La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido atraer un juicio relacionado con la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, quien desapareció el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la denominada «guerra sucia». Esta determinación busca definir las obligaciones del Estado mexicano en la búsqueda e investigación de su caso, así como en la garantía de los derechos a la verdad, justicia y recursos efectivos.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía, durante la sesión del pleno, destacó que el caso tiene un interés trascendental que puede sentar un precedente en la relación entre la autonomía ministerial y el cumplimiento de obligaciones constitucionales e interamericanas en materia de justicia. Asimismo, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que aún persisten medidas esenciales pendientes en este caso, como la investigación efectiva y la búsqueda de la víctima.
La atracción de este amparo en revisión permitirá a la SCJN interpretar el artículo 2 del Pacto de San José, definiendo así el alcance de las medidas que el Estado debe implementar para asegurar los derechos humanos de las víctimas. Cabe mencionar que en 2009, la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por la desaparición de Radilla Pacheco, reconociendo graves violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que el caso Radilla es clave en el derecho mexicano, ya que establece la responsabilidad del Estado en adoptar estándares del derecho internacional. La Suprema Corte evaluará si las omisiones de varias autoridades constituyen violaciones graves a los derechos humanos y decidirá sobre las medidas que puede implementar para garantizar una búsqueda e investigación efectivas.
Entre los aspectos a definir están la posibilidad de ordenar planes de búsqueda y diligencias de investigación, siempre respetando las atribuciones de las autoridades competentes. En una sesión anterior, se aprobó la abstención de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra para conocer esta solicitud de facultad de atracción, que fue presentada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf para abordar el amparo en revisión 185/2024 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito.