la cobertura de plazas, el informe público muestra que de las mil 15 plazas autorizadas para la corporación policial en 2023, solo se ocupan 793 plazas, lo que representa un 78% de cobertura. Esto sitúa a Irapuato entre los ocho municipios con más vacantes en su fuerza policial.
En el mismo informe se menciona que cinco personas del personal de la corporación no aprobaron el examen de Control y Confianza, pero no se registró ninguna baja tras conocer los resultados.
A pesar de este incumplimiento en la cobertura de plazas, Irapuato ocupa el segundo lugar en el estado en términos de cumplimiento en operatividad, solo superado por León, con una puntuación de 96.1 sobre 100 en los 46 compromisos firmados con el Gobierno del Estado.
La denuncia de violencia de género presentada por una trabajadora de la Universidad de Guanajuato, afiliada al sindicato ASTAUG, fue desestimada por la ventanilla UGénero, declarándose incompetente en el caso. Los hechos ocurrieron fuera de las instalaciones de la universidad, en el Centro de Convenciones, cuando la trabajadora sufrió agresiones verbales por parte de un miembro del mismo sindicato, siendo posteriormente objeto de represalias por parte de su superior jerárquico, el dirigente Víctor Jiménez Ramírez, tras denunciar los incidentes.
Aunque quedó comprobado que Víctor Jiménez ignoró la denuncia y tomó medidas punitivas contra la trabajadora, como retirarle sus responsabilidades y emplear tácticas intimidatorias, UGénero argumentó no tener la autoridad necesaria para intervenir y derivó el caso al Comité Ejecutivo de la ASTAUG, respetando el principio de no intervención y autonomía sindical. Sin embargo, el propio Comité ha omitido tomar medidas de investigación.
La trabajadora ha enfrentado rechazo en todos los frentes en su búsqueda de justicia. Primero, el sindicato y su dirigente Víctor Jiménez se negaron a investigar el caso. Ante esto, la trabajadora recurrió al programa institucional de igualdad de género de la Universidad, donde se confirmó la violencia sufrida. A pesar de ello, ha experimentado violencia laboral, privándola de sus funciones dentro del sindicato, aunque sigue en su puesto.
En el acuerdo de derivación del caso de UGénero a la ASTAUG, se reconoce la existencia de violencia de género, especialmente de naturaleza psicológica y laboral, hacia la trabajadora, identificando un fenómeno conocido como «gaslighting», que implica un patrón de abuso psicológico y emocional con el propósito de manipular la percepción, juicio y memoria de la persona afectada.
La trabajadora intentó sentar un precedente en su sindicato para evitar que este tipo de comportamiento se repitiera en el ámbito laboral, pero no recibió atención. Envió cartas al director de Recursos Humanos de la UG y solicitó la intervención de las autoridades. Además, presentó una petición formal para iniciar un procedimiento administrativo ante la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato, y buscó apoyo en UGénero. Aunque Recursos Humanos llevó a cabo una investigación y sancionó al agresor con una suspensión de ocho días sin sueldo, el procedimiento ante la Comisión de Honor y Justicia no recibió atención.
En resumen, tanto el trabajador Antonio N, quien ejerció violencia contra la trabajadora, como el dirigente sindical Víctor Jiménez, quien la privó de sus responsabilidades, son responsables de actos de violencia en su contra luego de haber presentado la denuncia.
Diputados de Morena presentan denuncia penal contra el alcalde Alejandro Navarro por el incendio en el tiradero municipal de Guanajuato
Diputados locales del partido Morena han presentado una denuncia penal contra el alcalde Alejandro Navarro Saldaña, así como contra el director municipal de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, y el director de Servicios Públicos Municipales, Omar Luis Rosas Ojeda, por presuntos delitos contra la gestión ambiental relacionados con el incendio ocurrido en el tiradero municipal el pasado primero de mayo.
Ernesto Millán Soberanes, representante de Morena, explicó que la denuncia se basa en la omisión por parte del alcalde Navarro de atender las recomendaciones emitidas anteriormente para resolver la problemática del tiradero, a pesar de las advertencias de incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT).
Ante los daños ambientales y los riesgos a la salud de los ciudadanos ocasionados por el incendio, Millán Soberanes había solicitado previamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigara los actos y omisiones relacionados con el incidente. Sin embargo, señaló que el Congreso de Guanajuato parece encubrir a los alcaldes del PAN al no tomar medidas efectivas respecto a estas solicitudes.
El coordinador de los legisladores de Morena, David Martínez Mendizábal, agregó que la decisión de presentar la denuncia fue impulsada por las personas afectadas en su salud, quienes expresaron la necesidad de responsabilizar a la presidencia municipal por omisiones y violaciones a la Ley del Medio Ambiente.
Pedirán auditoría al Fideicomiso para Desarrollo Social y Seguridad (FIDESSEG) tras denuncias de entrega de recursos a asociaciones de la familia de Vicente Fox y otras organizaciones ligadas al PAN en Guanajuato.
El 18 de mayo la diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, denunció que a través del fideicomiso se entregaron 44 millones de pesos a la organización ‘Fe Guanajuato‘ dirigida por Enrique Oviedo, hermano del secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera.
Otra de las fundaciones favorecidas es ‘Vamos México’ de Martha Sahagún y Vicente Fox y ‘Amigo Daniel’ de Cecilia Fox, estas han recibido 23.5 millones de pesos. Según la diputada, ‘Vamos México’ recibió 8 millones de pesos para la ampliación de Crisma, un centro de rehabilitación para personas con discapacidad en San Miguel de Allende. Se le dieron otros 7.5 millones de pesos para equiparlo. La diputada denunció que la construcción está en obra gris.
Por las denuncias, este miércoles los diputados locales del PAN, Miguel Salim y Víctor Zanella, informaron que se solicitará una auditoría financiera y de cumplimiento. Los resultados estarían listos este mismo año.
«Que inicie 15 días hábiles después de que fue autorizada a más tardar por el Congreso del estado para que en efecto antes de que concluya el año podamos tener la información y que yo creo que lo importante no es concentrarnos en cuatro o cinco asociaciones, esto no es un tema político, es un tema técnico y que no se trata de personas, se trata de procesos y se trata de darle certeza al ciudadano de qué es lo que está pasando con sus recursos públicos, dónde se están aplicando, revisar cada una de las asociaciones, cada uno de los procesos», señaló Zanella, quién también es presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización.
Revisarán 140 asociaciones por recursos entregados
En rueda de prensa se señaló que suman al menos 140 asociaciones beneficiadas con algún recurso y todas serán revisadas para verificar que se entregaron cumpliendo las reglas de operación.
«La auditoría es a todas, segundo, no podemos tomar, no se puede tomar una decisión de dichos (denuncia de la diputada de Morena). Con todo respeto al Grupo Parlamentario, vimos lo que presentó y hay algunas confusiones y hay algunos datos que no son precisos. Vamos a esperar a que se hagan las auditorías y vamos a esperar los resultados. Lo que sí te puedo decir es que de las asociaciones que han presentado ellos o estas anomalías, están incluidas en la auditoría», dijo Miguel Salim.
El FIDESSEGse creó en 2019 cuando se aprobó incrementar el 0.3% de la tasa del impuesto sobre nóminas para pasar al 2.3%. Del aumento del 0.3%, se acordó que el 0.2% se destinaría a proyectos de desarrollo social y el 0.1% a proyectos de seguridad pública.
En dicho fideicomiso y según lo denunciado por la diputada Hades Aguilar Castillo, De 2019 y hasta el 2022, el FIDESSEG ha recibido un acumulado de mil 824 millones de pesos y durante 2023 sumó otros 709 millones de pesos.
Otros ligados además de familia de Vicente Fox
La diputada también señaló a otras personas ligadas al PAN, como José Luis Romero Hicks, quien es presidente del Banco de Alimentos de Guanajuato capital y hermano del diputado federal del PAN, Juan Carlos Romero Hicks. Otra de las señaladas es Carmen López Santillana, presidenta de la Asociación Leonesa para la Distrofia Muscular A.C; ella es hermana del expresidente municipal de León, Héctor López Santillana. Otra de las supuestas favorecidas fue Dulce María Gallego Hinojosa, exregidora de Celaya por el PAN y prima del expresidente Felipe Calderón.
El uso de los recursos del fideicomiso fue reservado por tres años por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato (IACIP). Diputados del PAN aseguraron que fue por seguridad de la propias agrupaciones y no por un rechazo a transparentar los recursos. Señalaron que tras la auditoría si hay irregularidades, éstas serán castigadas.
CIUDAD DE MÉXICO, 11ABRIL2018.- Vicente Fox Quesada, ex presidente de México, durante la conferencia de prensa para anunciar la próxima edición del Canna Mexico World Sumit, evento que busca reunir a expertos, profesionales y compañías líderes a nivel mundial en los campos de la ciencia, investigación, medicina, gobierno, tecnología, innovación, agroindustria y emprendimiento para ofrecer información, vinculación y oportunidades para la industria del Cannabis, en Guanajuato. El ex mandatario destacó el tema de la violencia que se vive en el país por el tráfico de narcóticos, así como las ganancias que generaría la industria de dicho psicotrópico. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
Protesta en la autopista Guanajuato-Silao debido a conflictos entre operadores de transporte digital y personal de Movilidad estatal
La autopista Guanajuato-Silao fue bloqueada como resultado de los conflictos entre los operadores que prestan servicios de transporte a través de plataformas digitales y el personal de Movilidad estatal. El cierre de la circulación ocurrió cerca del Hospital de Subzona número 54 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Aproximadamente 30 vehículos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) llegaron al lugar para abordar la situación que surgió a raíz de las quejas de los operadores sobre lo que consideran una «cancha desigual» en cuanto a la imposición de multas.
Uno de los manifestantes expresó su descontento diciendo: «El cinturón ya se reventó porque no se cumplen los acuerdos, o más bien, no se aplican de manera equitativa. A final de cuentas, estamos trabajando». El malestar se originó cuando se confiscaron los documentos de dos conductores, lo que llevó a sus compañeros a respaldarlos de inmediato.
Con el fin de calmar la situación, asesores del gobierno estatal y funcionarios como Ysmael López García, director de Transporte del estado, y José Luis Manriquez, subsecretario de Servicios a la Comunidad, se presentaron en el lugar y mantuvieron conversaciones con el grupo representado por Víctor Hugo Mosqueda, líder del colectivo ADE/CETEG.
Con el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual en el ámbito legislativo, la Asociación Civil LGBT+ Rights México ha presentado una solicitud al Congreso del Estado de Guanajuato para llevar a cabo el «Parlamento Juvenil LGBTI+». A través de esta iniciativa, buscan brindar a los jóvenes la oportunidad de conocer de cerca las actividades legislativas y promover un mayor entendimiento de las mismas.
En el documento dirigido a la presidenta del Congreso del Estado, Cristina Márquez Alcalá, se especifica que el evento está programado para el 1 de septiembre de este año. Se destaca que este ejercicio difiere de lo establecido en la Ley de Juventudes del Estado de Guanajuato, ya que busca crear un Parlamento conformado específicamente por jóvenes de la comunidad LGBTI+, con un enfoque en el reconocimiento y promoción de los derechos humanos.
En la solicitud, se solicita el uso del salón de sesiones del Congreso, incluyendo el sistema de audio y la transmisión en redes sociales durante el evento. Además, se pide un recorrido guiado por las instalaciones del Congreso del Estado para los 36 participantes, así como apoyo de catering para los asistentes al «Parlamento Juvenil LGBTI+».
En el oficio, se menciona que el Estado de Guanajuato se distingue por su labor en la promoción de la participación ciudadana a través del Modelo de Gobierno Abierto, el cual busca fomentar la interacción directa en asuntos de interés público y acercar el trabajo del Poder Legislativo a la población.
El próximo lunes 26 de junio, representantes de la organización civil ofrecerán una rueda de prensa en el Congreso del Estado para brindar más detalles sobre el «Parlamento Juvenil LGBTI+».
La exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez ha interpuesto una denuncia penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, con el objetivo de que se castiguen las violaciones a los derechos humanos de 12 personas inimputables que fueron encarceladas ilegalmente en el Cereso Mil.
Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Guanajuato, la activista de Morena expresó su dolor al ver que estas 12 personas, quienes padecían enfermedades mentales y, por lo tanto, eran inimputables, estuvieron recluidas en el penal de Valle de Santiago, algunas de ellas por hasta 17 años. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, contra aquellos que resulten responsables.
Botello, abogada originaria de León, mencionó que la publicación del caso por parte del Periódico Correo en octubre del año pasado generó una investigación de derechos humanos que confirmó las violaciones, pero las recomendaciones emitidas no tuvieron ningún efecto. Es decir, la denuncia realizada por un familiar de uno de los enfermos recluidos, quien solicitaba que su hermano fuera atendido en un lugar adecuado debido al peligro para su vida, no fue tomada en cuenta.
Según Bárbara Botello, hay omisiones por parte del Gobernador del Estado, así como de los responsables de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública (encargada de los Ceresos) y la Secretaría de Salud. Han solicitado a la Fiscalía que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y se finquen responsabilidades.
«Estamos aquí para exigir que se repare integralmente el daño causado, y no solo se limite a una sanción administrativa. Tenemos nombres y apellidos de las personas que, en su negligencia como funcionarios públicos, han cometido estos casos de lesa humanidad, tanto por acción como por omisión», enfatizó Botello.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha presentado su informe sobre el delito de extorsión, revelando que los municipios de Celaya, Salamanca y Guanajuato capital se encuentran entre los diez municipios con la tasa más alta de este delito por cada 100 mil habitantes.
Encabezando la lista se encuentra Metepec con una tasa de 96.9, seguido de Toluca con 80.2, Celaya con 75.2, Zumpango con 74.2, La Paz en el Estado de México con 63.2, Pachuca con 58.2, Salamanca con 54.5, Ecatepec con 41.7 y Guanajuato con 49.2.
En cuanto a los estados, Guanajuato ocupa el cuarto lugar en términos de tasa de extorsión. El Estado de México registra una tasa de 22.7, Baja California Sur 20.6, Colima 15.4, Guanajuato 14.1, Nuevo León 12.6, Veracruz 11.1, Hidalgo 9.6 y Campeche 9.
Jorge Peñuñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, señaló que según los datos del INEGI sobre la victimización empresarial, la cifra negra del delito de extorsión en 2021 fue del 96.1%. Además, estima que el costo de los delitos para las empresas durante ese año fue de 120.2 mil millones de pesos, equivalente al 0.4% del producto interno bruto. De acuerdo con los datos de Coparmex, uno de cada dos socios de la organización fue víctima de algún delito en 2022, y la extorsión fue el tercer delito más frecuente.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las extorsiones han aumentado en un 48%. En cuanto a las carpetas de investigación por extorsión, se reportaron 8,381 durante el gobierno de Vicente Fox, 22,084 con Felipe Calderón, 28,362 con Enrique Peña Nieto y 41,873 en lo que va del sexenio de López Obrador.
José Medina Mora Icaza, presidente nacional de Coparmex, afirmó que el ánimo de invertir ha disminuido, especialmente entre las micro y pequeñas empresas. El 19% de las empresas socias de Coparmex considera que la inseguridad es un obstáculo importante para la inversión. El 64% de las empresas ha aumentado su gasto en medidas de seguridad, recursos que podrían destinarse a desarrollar nuevos productos, contratar más personal o adquirir insumos para incrementar la producción.
La región Centro-Bajío es una de las más afectadas por las extorsiones, ya que concentra a 17 de las 20 ciudades con mayor número de víctimas de este delito. En esta región se encuentran Celaya, con una tasa de 75.2, Salamanca, con 54.5, y Guanajuato Capital, con 49.2.
Coparmex se compromete a colaborar con las autoridades y los diferentes niveles de gobierno para trabajar en la recuperación de la paz y
