Este miércoles, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que establece penas de hasta 11 años de prisión para las personas que incurran en el robo, extracción y comercialización ilegal de agua potable, práctica conocida como «huachicoleo de agua». La iniciativa busca abordar la problemática del acceso indebido al recurso hídrico.
Durante la sesión, los diputados locales modificaron el Código Penal de la capital para imponer penas de seis a 11 años de cárcel y multas a quienes impidan o condicionen el acceso al agua potable de fuentes públicas con el fin de obtener un beneficio económico. Además, se sancionará con penas de siete a 11 años de prisión cuando el delito sea cometido por un servidor público.
La diputada Olivia Garza argumentó que esta reforma tipifica y sanciona el «huachicoleo de agua», que afecta a la población mediante tomas clandestinas y redes irregulares. Se busca dotar a las autoridades de herramientas efectivas para combatir una práctica que se ha incrementado en los últimos años.
El «huachicoleo de agua» se realiza a través de la perforación de redes de tuberías y la operación de tomas irregulares, que abastecen pipas que luego venden el líquido a precios elevados en zonas que enfrentan escasez. Esta actividad delictiva se concentra principalmente en el Valle de México, afectando áreas como Ecatepec e Iztapalapa.
Grupos delictivos suelen operar bajo la apariencia de organizaciones sociales o negocios de pipas, obteniendo el agua ilícitamente y comercializándola sin garantías de potabilización, a precios que pueden exceder en un 60% el costo regular.