El retiro de la visa estadounidense a Andy López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, ha suscitado tensiones políticas en México. El Gobierno de Claudia Sheinbaum afirma que esta acción no provocará una crisis con Estados Unidos. López Beltrán anunció que la administración de Donald Trump ha cancelado su permiso para ingresar a ese país, acusando a marcos políticos como Marco Rubio y Christopher Landau de actuar con intenciones políticas.
La Embajada de Estados Unidos en México ha indicado que los detalles sobre visas son confidenciales y se ha negado a revelar razones específicas para la revocación. A este respecto, no hay información pública sobre las circunstancias que llevaron a esta decisión.
Sheinbaum defendió a López Beltrán, afirmando que es su derecho responder a las acciones del Gobierno estadounidense. La mandataria consideró que la relación bilateral debe basarse en el respeto mutuo y desestimó la posibilidad de fricciones. La presidenta reiteró que si Estados Unidos tiene acusaciones basadas en evidencias, debe presentarlas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Desde el partido Morena, la cancelación fue calificada como un acto de “injerencia política extranjera”. En contraste, los partidos de oposición, como el PAN y el PRI, han rechazado la noción de que se trate de una persecución política. El PAN ha solicitado la publicación de la notificación de Estados Unidos y ha instado a la FGR a investigar posibles irregularidades relacionadas con el caso.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, mencionó que la cancelación no otorga inmunidad por el apellido López Obrador. Esta situación se enmarca en un contexto más amplio, donde otros funcionarios de la administración actual también han enfrentado similar revocación de visas.
López Beltrán, mediante redes sociales, convocó a la organización frente a lo que describió como una “embestida a la soberanía nacional” por parte de gobiernos extranjeros. La situación actual refleja tensiones diplomáticas que podrían afectar la percepción pública y política en México.
Se ha destacado que el retiro de visados a miembros de la llamada Cuarta Transformación no es un hecho aislado, ya que otros políticos han reportado situaciones similares. Particularmente, se ha mencionado el caso de la gobernadora de Baja California y otros funcionarios que se han visto involucrados en procesos de cooperación con autoridades estadounidenses. La FGR ha requerido pruebas específicas para proceder con cualquier solicitud relacionada.
