La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum reportó la detención de más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026. En contraste, las cifras de la población penitenciaria en México aumentaron en 37 mil 934 personas desde el inicio del actual gobierno hasta julio de 2026.
Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el aumento de detenidos no necesariamente implica un ingreso a centros penitenciarios. La dependencia explicó que tras una detención, corresponde al Ministerio Público determinar los pasos a seguir, y a la autoridad judicial definir la situación jurídica del individuo y las medidas cautelares pertinentes.
Datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) indican que, al 1 de octubre de 2024, había 234 mil 514 personas privadas de la libertad en los penales federales y locales de México. Para el 31 de julio de 2026, dicha cifra ascendió a 272 mil 448, reflejando un incremento neto. La SSPC advierte que estas cifras son indicadores distintos y no se deben comparar directamente.
La población penitenciaria presenta constantes movimientos, con ingresos, egresos y traslados diarios. La SSPC informó, el 8 de septiembre, que las detenciones están relacionadas con operativos enfocados en líderes y operadores de células delictivas, involucradas en homicidio, extorsión y secuestro.
Expertos, como Héctor Hernández Bringas del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, sugieren que es crucial considerar tanto los ingresos como los egresos en el análisis del crecimiento de la población carcelaria. Hernández Bringas también menciona las implicaciones de la prisión preventiva, que afecta a quienes aún no tienen condena.
José Luis Gutiérrez Román, director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), sostiene que para entender el aumento en la población penitenciaria es necesario examinar el flujo mensual de internos. Según sus estimaciones, aproximadamente 15 mil personas ingresan a los penales cada mes, mientras que alrededor de 13 mil son liberadas, lo que provoca un crecimiento neto mensual.
Gutiérrez Román destaca la necesidad de implementar políticas para reducir la presión en el sistema penitenciario y subraya que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional. Paola Zavala Saeb, fundadora de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), resalta las condiciones críticas que enfrentan los internos, como el hacinamiento y la falta de servicios adecuados.
Zavala Saeb advierte que el incremento en el número de internos, sin un aumento proporcional en la capacidad penitenciaria, puede llevar a la violencia y deteriorar las condiciones de vida dentro de los centros. Los problemas principales incluyen la calidad de alojamiento, alimentación, acceso a productos básicos y presuntos actos de corrupción.