El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado la existencia de un supuesto fraude electoral en las recientes elecciones presidenciales de la segunda vuelta, donde se declara que el ganador «por voto popular» fue Iván Cepeda, del partido oficialista, y no Abelardo de la Espriella, candidato de la oposición. Estas afirmaciones fueron comunicadas a través de sus redes sociales, donde Petro alegó que la victoria de De la Espriella se debió a manipulaciones algorítmicas y financiación externa, elementos que, según él, estarían en contradicción con la Constitución colombiana.
El exmandatario afirmó que las irregularidades fueron perpetradas mediante «algoritmos desde California», imputando a empresas de inteligencia privada de Israel un papel clave en el proceso. Petro solicitó a las justicias de Colombia y Estados Unidos que tomen en cuenta las pruebas que, según él, demuestran los delitos cometidos en territorio estadounidense, acentuando así el potencial impacto legal y diplomático de la situación.
Durante su declaración, Petro calificó de «graves pero probadas» sus afirmaciones sobre el fraude, sugiriendo que este mecanismo es lo que lleva a la corrupción al poder. También expresó su desacuerdo con la legitimidad del gobierno entrante, argumentando que De la Espriella había «vendido la soberanía nacional» en busca de la presidencia, lo que podría afectar las percepciones de la comunidad internacional sobre la gobernanza colombiana.
El exmandatario continuó sosteniendo que las autoridades electorales colombianas habían gestionado de manera inadecuada la seguridad del voto, un argumento que podría influir en las relaciones bilaterales de Colombia con otros países y organismos internacionales, especialmente en un contexto donde la transparencia electoral es crucial. Petro aseguró estar dispuesto a presentar su evidencia a la bancada parlamentaria del Pacto Histórico, enfatizando la participación de la ciudadanía en las observaciones digitales respecto al proceso electoral.
A pesar de haber inicialmente prometido una transición «ordenada y transparente» al nuevo gobierno, el enfoque persistente de Petro sobre la legitimidad de la elección genera incertidumbre a puertas de la toma de posesión presidencial programada para el próximo 7 de agosto. Esta situación podría tener repercusiones en la estabilidad política de Colombia y su imagen en la arena internacional.