Colombia celebrará elecciones presidenciales el próximo domingo, donde aproximadamente 41.1 millones de colombianos, incluidos los residentes en el extranjero, están llamados a votar. La contienda se centra en tres candidatos principales: Iván Cepeda, representante del actual presidente Gustavo Petro y defensor de una agenda progresista; Abelardo de la Espriella, un empresario de perfil ultraderechista que se autodenomina outsider; y Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y elegida por el expresidente Álvaro Uribe. Estas elecciones se dan en el contexto de una polarización política significativa y preocupaciones persistentes sobre la seguridad y la crisis humanitaria en el país.
Los votantes solo elegirán al presidente y al vicepresidente, dado que las elecciones legislativas se llevaron a cabo en marzo. Para evitar una segunda vuelta, un candidato debe superar el 50% de los votos. Las encuestas sugieren que Cepeda podría liderar con cifras que varían entre el 30% y el 44%, aunque enfrenta desafíos significativos de sus oponentes, que podrían consolidar fuerzas en una segunda ronda electoral.
Cepeda ha prometido continuar con el enfoque progresista de Petro, enfatizando el aumento de la presencia del Estado en la salud y las pensiones, así como reiniciar las negociaciones de paz con grupos armados que cesen las agresiones contra líderes sociales. A pesar de su popularidad en algunas encuestas, Cepeda también se arriesga a perder en una segunda vuelta ante la probable coalición de fuerzas conservadoras.
Por su parte, De la Espriella, quien ha sostenido polémicas posiciones en varios temas, ha prometido medidas de mano dura contra el narcotráfico y la corrupción. Propone un plan para solucionar la crisis del sistema sanitario, que enfrenta desafíos significativos, incluyendo la falta de medicamentos y la alta demanda por la llegada de migrantes venezolanos en busca de atención.
Valencia, aunque aparece en terceros lugares en las encuestas con predicciones de alrededor del 14% de los votos, también se alinea con una postura dura contra el narcotráfico y ha expresado su oposición a la justicia especial derivada del acuerdo de paz de 2016. Su campaña se ha caracterizado por un enfoque conservador en cuestiones sociales.
Con una tasa de homicidios creciente y la violencia asociada a los grupos armados, la próxima administración enfrentará retos críticos relacionados con la seguridad, la salud pública y la corrupción. La situación actual representará un desafío considerable para el siguiente presidente, quien tendrá que navegar en un contexto político fragmentado y polarizado para implementar sus propuestas.