La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, presentó una nueva iniciativa para la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta propuesta busca establecer una relación más equilibrada entre el desarrollo, el bienestar y la naturaleza, enfatizando la justicia ambiental en el contexto del México contemporáneo.
Bárcena describió la iniciativa como un avance significativo en la actualización de un marco jurídico que data de 1988, con el objetivo de abordar desafíos contemporáneos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. La propuesta se centra en la participación de las comunidades, así como en la necesidad de conciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente.
La funcionaria subrayó la importancia de proteger recursos esenciales como el agua, el aire, los alimentos y los ecosistemas, indicando que esto no solo ayuda a minimizar riesgos para las comunidades, sino que también facilita la restauración de áreas degradadas. La iniciativa incluye herramientas para enfrentar los retos ambientales, incluyendo programas de restauración ecológica y medidas para abordar el cambio climático.
Asimismo, se prevé que se otorgue mayor certeza jurídica a las comunidades y a las inversiones en proyectos de desarrollo, especialmente en regiones con potenciales conflictos socioambientales. Se incorporarán avances científicos y tecnológicos, así como el reconocimiento de saberes ancestrales de los pueblos indígenas en la protección de la biodiversidad.
La ley también tiene como objetivo mejorar el acceso a la información y fomentar la participación ciudadana en la gestión de recursos naturales. Entre sus aspectos destacados, la iniciativa propone un cambio de enfoque, pasando de un marco punitivo hacia uno que priorice la prevención de daños.
La propuesta establece diez principios fundamentales, tales como considerar el patrimonio natural como base de la prosperidad, reconocer la relación entre justicia social y justicia ambiental, y promover una economía circular que optimice el uso de los recursos.
En conclusión, la nueva legislación busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano, tal como lo contempla el artículo cuarto constitucional, con un enfoque hacia la protección de la salud y el bienestar de futuras generaciones. Esta iniciativa se posiciona como un paso importante en la evolución de las políticas ambientales en México.